Por Héctor Sandler.-

“¿Tienen solución la inflación y el desempleo?”, se pregunta don Enrique Guillermo Avogadro (El Informador Público, junio 6, 2016).

En la primera parte de la nota, pareciera que la respuesta no se la tiene, vistos los fracasos de anteriores gobiernos. “Sin embargo -continúa- existe un camino alternativo, ensayado con éxito por muchos países de la región y de Europa, de dimensiones poblacionales y atrasos tecnológicos comparables a los nuestros. Y ese camino, obviamente, es la apertura total de la economía y la firma de tratados de libre comercio” y pasa a exponer su idea central en estos términos: “El Estado debe ofrecer a los industriales los créditos necesarios para que puedan reconvertir sus empresas y prepararlas para la libre competencia internacional.” Da por supuesto que “disponemos de las materias primas y de los profesionales necesarios para llevar adelante esa transformación, y los adelantos tecnológicos están disponibles en el mundo.” A este inventario positivo suma otro factor positivos: “Nuestro país tiene cuarenta y un millones de habitantes”. Positivo más o menos cabria decir desde el momento, que “un tercio de ellos se encuentra por debajo de la línea de pobreza”. No se detiene ante ese pavoroso defecto. En lugar de preguntarse sobre la causa de nuestro prolongado fracaso y la emergencia de un tercio de la población en la miseria habla de un “círculo maldito” por el cual: “las empresas, ante la caída en las ventas, comienzan a despedir personal y se incrementa el número de pobres pero, para no perder ganancias, los precios aumentan.” Sus intenciones son loables, pero condenadas al fracaso porque la cosa pasa por otro lado.

La historia que nadie recuerda o el “pasado nos condena”

Absolutamente respetuoso de la sensibilidad social de Avogadro y la rectitud que inspira su análisis, me permito invitarlo a pensar más en la fuerza destructiva de nuestro derecho positivo. El derecho dictado a partir de 1870 a la fecha. Para ello marcare tres momentos en que el derecho positivo traicionó a la Constitución que mandaba establecer el orden económico de libre mercado En esta materia la orden dada en 1853/60 persiste en la actualidad, pese a las reformas 1957 y 1994. Nuestra imposibilidad de haber logrado establecer un país fuerte a partir del retorno a la democracia en 1983 (“con la democracia se come, se vive y se progresa”) se debe al país que se “constituyó” a partir del 4 de junio de 1943. La letra de la marchita que lo memoraba señalándolo como “olímpico episodio de la historia” nadie la recuerda. Pero decía la verdad de lo que iba a ocurrir. Una “nueva Argentina” había nacido. Y no dejo de crecer en esta nueva “forma ”establecida en contra la Constitución mediante cientos de miles de “decretos leyes”. La Argentina actual mantiene la forma “constituida” por ellos hace 70 años. Esta mutación se explica si se contempla el hecho que la Constitución en 1853/60 fue traicionada en sus fines ideales por 2 principales leyes. Dos vigas maestras de la efectiva constitución económica de nuestra sociedad. Ellas arruinaron de tal modo lo programado por la CN que generaron las condiciones sociales como para que grupos de la sociedad constituyera a partir de los 1930 un tipo de orden opuesto al por ella diseñado.

Hay que distinguir tres etapas

1) Etapa iniciada en 1870 por obra del Código Civil. Éste Código establece para la Argentina el antiguo derecho romano de propiedad sobre la tierra. Establece que la tierra (don de Dios) puede ser objeto de comercio. Este derecho (distinto al hebraico/cristiano) otorga al propietario de tierra el derecho a usar para sí el “capital social” que sobre él terreno crece por causa de la demanda. (Este “capital social ” se manifiesta como “precio de la tierra” en los denominados “mercados de tierras”).

2) La reforma del sistema de impuestos de 1932. Se dicto una ley para suministrar recursos monetarios al gobierno central sólo por 3 años. Pero los intereses creados obraron para que permaneciera como “sistema definitivo”. Hoy son más de 90 leyes de impuestos que quitan a los productores más del 50% del fruto de su trabajo.

3) La gran revolución social iniciada en 1943. La dictadura militar establecida el 4 de junio de 1943 en un par de años sustituyó al orden de mercado por uno de dirección de la economía por el gobierno central. Por obra del Código Civil ( 1870) y las leyes de impuestos dictadas a partir de 1932 era cada vez más difícil lograr sostener el orden económico de mercado.

Ya en los años 1930 frente a la crisis mundial se discutían dos distintos caminos posibles. Uno era limpiar el orden económico de libre mercado cambiando el sistema de recursos monetarios para el Estado. Bastaba con dictar pocas leyes. Las necesarias para que el gasto público fuera pagado con los intereses del “capital social”. Los propietarios de tierra deberían pagar un porcentaje sobre el valor de mercado de su tierra. Simultáneamente se derogarían los impuestos a la producción y el consumo. Desde el punto de vista moral era el programa constitucional de la Revolución de Mayo y, por cierto, el de la Constitución 1853.

4) La otra vía alternativa fue reemplazar el tipo de orden económico de libre mercado por uno tipo “orden económico dirigido por el Estado central”. Era este un modelo de moda en varios países después de la primera guerra mundial. Circunstancias nacionales e internacionales inclinaron al gobierno argentino -de facto y militar- a actuar para establecer este último modelo. A partir de 4 de junio de 1943 se dictaron ciento de miles de leyes y se establecieron las bases para un orden económico planificado por el Estado.

5) 1955 a 2016. A pesar de grandes, ruidosos y sangrientos cambios ocurridos en esta etapa, el orden económico dirigido por el Estado subsiste al día de hoy. No advertir esto y no reconocer sus consecuencias para la moral y la conciencia social argentina es el más grave problema político que afronta nuestra sociedad. Es problema que atolondra al actual gobierno. Atolondramiento que -como viene ocurriendo desde 1983- lo llevara a la ruina y con él a todos nosotros metiéndonos en otra crisis y más abajo en el ranking mundial.

La cuestión principal del momento actual. ¿Seremos capaces de ver la verdad y actuar para establecer el orden económico que manda la Constitución? Éste es nuestro fundamental problema intelectual, político y social.

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