Por Eduardo Difonso.-

Tal como se asumió el compromiso en nota de opinión anterior, «La economía necesita de la industria para despegar y el secreto está en la energía«, pongo a consideración de los señores lectores, a través de este importante medio, de manera simple las premisas que debería contemplar un nuevo sistema energético nacional que impulse y asegure el desarrollo económico y el bienestar o mejor calidad de vida y mejore su poder adquisitivo si se disminuye la presión tarifaria para los argentinos.

Si avanzáramos aplicando estas premisas veríamos que se produciría EL VERDADERO CAMBIO que la mayoría de los ciudadanos de este país quiere, desea, reclama y votó cuando apoyó a CAMBIEMOS.

Caso contrario, se mantendrán las políticas implementadas durante el proceso de privatizaciones que ya demostraron su fracaso para los argentinos.

PREMISAS

1- La Energía y los recursos naturales que la generan, se deben considerar Bienes Estratégicos y no mercantilizarlos como bienes sujetos a reglas del mercado.

2- La Argentina no es un país petrolero ni gasífero; sólo es un país CON petróleo y CON gas.

En concreto, el tarifazo le traslada a la comunidad y a los sectores productivos la renta extraordinaria que se les reconoce a los productores de petróleo y gas. Renta extraordinaria que anteriormente se les sostenía con el subsidio estatal amortiguando el impacto sobre los consumidores y que frente a la decisión de reducirlos le traslada a estos la responsabilidad de sostener una renta extraordinaria que además nunca tuvo como correlato el desarrollo de estrategias de inversión. En este sentido el planteo que pretende explicar la crisis energética por el consumo irresponsable de energía resultado de las tarifas bajas y la falta de inversión por la ausencia de rentabilidad, pasa por alto la estrategia irresponsable de la argentina exportadora de gas y petróleo propia de los noventa y la asociación de este comportamiento irracional para un país que tenía el recurso pero no la posibilidad de transformarse en exportador. (Según estudio realizado por el IPyPP).

Se deberían cambiar todos los funcionarios que ocupan cargos en el ámbito del Ministerio de Energía y Minería, y sus dependencias como el ENARGAS y Directores de YPF que ya ocuparon cargos como ex Secretarios de energía en otros gobiernos y sus políticas formaron parte del fracaso para los intereses nacionales. Como así también los que provienen de empresas prestadoras de esos servicios y a las que deben controlar, empezando por el propio ministro Juan Aranguren que esta alcanzado por la ley de ética publica y el incumplimiento de un Decreto del mismo presidente Macri.

Igualmente para el caso de tres funcionarios del área que fueron denunciados por la Diputada Carrió por incompatibilidades en la función pública.

Además, porque demostraron, en su momento y con su accionar, que no comparten en absoluto las premisas enunciadas en la presente nota de opinión y quien no esta convencido de los beneficios de un cambio, como el propuesto en las políticas energéticas, de ninguna manera esta capacitado para implementarlo.

Claro, sería importante que el presidente Macri se convenciera de la necesidad de un cambio radical ,de 180 grados, en las decisiones sobre la política energética y el régimen tarifario para provocar el despegue de la economía argentina ya que la Energía es el insumo principal para el desarrollo industrial, comercial y agropecuario que incorpora valor agregado a la producción primaria y crea empleos.

3- La Energía es un Derecho Humano: la energía como Derecho Humano inalienable, de la que se desprenden políticas energéticas orientadas no solo a asegurar abastecimiento estable en el tiempo, sino accesibilidad, sustentabilidad ambiental, progresividad y gradualidad en el costo tarifario que los usuarios residenciales, comerciales e industriales deben afrontar.

4- Las decisiones sobre la prestación de este servicio publico social deben estar centralizadas enmarcadas en las políticas publicas del Estado Argentino, gobierne quien gobierne.

Como lo afirma un estudio realizado por el IPyPP (Instituto Pensamiento y Políticas Publicas) «Informe sobre Gas Natural y Aumento de Tarifas» elaborado por Claudio Lozano junto a Gustavo Lahoud.

