Sólo 1 de cada 3 dólares de aumento de deuda va a inversión

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El gobierno presentó el proyecto de presupuesto para el ejercicio 2017. Un aspecto muy positivo es que se recupera el presupuesto como instrumento de planificación de la política pública luego de más de una década de oscurantismo y manipulación. La principal debilidad es que se observa una inercia que limita los avances hacia una mejor organización del Estado. Esto lleva a un crecimiento del endeudamiento público que no es sostenible en el tiempo.

Ingresó al Congreso el proyecto de presupuesto nacional para el ejercicio 2017. Por primera vez, en más de una década, este estratégico instrumento de información a la ciudadanía sobre los planes del gobierno para los próximos años no es degradado a través de distorsiones y falsedades. Se trata de un progreso importante respecto a lo que venía sucediendo en la gestión anterior. Ahora se puede enriquecer el debate sobre las políticas públicas y se facilita el control social sobre la gestión del Estado.

En términos agregados, el proyecto prevé para el sector público nacional un incremento tanto de los ingresos como de los gastos totales del orden del 22% anual. Esta simetría trae como consecuencia un déficit fiscal primario de $226 mil millones (2,3% del PBI) y un déficit financiero total –computando el pago de intereses de deuda pública– de $482 mil millones (4,9% del PBI). Si no se computaran las transferencias del Banco Central y de la ANSES como ingresos del Estado nacional, el déficit financiero total sube a 6,8% del PBI.

Mantener la meta de reducir la inflación con un déficit fiscal tan elevado obliga a apelar al endeudamiento público. Las condiciones internacionales e internas dan viabilidad a esta estrategia, pero tiene baja sostenibilidad en el tiempo. Esto se puede observar en el propio presupuesto donde se proyecta para el sector público nacional en el año 2017 que:

  • La deuda pública se incrementará en unos U$S 37 mil millones.
  • Los gastos de capital se prevén en U$S 13 mil millones.
  • Esto implica que sólo 1 de cada 3 dólares de aumento de la deuda pública se destinará a inversión pública.

Estos datos muestran que mantener un déficit fiscal elevado requiere apelar al endeudamiento público para cubrir gastos corrientes y renovar deuda que vence. La contrapartida es un nivel relativamente bajo de inversión pública. Contraer créditos que sólo en parte son destinados a invertir implica posponer sacrificios presentes por mayores sacrificios futuros. La deuda tiende a crecer a un ritmo superior a la capacidad de repago debido al insuficiente esfuerzo de inversión. Dicho de otra manera, la falta de austeridad actual tendrá que ser asumida en algún momento del futuro.

El proyecto de presupuesto denota una tendencia inercial respecto al manejo del Estado de los últimos años y un dejo de conservadurismo. Esto se puede explicar por el fallo de la Corte referido a las tarifas, las condiciones de la coyuntura política y social y también por las tentaciones de disponer de recursos en el nivel central para asignarlos discrecionalmente. Pero se trata de una estrategia que tiene costos y que no es sostenible en el tiempo.

Hay espacios para dar racionalidad al gasto público. Por ejemplo, si bien hay una reducción de los subsidios económicos, se mantiene la asignación de fondos a actividades no estratégicas o que directamente implican derroches injustificados no sostenidos por decisiones judiciales. Aquí cuentan las transferencias por U$S 4 mil millones previstas para empresas públicas, muchas de las cuales son inviables o que deberían auto-sustentarse como la administración ferroviaria (U$S 1.400 millones), AySA (U$S 740 mil millones), NASA (U$S 310 millones), Yacimiento Carbonífero de Río Turbio (U$S 213 millones) o Radio Nacional y la Televisión Pública (U$S 140 millones, generando sólo un 10% de ingresos de operaciones propias). En sentido análogo aparecen transferencias para gastos corrientes de provincias y municipios en el orden de los U$S 3,4 mil millones generando solapamientos, ineficiencias y dilución de responsabilidades entre jurisdicciones.

La recuperación de la transparencia y la sinceridad en la formulación del presupuesto debería motorizar un diálogo maduro con la oposición que lleve a asumir que los derroches presentes fatalmente implican sacrificios futuros. Durante el gobierno anterior, los costos de los derroches se pagaban con inflación. Con la estrategia de financiar despilfarros vía deuda pública, las consecuencias se posponen pero no se evitan. Por eso es clave inducir una actitud más dinámica e innovadora respecto a la organización del Estado eliminado intervenciones poco rentables o que, siendo en área prioritarias, implican costosas superposiciones con responsabilidades de las provincias y los municipios. (IDESA)

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