Por Hernán Andrés Kruse.-

El miércoles 10, el ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat Gay, disertó en el XI Foro Económico organizado por Thomson Reuters. Evidentemente, sigue viviendo en el limbo. Frente a un nutrido grupo de empresarios sostuvo que “siete meses después podemos ver que, con una buena política, el rumbo se está encarrilando”. “Da tranquilidad ver que las cosas efectivamente están funcionando”. ¿Funcionando? ¿Funciona una economía cuando en apenas ocho meses casi 200 mil trabajadores fueron despedidos y hacia fin de año la contracción económica superará el 2%? ¿Cómo puede ser optimista el ministro cuando en diciembre lo más probable es que la sociedad haya padecido la peor inflación de los últimos treinta años? Sin embargo, Prat Gay ni se inmuta y afirma que las medidas económicas implementadas hasta ahora obedecieron a un criterio gradualista. “No hay un escenario alternativo respecto de si Argentina no crece” dijo en tono desafiante. Fue entonces cuando aprovechó el momento para defender el blanqueo de capitales, el verdadero as de espadas de la economía macrista. Prat Gay afirmó que del éxito de esa operación dependerá el volumen de deuda que la Argentina tome en 2017.

En esta oportunidad el gobierno nacional intentó convencer nuevamente a la población de que, a pesar de la dureza de las políticas que viene implementando, la mejora está a la vuelta de la esquina. Al comienzo de su gestión el presidente y su equipo económico justificaron el ajuste en la promesa de un segundo semestre más potable que el primero. Los primeros síntomas de recuperación económica comenzarán a verse a partir de julio, no se cansaban de repetir tanto el presidente como el equipo económico apenas se hicieron cargo del gobierno nacional. En junio, ante la palpable evidencia que la mejora tardaría más en hacerse visible para los argentinos, el ministro Prat Gay afirmó que el semestre tendría comienzo no en julio sino en septiembre. Y en relación con la inflación reconoció que su merma recién comenzaría a darse a partir de 2017. Ahora da toda la sensación de que el gobierno está desplegando otra estrategia: convencernos de que la reactivación económica acaba de comenzar y que gracias a las medidas tomadas por el gobierno se logró evitar una crisis poco menos que apocalíptica. Durante la conferencia en el Foro organizado por Reuters, Prat Gay afirmó que desde el mismo momento de la asunción presidencial de Macri “todos los ministros han hecho un esfuerzo enorme porque teníamos que torcer el rumbo”. Reiteró, además, que las políticas económicas del gobierno lograron que el país comenzara a transitar por el camino correcto. De no haberlas tomado, enfatizó, nos encaminábamos a un escenario similar al venezolano. Ahora bien, semejante comparación da lugar a controversias porque criticar al régimen de Maduro justo cuando en nuestro país las góndolas de los supermercados evidencian faltantes de productos clave de la mesa familiar, suena bastante paradójico. Mientras el gobierno de Macri ha decidido favorecer al sector agroexportador y minero con devaluación y quita de retenciones, la reprimarización de las exportaciones y la apertura comercial están causando estragos en las pequeñas y medianas empresas y en las economías regionales. “Estamos haciendo algo que nunca se hizo: ordenar el desorden y evitando la crisis que venía”, sostuvo ante los empresarios. Más adelante, el ministro aludió a inversiones que se habían acordado en su gran mayoría durante el kirchnerismo. “En lo que va del año” dijo sin sonrojarse, “ya se anunciaron inversiones por más de 30.000 millones de dólares. Conseguir inversiones nos va a permitir generar en la Argentina empleos de calidad”. “Estamos transitando el camino del verdadero desarrollo y la inclusión social” (fuente: “Prat Gay vive en su realidad paralela”, Página 12, 11/8/016).

Al comenzar su gestión el gobierno nacional justificó su política de despidos masivos en la administración pública nacional enarbolando la bandera del “ahorro fiscal” que suponía dejar de continuar pagando esos salarios. Sin embargo, la realidad ha sido muy diferente: según los datos de ejecución presupuestaria de las remuneraciones de la administración pública, se han producido durante estos meses de gestión de Cambiemos subas interanuales del 36/37 por ciento, por encima del aumento del 26 por ciento del gasto público en promedio. Mientras el gobierno nacional enarbola la bandera del ahorro fiscal decide contratar una enorme cantidad de asesores con cargos inventados por el propio gobierno (cargos extraescalafonarios), con sueldos muy superiores a los correspondientes a los trabajadores de la planta regular. No hubo, por ende, achicamiento del gasto público sino un reemplazo de los trabajadores despedidos por nuevos trabajadores afines al macrismo. Al mismo tiempo, el incremento del número de ministros, secretarios y subsecretarios hizo que aumentara el peso de la burocracia estatal y se incrementara la erogación fiscal. Uno de los postulados fundamentales del liberalismo económico, un Estado chico y eficiente, ha sido ignorado por Cambiemos. Eso se desprende de esta información dada a conocer por el Círculo de Estudios Laborales (Celab) que funciona en el Instituto de Altos Estudios Sociales de la Universidad Nacional de San Martín.