Lo que no se quiere discutir es que la privatización destruyó las economías de escala de un sistema energético integrado fragmentándolo e incrementando los costos. Si Gas del Estado es reemplazado por ocho empresas por ejemplo, que a su vez en tanto unidades económicas distintas reclaman obtener cada una su rentabilidad, la destrucción de las economías de escala de una empresa integrada es reemplazada por una cascada de rentabilidades que termina por encarecer de manera innecesaria la prestación del servicio.

El debate de fondo que buena parte del sistema político no quiere dar, que el gobierno oculta por la asociación efectiva de su gabinete con los intereses de las petroleras, y que parte sustantiva de la oposición calla ya que comparte los mismos objetivos e intereses y solo ejerce la critica por su lugar en el tablero político, es que no hay solución sin terminar con las rentas extraordinarias de petroleras parasitarias y sin revertir los efectos del proceso privatizador.

Argentina necesita volver a integrar el sistema energético bajo control estatal para capturar en manos públicas la renta existente y poder orientarla seriamente al desarrollo económico y energético del país. (Sic).

5- Por tratarse de un Recurso Natural no renovable debe priorizarse la eficiencia en el uso de tales recursos y la preservación y acrecentamiento de las reservas para las generaciones futuras.

6- Prohibir la exportación de estos recursos energéticos hasta tanto no se consiga que el 100% de los argentinos cuenten con este servicio básico y se asegure la provisión necesaria para la generación de electricidad y para el funcionamiento y desarrollo industrial y comercial de la economía nacional.

7- Los valores de las tarifas a aplicar serán los que resulten de una evaluación de los costos de PRODUCCION (o extracción en su caso), TRANSPORTE Y DISTRIBUCION como un todo integrado y no como tres prestaciones distintas en que se generan encarecimiento por una doble o triple rentabilidad con su respectiva carga impositiva.

8- Los valores de las Tarifas se deben calcular en pesos o en la moneda de curso legal que rija en Argentina en ese momento y sus actualizaciones deben mantener una relación directa con los incrementos salariales de los trabajadores activos y de los beneficiarios del sistema Previsional. Como así también del costo de los insumos necesarios para la prestación del servicio en sus tres etapas (Producción, Transporte y Distribución) y parte para la ampliación de las redes que conduzcan el fluido; que se revisara cada cinco años.

9- Para los recursos destinados a generar energía eléctrica ( gas, gasoil, fueloil u otros) se establecerá una tarifa especial para fomentar y promocionar la creación de nuevas industrias y comercios que les permita abaratar sus costos de producción y ventas y así crear mas empleos.

10- Revisar, por medio de Auditorias Integrales, los Contratos de Concesión de todas las empresas que se les otorgó la facultad de prestar estos servicios utilizando los recursos que ahora consideramos ESTRATEGICOS NO EXPORTABLES y verificar si cumplieron lo establecido en ellos especialmente sobre las inversiones que obligatoriamente debían realizar en los últimos quince(15) años.

11- Recuperar la jurisdicción nacional de los Tribunales Argentinos para resolver conflictos contractuales sobre estos servicios entre empresas concesionarias y el Estado.

12- La empresa nacional YPF será la que establezca los costos referenciales de todas las prestaciones efectuadas con los recursos naturales destinados a prestar servicios energéticos. Y las tarifas se fijaran tomando como base dichos costos mas una rentabilidad razonable que permita la ampliación de las redes.

13- Los precios de los recursos naturales no se calcularan comparándolos con los costos de importación de dichos recursos de los países vecinos. Y tampoco se someterán las actualizaciones tarifarias a la incertidumbre de un valor futuro de una moneda extranjera.

14- Se pueden obtener créditos internacionales garantizados con la cuenca gasifera de Vaca Muerta u otra que se descubra en el tiempo, siempre en cabeza de la empresa nacional YPF que será la que lidere los proyectos a ejecutar con dichos fondos.

