Por Carlos Tórtora.-

La crisis inconclusa por la desaparición del ARA San Juan podría retomar protagonismo en los próximos días cuando el espacio mediático estaría casi libre por la baja actividad política resultado de las vacaciones.

Para empezar, en los próximos días, la Casa Blanca retirará el vehículo de operación remota CURV 21 que permite rastrear hasta 6 mil metros de profundidad y que es comandado desde el buque oceanográfico Atlantis.

En tanto, el buque Yantar y el dispositivo ROV Panther Plus, permanecerán en aguas argentinas sólo durante días más, plazo en el que concluirán su búsqueda, tal como también lo harán los recursos dispuestos por el gobierno ruso.

De esta forma, el operativo quedaría reducido a la presencia de los buques ARA Sarandí, los avisos ARA Puerto Argentino y ARA Islas Malvinas.

La salida de escena de los submarinos de búsqueda a grandes profundidades no sólo provocaría la reacción de los familiares de los 44 marinos sino que también precipitaría algunas reacciones. Ante el inminente agotamiento de las tareas de búsqueda, la jueza federal Marta Yáñez podría disponer la citación a indagatoria de una serie de oficiales de la Armada. Este es el trasfondo de la crisis que, días atrás, Hugo Alconada Mon esclareciera al difundir aspectos desconocidos de la crisis naval en un artículo publicado en La Nación. Lo más saliente es que dos oficiales quedaron en particular bajo la lupa. Son el comandante de Adiestramiento y Alistamiento -el virtual número tres de la Armada, con asiento en la base naval de Puerto Belgrano-, el contraalmirante Luis López Mazzeo, y el comandante de la Fuerza de Submarinos, capitán de navío Claudio Villamide, máximo jefe de la base naval de Mar del Plata y superior directo del jefe del ARA San Juan.

Ambos, López Mazzeo y Villamide, continúan dentro de la Armada, pero suspendidos y acusados de dos faltas disciplinarias gravísimas -arriesgar a la tropa y negligencia en el servicio- que pueden causar hasta su destitución, según surge de la resolución “confidencial” 168/17, del 7 de este mes, a la que accedió La Nación.

Firmada por el almirante Srur, esa resolución consideró prima facie responsables a López Mazzeo y Villamide de “arriesgar la integridad física de sus subordinados sin necesidad evidente y por actuar con negligencia/imprudencia notoria y grave al no impedir que el submarino ARA San Juan navegase con posteriorioridad a las severas anomalías detectadas” en inspecciones previas al viaje.

¿Qué anomalías? Según reconstruyó la Auditoría de la Armada, tanto el inspector general de la propia fuerza como el comandante del submarino, Pedro Fernández, habían informado sobre problemas y materiales faltantes en el submarino que no se subsanaron antes de su último y trágico viaje”.

Llegadas alas cosas a este punto, la prioridad de la Casa Rosada es blindarse contra los efectos que la investigación judicial podría tener sobre las filas del gobierno. Elisa Carrió ya fue punta de lanza de Cambiemos al denunciar penalmente a los ex ministros de defensa Nilda Garré y Agustín Rossi como responsables de negociados hechos a costa del mantenimiento del submarino. Pero en torno al Ministro de Defensa Oscar Aguad hay quienes temen que los dos años de administración macrista en Defensa también podrían resultar alcanzados. En efecto, en relación a responsabilidades penales, está en juego la de control que el Ministerio ejerce sobre el funcionamiento de las fuerzas. Por ejemplo, el Decreto 42 del 2011, que modifica el 357 del 2002,fija entre otras cosas los objetivos de la Subsecretaria de Asuntos Internacionales de Defensa. El punto ocho de los objetivos de esta área se refiere a “participar en la planificación y ejecución de políticas de contralor del material para la Defensa.» La realidad es que, durante la gestión de los dos ministros de Defensa de Cambiemos, los radicales Julio Martínez y ahora Aguad, no se registran hasta ahora rastros de observaciones al estado de mantenimiento del submarino. Esto a pesar de que era público y notorio en la Base Naval de Mar del Plata, que el ARA San Juan navegaba con diversos problemas, entre ellos fallas en el snorkel, que sería lo que habría precipitado la tragedia.

En síntesis, habría indicios de que no le sería tan fácil al gobierno circunscribir la crisis al ámbito de la Armada y de la gestión cristinista.

Una jueza con padrinos importantes

A esta altura del proceso, la raigambre política de Yáñez tiene su importancia para la orientación que sigue la causa.

El juzgado federal de Caleta Olivia tiene competencia (o sea, interviene) en todo lo que pase el Océano Atlántico hasta 200 millas de distancia de la costa.

Yáñez es la primera jueza que cubre el juzgado, que se creó por ley en 2006 para descomprimir el trabajo que tenía el juzgado de Comodoro Rivadavia. La iniciativa fue del ex senador Nicolás Fernández, un pingüino que estuvo muy cerca de CFK y que terminó muy peleado con el kirchnerismo Fue además procesado el año pasado por intentar salir del país con 28.700 dólares.

La llegada de Yáñez al juzgado se demoró seis años entre esa ley, el concurso que ganó en el Consejo de la Magistratura y la inauguración del juzgado, que fue muy celebrada en la zona. Yáñez nació en Comodoro Rivadavia y antes de llegar a la justicia federal fue jueza provincial de Santa Cruz en lo Civil, Comercial y de Familia.

En 2016, fue nombrada por el Consejo de la Magistratura como subrogante en el juzgado de Río Gallegos. Esta “suplencia” generó varios comentarios en el Consejo, ya que algunos decían que la había conseguido gracias a su cercanía con el ex senador Fernández, quién mantiene un vínculo con Ricardo Lorenzetti.

Asi las cosas, el padrinazgo político de Yáñez sería otra de las piezas que juegan en el complejo tablero de la confrontación-negociación entre la ex presidente y su sucesor.

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