Por Guillermo Cherashny.-

El anuncio del presidente sobre la suba del mínimo no imponible del impuesto a las ganancias de los trabajadores pareció una buena noticia de las pocas que puede decir después de la pesada herencia que dejó Cristina y cuyo daño todavía no se puede calcular pero es importante, a tal punto que condiciona las decisiones presidenciales por el gran déficit fiscal que dejó el anterior gobierno y con una presión fiscal asfixiante.

En efecto, la buena noticia para los trabajadores y los que votaron a Macri y a Massa, al analizar la letra chica se puede decir que fue decepcionante, porque el mínimo no imponible que todos esperaban en 30.000 pesos el 10 de diciembre, con la inflación de estos 65 días hacía previsible una cifra de 35.000 pesos. Pero al ser de 30.000 brutos -o sea 25.000 netos- para los casados con dos hijos y de 18.800 para solteros y en pareja, más no actualizar el monotributo y a los autónomos significó una decepción. A esto hay que sumarle que Macri dijo que no se modificarían las escalas por este año, lo que motivó la crítica de todos los sectores, aunque hay que destacar la del cristinismo, porque hasta el 10 de diciembre decían que esas personas (1.200.000) eran unos privilegiados de la masa laboral.

Hay que tener en cuenta que el déficit fiscal preocupa -y mucho- e incentiva la inflación reprimida y, después de la eliminación de retenciones agrícolas, economías regionales y mineras -que eran necesarias- le quedaba poco margen para el mínimo imponible aunque, si se lo ponía en 60.000 pesos -como pedía Massa- se perdían ingresos pero se potenciaba el alicaído consumo, que está en baja por la inflación. A esto se agrega la recesión, ya que la economía cayó el 1,9% en enero -según Ferreres-, lo cual es una catarata de malas noticias, hasta que anteayer, el juez Griesa jugó para nuestro país y sentenció que, si Argentina paga lo ofrecido a los fondos que aceptaron la propuesta antes del 29 de febrero, levantará la cautelares y NML de Singer y Aurelius perderán su principal ventaja para extorsionar al país al no dejar pagar a los que aceptaron el canje.

La otra condición es que el congreso anule la ley de pago soberano y la ley cerrojo, cuestión muy posible, porque las provincias se quieren endeudar, con lo cual es una gran noticia que el gobierno pueda insertarse en el mercado libre de deuda en los mercados internacionales.

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