Por Hernán Andrés Kruse.-

El 16 de marzo de 2013 falleció uno de los economistas más influyentes de la Argentina contemporánea. Ese día partió el doctor José Alfredo Martínez de Hoz, quien tuvo a su cargo el manejo de la economía durante la presidencia de facto del general Jorge Rafael Videla. ¿Por qué afirmo que fue uno de los ministros de Economía más influyentes de la Argentina contemporánea? Porque al anunciar las bases de su programa económico el 2 de abril de 1976 abrió las compuertas para el ingreso de la economía financiera, de un modelo económico basado en la especulación y la timba. Martínez de Hoz fue el instrumento del orden conservador para enterrar el modelo económico que estaba en vigencia desde hacía muchísimos años y reemplazarlo por otro modelo que se ajustara a sus intereses. En realidad, fue la dictadura militar como régimen el instrumento elegido por el orden conservador para garantizar la protección de su bolsillo.

Durante muchos años creí que el derrocamiento de Isabel el 24 de marzo de 1976 se debió a la imperiosa necesidad de las fuerzas armadas de impedir el triunfo de la subversión. Un trapo rojo amenazaba con ocupar el lugar de la celeste y blanca, amenaza que, de haberse concretado, hubiera transformado al país en la Cuba de Sudamérica. Ese era mi temor en aquel entonces (marzo de 1976). También era el de millones de argentinos.

Con el paso del tiempo y luego de varias lecturas me di cuenta que en el momento del golpe cívico-militar la subversión ya no constituía un peligro militar porque había sido diezmada el 23 de diciembre del año anterior en Monte Chingolo. En consecuencia, la “amenaza subversiva” fue el pretexto perfecto del establishment para legitimar la implantación de un nuevo modelo económico cuyo ideólogo fue el doctor José Alfredo Martínez de Hoz.

El flamante ministro de Economía se dirigió al país por cadena nacional el 2 de abril para anunciar las bases para la Argentina que se venía. Su objetivo era cerrar definitivamente una etapa de atraso y demagogia y abrir otra de progreso y libertad. Cinco años después Martínez de Hoz se fue del ministerio de Economía dejando a su paso tierra arrasada. La industria nacional había colapsado, la pobreza era tremenda y miles de argentinos estaban embelezados con la plata dulce. En este sentido aconsejo ver la notable película de Fernando Ayala titulada, precisamente, “Plata dulce”, protagonizada por Federico Luppi y Julio de Grazia,

A fines de 1981 apareció en las librerías un libro escrito por Martínez de Hoz, con prólogo de Videla, titulado “Bases para una Argentina moderna 1976-80”, cuyo contenido es, en su esencia, el discurso del 2 de abril.

Escribió Martínez de Hoz:

Introducción

“En marzo de 1976 las Fuerzas Armadas de la Argentina, actuando institucionalmente ante un marco de quiebra del orden público, económico y social, se encontraron frente a la obligación de asumir la responsabilidad del Gobierno. La resolución que orientó a las Fuerzas Armadas fue no solamente la de superar una crisis circunstancial de tremenda gravedad, sino la de sentar las bases para un desenvolvimiento sano, estable y progresista del país en todos los aspectos,-que lo sacara de su estancamiento y frustración y lo insertara nuevamente en el contexto mundial en el nivel correspondiente a la plena y eficaz utilización de todos sus recursos humanos y materiales. Se decidió aplicar un programa económico que establecía claramente los objetivos básicos que, en la mayor parte de los casos, sólo podrían ser alcanzados luego de un período inicial de reordenamiento y reestructuración de la economía argentina. No se ignoraba que en el corto plazo seguramente existirían situaciones y circunstancias duras y difíciles de atravesar. Pero debían afrontarse para alcanzar los objetivos de más largo plazo que en el pasado habían sido tantas veces sacrificados por el apremio de lo inmediato. El programa adoptado partía de una firme convicción sobre la íntima correlación existente entre el bienestar espiritual y material del hombre, quien viviendo en sociedad debe estar sujeto a las reglas del Bien Común. Como en los demás aspectos de la vida humana, la economía debe estar orientada por la ética. Para comprenderlo, es necesario tener en cuenta los dilemas que se le plantean al gobernante, muchas veces ignorados por el gobernado, quien puede atribuir ligereza o erróneas intenciones a decisiones que han sido fruto de debates donde han estado en juego valores que superan el ámbito estricto de los bienes, que normalmente se considera como el correspondiente a un ministro de Economía.

