Por Horacio Ricciardelli.-

Infobae, en su edición del 1 de julio, informó que Macri ordenó movilizar desde agosto a los militares en la frontera norte como apoyo a la lucha contra el narcotráfico.

El presidente instruyó al ministro de defensa a dar apoyo logístico con 4.000 militares. En la primera etapa irán 500 hombres del ejército, 40 pilotos, 8 helicópteros y 3 aviones Pampa.

Se presentan entonces varios interrogantes:

1°) ¿Qué harán en caso de presentarse situaciones que van más allá del apoyo de personal y logístico por parte de las FFAA a las FFSS, como ser enfrentamientos en tierra, aire y ríos?

2°) ¿Tienen la orden de tirar en caso de que lo hagan los narcos-delincuentes o sólo llevan armamento para disuasión del oponente?

3°) ¿Con qué garantías legales cuentan los efectivos de las FFAA afectados a las operaciones como el «escudo norte», en caso de enfrentamientos y muertes, cuando hay cientos de combatientes presos que cumplían órdenes de incluso gobiernos constitucionales?

4°) Por lo sabido en estos años, se actuó mucho sobre los distribuidores y pasantes de la droga, en menor medida sobre los centros de fabricación de la misma y prácticamente nada sobre los que manejan el negocio de los estupefacientes en la Argentina.

5°) ¿Qué garantías ofrece al personal militar un servicio de justicia con jueces corrompidos, venales y prevaricadores?

6°) ¿Nuestros dirigentes políticos, muchos de los cuales están como mínimo en connivencia con los delincuentes y narcos, cuando de máxima son parte del manejo del negocio con jueces y policías corruptos, viendo que el «negocio» se cae, cómo actuarán e influirán para garantizar la impunidad de los ilegales?

7º) ¿Qué pasará con los miles de efectivos de Gendarmería Nacional, Prefectura Naval y Policía Aeroportuaria que fueron incorporados en los últimos años y serán desafectados de sus funciones de custodiar las fronteras terrestres, marítimas-ribereñas, aeropuertos y grandes obras de infraestructuras estratégicas como centrales nucleares y eléctricas? Se tomó conocimiento de que, por ejemplo, personal de G.N. está haciendo vigilancia interna en oficinas barriales de empresas privadas de electricidad de la ciudad de Buenos Aires, por caso Edesur, cuyos dueños son socios de Macri, en lugar de contratar vigilancia privada.

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