Por Antonio Rossi.-

Para contrarrestar las críticas económicas de la oposición y tapar los errores políticos cometidos con el manejo de las tarifas de gas, la administración de Mauricio Macri no dejar pasar un día sin anunciar una “gran inversión” privada.

Deliberadamente los funcionarios nacionales salen a comunicar múltiples planes y programas de inversiones que, en la mayoría de los casos, no representan iniciativas nuevas, sino obras que ya fueron anunciadas o que ya están en ejecución.

El súmmum de los anuncios se registró durante la realización del Foro de Inversiones y Negocios, el denominado “mini Davos” que reunió en Buenos Aires a más de 4.000 CEO y ejecutivos de empresas internacionales y locales.

Uno de las inversiones más rutilantes que promocionó el Gobierno fue la efectuada por los directivos del grupo alemán Siemens.

Según los comunicados oficiales de la Casa Rosada y de la multinacional germana, en los próximos cuatro años Siemens tiene previsto invertir en el país unos 5.000 millones de euros para generar 3.000 nuevos puestos de trabajo directos y otros 7.000 indirectos en proyectos de energía, transporte y electrificación de líneas ferroviarias.

Ahora bien, lo que no dijo el Gobierno respecto de esas multimillonarias inversiones de Siemens es que las mismas han quedado “condicionadas y atadas” a que el país se ponga al día con las deudas que tiene pendientes con las empresas alemanas que ganaron los juicios entabladas contra el Estado argentino en el tribunal internacional del CIADI.

El acuerdo subterráneo que los funcionarios macristas cerraron con la administración de Angela Merkel implica que -previo a que Siemens invierta lo prometido en el país- el Gobierno argentino deberá girar a Alemania unos 800 millones de euros para cancelar las indemnizaciones reconocidas por el CIADI a las empresas Hochtief, Thyssen y Fresenius.

En el caso de Hochtief -que integró el consorcio vial “Puentes del Litoral” encargado de la construcción y operación del puente Rosario-Victoria-, la demanda fue la violación del tratado bilateral de inversiones y el congelamiento de las tarifas de peaje que se registraron tras la crisis de 2001-2002.

Por el lado de Thyssen, lo que tiene por cobrar corresponden a facturas impagas y actualizaciones de precios no reconocidas que datan de los años 80 por la construcción de submarinos para la Armada.

Y en el caso de Fresenius, el juicio ganado fue la falta de pago de equipos e insumos médicos que habían sido adquiridos por el PAMI, la cartera de Salud y tres gobiernos provinciales.

Share