En virtud de ello el programa anunciado el 2 de abril de 1976 establecía como primer objetivo básico el «bienestar humano» engarzado en el contexto general del Bien Común. El concepto de bienestar tiene una faz espiritual y una faz material. La primera se vincula con tres principios que hacen al fundamento de la concepción de los valores humanos: libertad, justicia y solidaridad. La libertad como principio rector no puede ser concebida en compartimentos estancos, sino que debe presidir todas las actividades del hombre en una sociedad organizada. Es decir, no puede haber libertad para la actividad económica si ella no se desenvuelve en el marco de la libertad política, siendo la recíproca igualmente cierta. El ejercicio de la misma permite que el hombre desarrolle uno de sus más preciados dones: la iniciativa individual y la creatividad. Para que ello sea posible debe existir también la igualdad de oportunidades que vincula el concepto de la libertad con el de justicia. De esta manera el progreso económico, tanto en el orden individual como en el nacional, dependerá del esfuerzo propio de cada uno, organizado en el contexto de reglas generales y objetivas que eliminen la distribución discrecional y arbitraria del favor oficial por un Estado paternalista como llave de la posibilidad del progreso individual. Este concepto básico podrá ser alterado solamente cuando en función del tercer principio fundamental antes mencionado, el de la solidaridad, la comunidad toda asuma el costo de la protección individual o sectorial que sea requerida con sujeción al Bien Común.

En virtud de la aplicación de estos principios, debe destacarse que para que la libertad rinda plenamente sus frutos tanto en el orden individual como en el social, ella debe ser ejercida con responsabilidad y en un marco de esfuerzo personal, reflejado en la economía mediante la competencia, que el Estado tiene la obligación de asegurar. Paralelamente, la evolución y el crecimiento económico deben desarrollarse en forma armónica y equilibrada entre los diversos individuos y sectores, como consecuencia de la aplicación de dichos principios. Se hace necesario reiterar este aspecto porque durante décadas en la República Argentina primó un criterio opuesto: los individuos y sectores prosperaban más por recibir del Estado beneficios, que por su esfuerzo individual, olvidando precisamente que en materia económica todo beneficio otorgado por el Estado es a costa de otros individuos o sectores que en definitiva son los que lo pagan. En consecuencia, se procuró suplantar un sistema basado en disposiciones particulares de protección sectorial o individual, necesariamente superpuestas y contradictorias, por otro régimen de reglas más generales y objetivas, con un Estado más prescindente, en que pueda desenvolverse con libertad la iniciativa individual como motor de la riqueza colectiva y en el cual sus decisiones sean convergentes con el Bien Común.

Una economía para un país moderno

En una economía avanzada, insertada en un sistema político de libertad, debe haber un sistema objetivo que premie el esfuerzo y la iniciativa individual, el trabajo ordenado y disciplinado, el ahorro y la inversión como base de la capitalización. A la inversa, cuando el Estado absorbe y elimina los riesgos propios de la actividad económica, se incentivan conductas contrarias al interés general, se renuncia al crecimiento global e incluso se debilita su propio fundamento ético. El sistema propuesto logrará sin duda, una mejor y más justa asignación de los recursos humanos y materiales del país. El Estado dejará pues de afectar dicha asignación de recursos a través de sistemas artificiales y variados, tales como la sobreprotección arancelaria; los subsidios abiertos o encubiertos; las cuotas de producción, distribución, importación o exportación; los tipos de cambio diferenciales; los precios máximos y una variada gama de controles y regulaciones de todo tipo. La aplicación de todos estos métodos lleva irremediablemente al estancamiento relativo del país y a un menor bienestar, además de inducir a la obtención de privilegios para obtener beneficios por sobre la valorización del esfuerzo productivo. Un programa destinado a lograr los principios expuestos debe reconocer la importancia que para el crecimiento económico tiene la asignación óptima de recursos. La eficiencia global del país depende de que su esfuerzo se concentre en aquellas actividades con mayor productividad relativa, ya sean industriales, primarios y de servicios, lo que implica un aumento de la productividad media de la economía y, por lo tanto, del nivel general de vida. La inadecuada asignación de recursos fue la principal causa de la lenta evolución económica argentina en las últimas décadas.

