Por Antonio Rossi.-

La líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió y las distribuidoras de gas comparten, por estos días, una inquietante preocupación. Es por el fuerte impacto que tendrá en los hogares del todo el país el último ajuste tarifario que aprobó el Gobierno nacional para el servicio de gas natural.

La diputada nacional y socia política relevante de la alianza Cambiemos salió a plantear públicamente y sin vueltas su rechazo al reciente tarifazo en el gas que aplicó el ministerio de Energía de Juan José Aranguren.

“Le diría basta al Gobierno. La clase media hoy está apretada, no alcanza y deben comprender que es la que hace grande este país. Por eso me opongo al aumento de tarifas porque creo que se puede ir más despacio, con más gradualismo”, le reclamó Carrió al presidente Mauricio Macri.

Por el lado de las distribuidoras de gas, si bien no aparecieron en los medios manifestando sus posiciones, puertas adentro los gerentes y directores las nueve operadoras privadas que prestan el servicio a nivel nacional han comenzado a abrir el paraguas ante las inevitables protestas y quejas de los usuarios residenciales que sobrevendrán a partir de junio cuando comiencen a llegar las facturas de los consumos invernales con el nuevo cuadro tarifario.

Tanto los asesores de Carrió, como los técnicos de las gasíferas ven con preocupación tres cuestiones clave derivadas del fuerte aumento de tarifas que entró a regir el 1 de abril.

La primera de ellas gira en torno a los reales porcentajes de aumento que deberán afrontar los usuarios. Tal como sucedía en la gestión kirchnerista, ahora los funcionarios macristas también “se quedan cortos” a la hora de estimar la incidencia de los incrementos.

Al anunciar las subas, Aranguren había asegurado que “el aumento máximo es del 40%, el mínimo es del 28% y el promedio llega al 32%”. Pero, las resoluciones del Enargas que autorizaron los nuevos cuadros tarifarios de las distribuidoras mostraron que los aumentos más bajos para los hogares son del 35% y los más elevados llegan hasta el 60%.

Estos incrementos sumados a los que se aplicaron en diciembre pasado anticipan un panorama más que complicado y ajetreado para los meses de frío.

A igual consumo que en el invierno pasado, los usuarios residenciales van tener que pagar en el próximo período invernal entre un 120% y 160% más. Es decir que por el mismo consumo de 2017, ahora van a abonar bastante más del doble.

La segunda cuestión tiene que ver con los ajustes previstos para las pymes industriales y comerciales.

Tras haber vistos sus boletas incrementadas hasta un 40% en diciembre, ahora los clientes no residenciales P1, P2 y P3 deberán afrontar otra actualización tarifaria que oscila entre 42% y 60%.

Para las distribuidoras del interior, estas subas seguramente van a generar fuertes reclamos y conflictos que excederán a las administraciones locales y provinciales.

Y la tercera cuestión relevante es la vinculada con las modificaciones que efectuaron los funcionarios macristas en el régimen de la tarifa social.

Desde 2016, los beneficiarios de la tarifa social tenían una bonificación del 100% para los primeros 150 metros cúbicos de gas de cada período de facturación.

Pero desde fines del año pasado, Aranguren cambió el esquema por otro de “bloques mensuales” que varían según la época del año y cubren una parte del consumo con un subsidio del 100%, otra con el 75% y el resto se factura con el valor pleno del gas.

De esta manera, un usuario residencial con tarifa social que por un consumo de 200 metros cúbicos pagó en el último invierno 380 pesos deberá pagar ahora 900 pesos por bimestre.

En tanto, para un hogar con subsidio y un consumo de 300 metros cúbicos, la boleta de 800 pesos por bimestre que pagó en el invierno pasado se elevará ahora a 1.700 pesos.

Y en el caso de un cliente familiar con tarifa social y 1100 metros cúbicos de consumo, la suba invierno contra invierno superará el 300% al pasar de 2.800 pesos a 11.700 pesos por bimestre.

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