Por Carlos Tórtora.-

La controvertida reforma militar instrumentada por Mauricio Macri a través del Decreto 683 tiene un trasfondo intenso en las filas del Ejército, donde el tema ya adquiere ribetes de interna. El Jefe de Estado Mayor del Ejército, General Claudio Pasqualini, desde el año pasado viene remarcando su oposición a que las Fuerzas Armadas se involucren en la Seguridad Interior. Entre los argumentos expresados por él está la carencia de una preparación profesional adecuada, la inexistencia de un código de justicia militar (fue derogado) que les dé garantías judiciales a efectivos militares y la ausencia de normas de empeñamiento que rijan el desempeño militar. La cuestión de los militares presos por delitos de lesa humanidad gravita especialmente en Pasqualini debido a una situación personal: su suegro es el Coronel (RE) Athos Gustavo Renes, preso desde hace diez años en el penal militar de Campo de Mayo, acusado por delitos de lesa humanidad. Según la ficha del CELS, durante el último proceso militar, Renes era en el Chaco el jefe de la Compañía de Comunicaciones del Grupo de Artillería 7 (GA7) en Margarita Belén. Así es que las familias de muchos presos, a partir de esta situación, presionan para que el Estado Mayor obtenga mejores condiciones de detención para los casi 1000 detenidos. Pero hay otras dos razones económicas que refuerzan la resistencia a la reforma militar. La primera es que, debido a sus bajos sueldos, los militares trabajan sólo hasta el mediodía y luego cumplen tareas privadas. No está claro que por participar en seguridad los uniformados vayan a cobrar lo mismo que la policía. El segundo problema es la venta de inmuebles, que quedarían vacíos en caso de reagruparse las instituciones militares en tres grandes fuerzas de despliegue, lo que llevaría a que dejaran de usarse numerosos cuarteles y campos de instrucción. El gobierno les ofrecería a las fuerzas un 30 por ciento del producto de la venta de inmuebles y el resto va a rentas generales. Este porcentaje no sólo es insuficiente sino que el desmantelamiento implicaría dejar a las fuerzas sin los recursos que hoy cuenta por concesiones de predios a terceros.

La otra campana

Frente a esta postura, el gobierno cuenta con un operador de primera línea para hacer realidad la reforma militar. Se trata del teniente general Bari del Valle Sosa, Jefe del Estado Mayor Conjunto. Éste confronta con Pasqualini en múltiples temas y, en lo que hace al actual intento de reforma, funciona como el impulsor de las ideas que salen de la Casa Rosada. Claro está que Del Valle Sosa no es para nada ajeno al círculo privilegiado del macrismo: su esposa se desempeña en el Senado como asesora de Federico Pinedo. Para armar la trama de la reestructuración anunciada por Macri, la semana pasada el gobierno convocó a un equipo liderado por la Ministro de Seguridad Patricia Bullrich en el que tuvo participación decisiva el ex Secretario de Inteligencia de Eduardo Duhalde, Miguel Ángel Toma. Éste es hoy director de Techint, designado por Macri en representación del Estado. Bullrich, Toma y una media docena de funcionarios más trabajaron cuatro meses para alumbrar el proyecto de decreto que Macri finalmente firmó.

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