Por Antonio Rossi.-

El restablecimiento del cuadro tarifario que había estado vigente hasta fines de marzo que dispuso el fallo de la Corte Suprema de Justicia para el servicio de gas va camino a generar algunas situaciones insólitas.

Alrededor del 50% de los usuarios residenciales que cuentan con el suministro de gas por redes volverán a pagar los valores tarifarios que surgieron tras los últimos aumentos aplicados en 2014 por la administración kirchnerista.

Pero para el restante 50% de los hogares, regirán las tarifas más bajas de la década pasada porque vuelven a cobrar fuerza los numerosos amparos que habían frenado las subas que entraron en vigencia hace dos años.

En marzo de 2014, los ex ministros de Economía, Axel Kicillof y de Planificación, Julio De Vido aprobaron la implementación a lo largo de ese año de una tanda de ajustes de hasta el 700% en las tarifas de gas.

Dichos aumentos que eran de alcance nacional sólo pudieron aplicarse en la región metropolitana y en algunas ciudades del interior del país.

Numerosas medidas cautelares otorgadas por jueces federales ante presentaciones de asociaciones de consumidores y funcionarios municipales bloquearon la entrada en vigencia de las nuevas tarifas y obligaron a las distribuidoras de gas a refacturar los consumos que habían cobrado con aumentos.

En el caso de Litoral Gas, un fallo le vedó el traslado de los aumentos a todos los hogares de la provincia de Santa Fe. Una situación similar se registró con las provincias de la Patagonia que lograron esquivar los incrementos.

En tanto, en el área de concesión de Camuzzi Gas Pampeana una larga lista de cautelares habían suspendido las subas en Necochea, Miramar, Mar del Plata, Mar Chiquita, Balcarce, Lobería, Tres Arroyos, González Chaves, Olavarría, Azul, Tandil, Rauch, Las Flores, Roque Pérez, Saladillo, Alvear y Tapalqué.

También quedaron bloqueados los aumentos en San Nicolás, Ramallo, Pergamino, San Pedro, Baradero y Colón.

La misma situación quedó planteada para los usuarios residenciales de Mendoza, Córdoba, San Luis, San Juan y Tucumán que por diversos amparos habían zafado de pagar el ajuste de Kicillof y De Vido.

Ahora, todos esos fallos y amparos que limitaban la aplicación del ajuste de 2014 vuelven a correr para desgracia de las distribuidoras del interior que tendrán que refacturar los consumos con las tarifas de la década pasada.

Otra consecuencia inesperada de la reposición del anterior cuadro tarifario es la reaparición en escena del denominado “cargo específico por el gas importado” que el gobierno kirchnerista había impuesto por el decreto 2067/2008.

Ese cargo -que representa entre el 20 y 40% de la factura total y que la administración macrista había eliminado con el tarifazo que anuló la Corte- también vuelve a adquirir vigencia en las boletas finales que distribuidoras les enviarán a sus clientes residenciales.

Pero tal como sucedió hasta el 31 de marzo pasado, los hogares podrán evitar el pago de ese cargo por una cautelar de 2010 de la Cámara Contencioso Administrativo Federal.

Para no abonarlo, los usuarios deberán acudir cada vez que reciben una boleta a las oficinas de las distribuidoras para manifestar su rechazo y pedir la refacturación del servicio.

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