Por Carlos Tórtora.-

A fines de septiembre pasado estalló en Pilar el escándalo de lavado de dinero proveniente del narcotráfico tal vez más importante que se recuerde, por lo menos en cuanto a las cifras que se manejaron

La detención de Mateo Corvo Dolcet, presidente de MCD Construcciones (con sede en Bogotá) conmovió al ámbito pilarense, ya que se trataba de un conocido propietario de una lujosa mansión en un country local. Su jefe, José Bayron Piedrahita Ceballos, es el narco colombiano con vínculos en la Argentina, ahora preso en Colombia, formaba parte de los 15 narcotraficantes más buscados. Lo acusan de trabajar para tres carteles. A decir verdad, el lavado en gran escala en Pilar lo empezó Corbo Dolcet antes de que el macrista Nicolás Ducoté asumiera el gobierno local en diciembre del 2015. En ese sentido, están bajo la mira Ínsula, el complejo de oficinas que se erige en cercanías a la futura estación “Panamericana” del ferrocarril Belgrano Norte, cocheras, y la obra civil de la propia estación férrea, todas obras a cargo del ahora detenido. En el 2014, el entonces Ministro del Interior Florencio Randazzo firmó las resoluciones que permitieron las construcciones en predios ferroviarios.

Según confirmaron fuentes judiciales, Corvo Dolcet, detenido tras 34 allanamientos realizados en el marco de una causa en la que se investiga el presunto delito de lavado de dinero proveniente del narcotráfico, era socio de Piedrahita Ceballos en la firma “Insula Urbana S.A.

Dicha empresa cuenta con una cantidad importante de terrenos en el partido de Pilar, que están destinados a la construcción del emprendimiento urbanístico en el kilómetro 46,5 de la Autopista Panamericana.

Según había contado en agosto del año pasado el mismo Corvo Dolcet al diario El Cronista, “se trata de un proyecto de usos mixtos que conjugará edificios de vivienda, oficinas, universidades, residencias universitarias, clínica y servicios médicos, teatro, cines y más de 80.000 m2 comerciales sobre calles empedradas de 12 metros de ancho y con una arboleda centenaria que se respetará desde el principio”.

Según explicó en la misma nota el empresario, la construcción del complejo, que sería de similares características a Puerto Madero, estaba valuada en 400 millones de dólares y estaría finalizado en un plazo de 10 años.

En la causa de lavado de dinero que investiga la justicia federal de Morón y la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR), se pudo determinar que Piedrahita Ceballos y Corvo Dolcet fueron socios durante varios años en la sociedad Insula Urbana S.A., hasta que en 2015 el empresario ganadero colombiano habría dejado de participar de la firma.

“Las sociedades que fueron fusionadas a Insula Urbana S.A., no registran ni registraron cuentas bancarias, motivo por el cual, era posible inferir que los fondos con los que se integraron sus capitales y de los cuales se valieron para adquirir los bienes inmuebles y acrecentar el patrimonio neto, no tendrían justificación legal”, señalan en la causa los investigadores

Además, los investigadores pudieron comprobar que la vinculación entre ambos imputados, también se dio en “sociedades relacionadas con el negocio del tango en el territorio argentino, las cuales señalaron como posibles conductos para el lavado de dinero”.

Para la Justicia, la banda delictiva contaría con dos líderes bien definidos, por un lado, José Bayron Piedrahita Ceballos, encargado del manejo de fondos y tráfico de estupefacientes en Colombia y en Estados Unidos, y que estaría relacionado con la estructura narcocriminal denominada “La Oficina de Envigado” y el denominado “Cartel de Cali”.

En tanto, el segundo líder sería Corvo Dolcet, quien, para los investigadores, operaría a nivel local dentro del territorio argentino, junto a cinco cómplices, procurando lavar los ingresos ilícitos de Piedrahita Ceballos.

Para ello, se explica en la causa que “ambos se valdrían de numerosas personas jurídicas con asiento en territorios disímiles, como ser la República de Colombia, la República de Panamá, la República Argentina, entre otros, y personas humanas de los mismos Estados”.

Respecto de la forma en que los investigados podrían haber inyectado o pensarían inyectar fondos dinerarios en estos emprendimientos, la UIF sostuvo que existían fuertes indicios para sospechar que esa tarea se efectuaría por intermedio de la sociedad “Dystry Panamá S.A.” (Radicada en Panamá) y/o “GR International Global Bussines S.A.S.” (Radicada en la ciudad de Medellín, de la República de Colombia).

Control de daños

De más está decir que la resonancia del caso amenazaba con tapar en importancia a la misma campaña electoral. Pero el PRO consiguió que el tema prácticamente desapareciera de los medios importantes, no así del Juzgado Federal de Morón que es donde se tramita la causa. En forma coincidente, habría habido un pacto entre las fuerzas locales para excluir al escándalo de la campaña electoral. El intendente Ducoté y el ganador de las PASO de Unidad Ciudadana, Federico de Achával, habrían sellado ese compromiso.

Pasados los comicios que ganó el macrismo, ahora Corbo Dolcet volvería en cualquier momento a la primera plana, ni bien el juzgado interviniente dicte medidas en la causa.

Ante lo inexorable de que el escándalo ingrese en una segunda fase, macristas y cristinistas acordaron esta vez una iniciativa para despegarse retroactivamente de la zaga delictiva de Corvo Dolcet. Se trata de tres ordenanzas que fueron sancionadas por el Consejo Deliberante local y que sin duda apuntan a cubrirse ante las inminentes diligencias que ordenaría la fiscalía de Morón.

La primera ordenanza suspende el funcionamiento y la explotación de Pilar Bicentenario, el complejo de cocheras y estación de ferrocarril, entre otras estructuras, que se estaba comercializando (por ejemplo, locales y cocheras) y que ahora quedará stand by. Según sea el resultado judicial, el emprendimiento continuará o no.

La segunda ordenanza deja sin efecto los cambios de zonificación realizados durante la gestión de Humberto Zuccaro como intendente para adecuarse al mega proyecto de Corvo Dolcet, Insula Urbana.

Por ultimo, hay una tercera ordenanza que le solicita al gobierno nacional que si se comprueba el lavado, los fondos que se incauten sean reasignados para proyectos en Pilar.

De este modo Ducoté intentaría resistir las acusaciones que recibiría por haber impulsado activamente las modificaciones a la zonificación que permitirían la construcción de Insula Urbana. El proyecto de ordenanza enviado por el ejecutivo no se aprobó por la oposición del bloque del Frente Renovador.

Según fuentes judiciales, el extenso sumario en marcha se puede convertir en una Caja de Pandora.

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