Por Carlos Tórtora.-

El próximo lunes, en un acto en Campo de Mayo, Mauricio Macri anunciará la reestructuración de las Fuerzas Armadas, que tiene como eje principal su incorporación a la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo. Las características del proyecto fueron anticipadas por este medio un mes atrás y se sabe que, desde los primeros meses de su gestión, Macri viene recibiendo opiniones del gobierno de los EEUU favorables a la intervención militar en la seguridad, lo que ocurre en la práctica en todos los países de Latinoamérica. Claro que las diferencias con lo ocurrido son obvias ya que nuestro país es el único donde el juzgamiento de los militares por la guerra contra la subversión alcanzó una dimensión y una duración inédita en el continente. En la Argentina continúan presos -condenados o bajo proceso- un millar de uniformados por delitos de lesa humanidad.

Un panorama incierto

De acuerdo al decreto que está a la firma de Macri, el Ejército desplegaría a partir del 1 de agosto unos 3000 hombres en Misiones y así quedaría liberada una cantidad algo menor de gendarmes para ser enviados al conurbano bonaerense, lo que aumentaría la capacidad de represión frente a la escalada de violencia social que podría dispararse con la actual combinación de ajuste e inflación alta. En este punto es donde surgen los interrogantes. De un plumazo, Macri derogaría el Decreto 727 del 2006, que limita el uso de las Fuerzas Armadas a la confrontación con sus similares extranjeras. Pero el gobierno no modificará la Ley de Seguridad Interior, que en su artículo 27 dispone que las Fuerzas Armadas sólo pueden participar como apoyo logístico de las fuerzas de seguridad, esto es, Comunicaciones, Transporte, Sanidad y Arsenales. En el caso del narcotráfico en zona de frontera, parece imposible evitar que, en un enfrentamiento contra narcotraficantes, los militares puedan limitarse ser apoyo logístico. Se habla de que en cada patrulla militar habría un gendarme. O sea, se presume absurdamente que en un tiroteo sólo abriría fuego el gendarme y los militares se quedarían de brazos cruzados. De ocurrir lo previsible, que los militares disparen, se habría violado la Ley de Seguridad interior y los responsables podrían ser procesados como mínimo por abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público.

De más está decir que la opinión interna en Ejército es mayoritariamente contraria a tener un rol militar y que el jefe de Estado Mayor, general Claudio Pasqualini, no adhiere a la idea de Macri mientras que sí se pliega con entusiasmo el jefe del Estado Mayor Conjunto, general Bari del Valle Sosa. Curiosamente, tampoco en la Gendarmería es bien recibida la iniciativa de aumentar sus efectivos en el conurbano, ya que carecen de instrucción para la tarea policial urbana y sus características militares los hacen ajenos a los grandes centros urbanos.

Se descuenta que Macri, con su inminente anuncio, deberá enfrentar una movilización del espectro de la izquierda liderada por el kirchnerismo. El fantasma de la militarización de la seguridad interior puede ser una buena bandera para combinar con el rechazo al acuerdo con el FMI. Habrá que esperar cuáles son los resultados prácticos de estas innovaciones que, aunque con el eufemismo de “apoyo logístico”, en la práctica van a significar romper un límite que los militares vienen teniendo desde 1983.

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