En esencia, se trata de un problema de respeto al trabajo diario de los argentinos. No basta con proporcionar empleo, ni ofrecer cualquier tarea productiva. La exigencia de la hora es que el trabajo y la producción estén al servicio del hombre, ofreciéndole los mejores equipos, la mejor organización, la mejor tecnología, para que el mismo esfuerzo le permita aumentar sus ingresos, su nivel de vida y las oportunidades para sus hijos. Es necesario tener conciencia de que la producción es utilizada por todos los habitantes del país, no sólo como consumidores finales sino también en su carácter de miembros o partes del sistema productivo. Es así que el productor agropecuario o el industrial es consumidor de la materia prima, el insumo o la maquinaria requeridos para su actividad, que si no pueden ser adquiridos por él a los mismos precios que sus competidores de otros países, necesariamente se traducen en productos caros o de baja calidad, fácilmente desplazados en el mercado interno o internacional. Lo mismo puede decirse del profesional, del comerciante y de todos aquellos que prestan servicios a la comunidad. Por su parte el trabajador, además de su interés como consumidor a nivel individual y familiar, también debe ser el primer interesado en no defender la continuación de actividades en forma ineficiente y obsoleta.

Es comprensible el temor a la pérdida de su fuente de trabajo, pero cuando el gobierno es capaz de encarar un programa serio de transformación, en un marco de certidumbre y responsabilidad, nuevas unidades de producción más eficientes y competitivas le permitirán elevar su nivel de ingreso brindándole mayor oportunidad de empleos con más elevada remuneración. Esto inevitablemente ocurre a poco que empresa y trabajador hayan incorporado a sus capacidades los adelantos y la especialización que brinda la tecnología. Sólo la necesidad de competir exitosamente es lo que impulsa a la modernización en un sistema político de libertad. La alternativa es la compulsión o el monopolio estatal propio del colectivismo. Nuestro esfuerzo se dirigió, pues, a asegurar la obtención de una economía en libertad, cuyos beneficiarios fueran la totalidad de los habitantes del país, con igualdad de oportunidades, desterrándose los privilegios otorgados discrecionalmente por el Estado a unos a costa de otros”.

Quien desconozca la historia argentina y leyera estas reflexiones de Martínez de Hoz, no haría más que afirmar que se trata de un mensaje propio de un ministro de Economía de una democracia liberal desarrollada. La realidad es muy diferente. Martínez de Hoz pronunció estas palabras el 2 de abril de 1976, cuando el país estaba bajo el mando absoluto de Videla, Massera y Agosti, quienes habían puesto en práctica el terrorismo de Estado para aniquilar a la subversión, tal como lo había ordenado en octubre de 1975 el presidente interino Italo Luder. Es impresionante leer a Martínez de Hoz porque habla de libertad económica, de progreso individual, de justicia, en un momento en que la vida no valía un centavo.

Las reflexiones de Martínez de Hoz reflejan la esencia del liberalismo. Si realmente era un liberal ¿por qué aceptó ser ministro de Economía de Videla, el emblema de la muerte y la desaparición de personas? ¿Cómo pudo emplear en aquel momento un lenguaje típicamente liberal? ¿Acaso no sabía lo que estaba sucediendo en el país en materia de derechos humanos? Es probable que haya creído que con la protección de las fuerzas armadas podría haber aplicado un programa económico liberal. No lo logró. Fracasó en su intento porque el liberalismo económico no puede escindirse del liberalismo político y el liberalismo jurídico. Martínez de Hoz olvidó que el liberalismo es una filosofía de vida basada en el respeto a la dignidad de la persona. Olvidó que es imposible aplicar el liberalismo económico cuando no están vigentes el liberalismo político y el liberalismo jurídico. Olvidó que el liberalismo como filosofía de vida es la antítesis del terrorismo estatal, de las desapariciones, de las torturas, de los vuelos de la muerte; es la antítesis del gobierno del que formó parte entre 1976 y 1980, en suma.

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