Por Carlos Tórtora.-

El recambio de la cúpula del Estado Mayor del Ejército transcurrió en una relativa calma ya que una versión no confirmada señala que el Jefe de Estado Mayor saliente, Teniente General Diego Suñer, habría tenido días antes de pasar a retiro una agria discusión con el Ministro de Defensa Oscar Aguad al insistir con la necesidad de que se otorgue un inmediato aumento de sueldo a los militares y recibir un no como respuesta. También está en el trasfondo la polémica por la venta de numerosos inmuebles y campos militares, de los cuales la gema más preciada son las 2800 hectáreas de Campo de Mayo. Elisa Carrió, que últimamente se interesa en temas militares, cuestionó públicamente los planes de Aguad y el tema puede dar que hablar.

Pero lo que nadie parece haber previsto es que la designación del nuevo Jefe de Estado Mayor, general de brigada Claudio Ernesto Pasqualini, se convirtiera en una eventual crisis con los organismos de derechos humanos. Es que el suegro de Pasqualini es el Mayor (RE) Athos Gustavo Renes preso desde hace diez años en el penal militar de Campo de Mayo, acusado por delitos de lesa humanidad. Según la ficha del CELS, durante el último proceso militar, Renes era en el Chaco el jefe de la Compañía de Comunicaciones del Grupo de Artillería 7 (GA7). Era el jefe de la columna militar, es decir del “convoy de la muerte”, de acuerdo a la versión de sus acusadores.

Como es obvio, las supuestas violaciones de derechos humanos por parte de Renes en nada deberían afectar políticamente a Pasqualini. Pero estamos en la Argentina y el parentesco en cuestión sería una herramienta ideal para que los organismos de derechos humanos vuelvan a adquirir el protagonismo perdido en los últimos meses, desde que las pericias demostraron que Santiago Maldonado no fue asesinado sino que se ahogó en el río Chubut.

Incógnitas

Ayer a la tarde, el caso Pasqualini ingresó en la mesa chica de Mauricio Macri ante la inminente ofensiva de las agrupaciones de izquierda para intentar igualar a aquél con su suegro. En un primer análisis sobre la probable evolución del tema, el macrismo no estaría dispuesto de ningún modo -con lógicos argumentos- a defenestrar a un jefe de Estado Mayor cuyo decreto de designación tiene todavía fresca la firma del presidente. Varias preguntas vienen solas: ¿Conocía el gobierno quién era el suegro de Pasqualini y no le importó o se le escapó el detalle? En este último caso, estaríamos frente a una nueva improvisación que dejaría mal parado a Aguad. Éste, antes de la designación de Pasqualini, debería haber informado al presidente sobre sus vínculos con Renes para que el mismo decidiera si quería o no asumir los costos del caso.

A escasos días de un nuevo aniversario del 24 de marzo del 76, este nuevo episodio serviría de pretexto para que la izquierda se movilice otra vez.

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