Por Javier Milei (RC & Asociados).-

De la mano del asumido socialista Jefe de Gabinete Marcos Peña y el ultra-keynesiano Ministro de Hacienda (también socialista) Alfonso Prat Gay, días atrás el gobierno de “Cambiemos” presentó su proyecto de presupuesto para 2017. Naturalmente, el mismo presenta los tres errores característicos de los socialistas: (i) ignorancia en economía, (ii) envidia/resentimiento y (iii) arrogancia/soberbia. A su vez, ello se conjuga con fuertes contradicciones, altas dosis de populismo, rosca política y muy especialmente con una gran falta de responsabilidad en materia fiscal.

El presupuesto parte de una hipótesis factible en la cual el PIB se expandirá un 3,5%, mientras que la tasa de inflación se ubicaría en un rango que va del 12% al 17%. De éste modo, en principio, los ingresos deberían crecer en un rango que iría entre el 16% y el 21%, sin embargo, los mismos crecen a una tasa del 27%, por lo cual, y en franca contradicción con lo declarado por Mauricio Macri, la presión fiscal en términos del PIB estaría subiendo en 0,7% del PIB. Esto viene impulsado por un aumento del 38% en los impuestos al comercio exterior (mayor cosecha o mantenimiento de las retenciones) y una modificación en las escalas del impuesto a las ganancias sobre los sueldos de los trabajadores que haría crecer lo recaudado por este tributo en 28%. Esto es, en una consagración de la envidia y el resentimiento, en aras de “la equidad distributiva”, si Usted se esfuerza, es productivo y exitoso satisfaciendo las necesidades de su prójimo, el Estado lo castigará quitándole el fruto de su trabajo para repartirlo acorde sean las conveniencias políticas.

Por otra parte, respecto al gasto público, el presupuesto presenta una suba del 22,5%. Esto es, si los ingresos podrían fluctuar entre un 16% y 21%, tomar como base la hipótesis de máxima resulta por lo menos irresponsable. De este modo, el déficit primario estimado en 4,2% del PIB podría trepar a poco más de 5%, lo cual tiene dos aristas muy negativas: (i) implica abondar la meta de un déficit primario de 3,3% por un objetivo electoral y (ii) con superávit primario negativo y sin tendencia a una corrección el país transita por un sendero de insolvencia intertemporal (situación que a la postre conduce a subas en el costo del capital, caída de la inversión, el producto y el consumo). Como una nota de color a este cuadro, la financiación del déficit con deuda externa (entrada de dólares) o con deuda interna (por suba de tasas que atrae dólares) hará que la moneda se vea apreciada por factores artificiales y complique aún más el problema de competitividad sistémica.

Lo expresado en el punto anterior se ve mucho más agravado por la evolución de las partidas que a su vez componen el gasto. Así, en una muestra flagrante de la típica fatal arrogancia y soberbia de los políticos, quienes creen que siempre un peso gastado por el gobierno es mucho mejor que el mismo peso gastado por quien lo generó, los gastos de capital y la inversión real directa suben en un 32% y 39% respectivamente. Al mismo tiempo, como una suerte de monumento a la rosca política, el gasto del Ministerio del Interior crece un 52%. Además, ello se combina con la demagógica suba de las jubilaciones en un 35%. Sin embargo, no todas las partidas suben. La partida correspondiente a los subsidios económicos cae en un 25%. Esto es, en una insultante ostentación del monopolio de la fuerza, la corporación política deja bien en claro que si hay ajuste, siempre deberá ser pagado por el sector privado, jamás por la política.

Finalmente, el presupuesto está impregnado por la ignorancia y miopía cortoplacista propia de los keynesianos siempre funcionales a los delirios de políticos mesiánicos y/o corruptos. Los estudios de casos exitosos en materia de crecimiento presentan los siguientes hechos estilizados: (i) un rol fundamental a la formación del capital humano; (ii) altos niveles de ahorro e inversión, donde el primero brinda financiamiento para la inversión, la cual materializa las ganancias de productividad; (iii) respeto de los derechos de propiedad; (iv) potenciación de la libre competencia; (v) un sistema de incentivos correcto; (vi) mercados flexibles y (vii) provisión de bienes públicos de alta calidad en casos específicos de la infraestructura. Sin embargo, todos estos elementos brillan por su ausencia en el presupuesto y a todas las luces queda claro que el mismo tiene como único objetivo ganar una elección a la espera de que en 2018 nos salve un milagro.

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