15- El porcentaje de afectación de los ingresos de los consumidores residenciales, para afrontar los consumos energéticos (gas y electricidad), no puede superar entre el 1,8 % y el 5% de sus ingresos. Es lo establecido en los países desarrollados que han fijado políticas publicas basadas en la Energía como bien Estratégico planificando el desarrollo económico nacional y la calidad e vida de sus habitantes. Como son CANADA, EEUU., FINLANDIA, INGLATERRA, NORUEGA Y JAPON.

El gobierno PRO-RADICAL repite, hasta el cansancio, en su mensaje que esta sincerando la economía y en el caso de los servicios públicos que tienen que ver con la energía (electricidad y gas) se deben eliminar los subsidios pero la verdad es que los subsidios no se están eliminando, lo que ha hecho la gestión del Ing. Macri es trasladar el pago de estos subsidios a los consumidores residenciales (400% de aumento) y a la Industria y el Comercio (500% de aumento) promedio, en casos puntuales y según la cuenca los aumentos son mayores.

Esto implica una transferencia de recursos de los que menos tienen a ocho(8) Distribuidoras, dos(2) Transportadoras y cinco(5) Productoras o extractoras de petróleo y gas en el país.

Como afirma en su publicación OETE-ID (Observatorio de la Energía, Tecnología e Infraestructura para el Desarrollo) «La estafa del tarifazo del gas: 2.500 millones de dólares adicionales a las petroleras en 2017».

«Vemos que le siguen subsidiando a las concesionarias,los nuevos cuadros tarifarios del gas en el PIST -a abril de 2017- elevará la recaudación de las petroleras en relación a 2015 en 2.512 millones de dólares, cifra que en pesos asciende a 45.200 millones (tomando un dólar = 18 pesos, el valor promedio que figura en la ley de Presupuesto aprobada para este año). Cabe aclarar que dicha cifra no incluye el próximo incremento de la tarifa previsto para la segunda mitad del año.

Segunda consideración: es fundamental entender que no se trata, al menos no para el caso de la industria petrolera, de una administración nacional que «regala» 45.000 millones de pesos a las petroleras. De igual forma a lo sucedido con la condonación de deuda ($19.000 millones) a las distribuidoras de la energía eléctrica, son las empresas las que, adueñadas del Poder Ejecutivo, se auto-condonan o auto-regalan miles de millones de dólares sustraídos al fisco y a los ingresos de millones de familias argentinas.

Y tercera y última consideración: siendo que YPF SA es una de las empresas beneficiadas por ser la principal productora de gas, debe tenerse en cuenta que la política digitada por el Grupo Shell -al frente del Ministerio de Energía- junto a petroleras como PAE, Total, Petrobras y Tecpetrol en realidad apunta a destruir a la empresa de bandera. Este Observatorio ha elaborado varios trabajos dando cuenta de la cartelización de las referidas compañías contra Yacimientos Petrolíferos Fiscales. Hacemos esta aclaración para todos aquellos que colocan en una misma bolsa a las empresas citadas con YPF como responsables de la estafa implícita en el tarifazo.» (Sic.)

Nuevamente, es fundamental sostener que las inversiones para mantenimiento, operación y ampliación de la red de distribución de gas natural, no pueden quedar en manos de una disputa y un chantaje eternos en términos de costos, gastos e ingresos operativos, lo cual implica, finalmente, que las autoridades nacionales responsables de la planificación y conducción de la política energética, tomen dos caminos ineludibles:

Por un lado, la ya mencionada auditoría integral de las compañías en los últimos quince años y, simultáneamente, la realización de las inversiones imprescindibles en toda la red a cargo del Estado nacional, lo cual abre la senda para la redefinición estructural de todo el esquema de funcionamiento y regulación de los servicios públicos energéticos de cara a recuperar la centralidad del Estado, los trabajadores de la energía y la comunidad en la construcción de un nuevo modelo de empresa pública, ya que la energía es un derecho humano inalienable de todo el pueblo argentino.

Sólo desde ese lugar, podremos estar en condiciones de encarar, con mayor eficiencia y justicia, la revisión integral del deficiente funcionamiento de los servicios públicos (informe IPyPP mencionado ut supra).

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