El gobierno nacional necesitó apenas dos meses para dejar en la calle a 10.921 trabajadores estatales. En aquellos momentos iniciales la justificación era que se trataba de “ñoquis”, algo que luego se demostró que era una gran mentira. Los despidos y/o no renovaciones de los contratos carecieron de causa justificada. Incluso hubo casos en los que los trabajadores fueron felicitados por su eficacia en el trabajo pero que debían ser despedidos porque así lo ordenaban “de arriba”. Quienes más sufrieron esta represalia fueron los empleados que simpatizaban con el kirchnerismo. Ello explica por qué fueron particularmente afectadas áreas como el Afsca (la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual) y el Centro Cultural Kirchner. “Pero las desvinculaciones también se orientaron a dar forma al nuevo tipo de Estado que el macrismo prevé construir. En consecuencia, los despidos afectaron particularmente las áreas del Estado cuyas atribuciones son consideradas por el oficialismo como de baja prioridad, innecesarias o directamente contraproducentes”, señala el informe del Celab. Rememora, en este sentido, la decisión gubernamental de desmantelar el equipo del Plan Progresar (Ministerio de Hacienda) y reducir las áreas de fiscalización y el Programa Asistir, cuya tarea consistía en brindar asistencia jurídica a trabajadores con conflictos laborales. También hace mención de los despidos acaecidos en la Secretaría de Agricultura Familiar (300), en el Ministerio de Salud (800), en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (200), en el Ministerio de Cultura (1000) y en el Ministerio de Seguridad (100).

Según el macrismo esos despidos significaron dejar de pagar casi 11 mil salarios, lo que significa un ahorro fiscal del orden de los 3 mil millones de pesos anuales. Sin embargo, considera el informe, “no parece haberse producido una disminución de la carga presupuestaria del empleo en el gasto total, sino más bien todo lo contrario”. Detalla que “las remuneraciones es uno de los conceptos del gasto de la administración pública nacional que más crecieron durante estos últimos meses (36,1% interanual en mayo; 36,1% en abril; y 39,7% en marzo”. Ese aumento está por arriba del incremento promedio del gasto estatal (26%) y de la paritaria firmada por UPCN, situado apenas arriba del 31%. Al respecto, manifiesta el Celab: “Esto podría ser el resultado, en primer lugar, de la proliferación de cargos extraescalafonarios, que están de la estructura del Estado y son creados especialmente por las autoridades políticas para la contratación de asesores con sueldos significativamente mayores a los de la planta regular de trabajadores. Por otro lado, esta situación también obedecería al significativo reemplazo de contratos correspondientes a categorías salariales bajas por otros de categorías altas. Por último, es notable el crecimiento de la estructura política del Estado: entre diciembre de 2015 y enero de 2016 la cantidad de Ministros, Secretarios y Subsecretarios de Estado creció de 252 a 309” (fuente: Javier Lewkowicz: “Echados para ser reemplazados”, Página 12, 11/8/016).

Según datos brindados por la AFCP (Asociación de Fábricas de Cemento Portland) la venta de cemento registró en julio un descenso del 20,7 por ciento con respecto a julio de 2015, y un descenso del 1,3 por ciento con respecto a junio de este año. La caída en la venta de insumos y el importante número de cesanteados en el sector (183.253) se debe a los siguientes factores: a) la obra pública paralizada; b) menos dinero para financiar la construcción de viviendas a través del ProCreAr y la banca pública y privada; y c) la paralización de la inversión destinada a nuevos emprendimientos inmobiliarios. Según el Índice Construya (registra las ventas de los principales insumos de la construcción) la actividad de la construcción registró en julio una caída del 23,9 por ciento, superior a las caídas registradas en abril (22,3 por ciento) y en junio (21,3 por ciento). Según el último dato oficial del Indec-el ISAC de mayo-hubo una contracción del 12,9 por ciento, mientras en el período enero/mayo se detectó una caída interanual del 10,9 por ciento en relación con igual período de 2015. En este contexto recesivo, la asociación que nuclea a las productoras de cemento Loma Negra, Holcim, Cementos Avellaneda y PCR, informó que en el período enero/julio de este año hubo una baja interanual del 15,2 por ciento en los despachos destinados al consumo de la población. Según el informe de la AFCP el frenazo se debe al “contexto recesivo que enfrenta la economía local, junto con la decisión de la nueva administración gubernamental que tuvo que paralizar un conjunto de obras de infraestructura para realizar auditorías, hacer más eficiente el uso de los recursos y corregir vacíos normativos e irregularidades”. Sostiene también que los despachos de cemento que se han proyectado para este año alcanzan la cifra de 10,5 millones de toneladas, lo que equivale a una caída del 13,4 por ciento en relación con 2015. Una cifra tan baja se dio en 2010 cuando la industria de la construcción despachó 10,4 millones de toneladas, en plena crisis global (fuente: “Parálisis de la construcción”, Página 12, 11/8/016).

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