Por Antonio Rossi.-

La primera gran privatización del área de Transporte que puso en marcha el ministro Guillermo Dietrich con el fin de captar una significativa inversión privada para apuntalar el modelo macrista quedó en la cuerda floja y podría implicarle al gobierno un fuerte costo político de cara a la campaña electoral.

Se trata de la licitación pública nacional e internacional para transferir el manejo y la explotación comercial de la terminal de ómnibus de Retiro a un nuevo operador privado hasta 2037.

Lejos de los tres o cuatro oferentes de peso que pensaba juntar cuando arrancó la licitación, hasta ahora Dietrich sólo ha conseguido que se anote un único y controvertido candidato para quedarse con el negocio de Retiro.

Los defectos y dudas que presenta el pliego licitatorio y la falta de confianza en el rumbo económico y político que expresa la mayoría de los empresarios locales llevaron a que hoy por hoy la única oferente firme sea la actual concesionaria de la terminal que controla el polémico empresario Néstor Otero, quien fue condenado por la Justicia por haberle pagado dádivas al ex secretario de Transporte, Ricardo Jaime.

Ante la ausencia de otros interesados y con el fin de ganar algo de tiempo, Dietrich decidió postergar hasta fines de mayo la presentación de las ofertas que originalmente estaba prevista para el 6 de abril pasado.

Mientras buscan contrarreloj sumar una o dos ofertas más, los funcionarios de Transporte ya descartan que la terminal pueda transferirse al nuevo operador privado en la fecha que estaba programada para la primera semana de junio.

Tal como se perfila el panorama y para no dar de baja la licitación -lo cual representaría un duro revés a su gestión que autopromociona como las más eficiente de las últimas décadas-, Dietrich podría terminar dándole al discutido Otero un nuevo contrato de concesión por 20 años para que siga controlando la terminal de Retiro.

Según las reglas de juego que definieron los técnicos de Transporte, Otero no tendría ningún impedimento legal para continuar al frente de la terminal. Si cumple con las exigencias patrimoniales y técnicas y su propuesta es la “más conveniente” en cuanto al programa de obras, mejoras y oferta de canon; podría seguir operando Retiro por dos décadas más.

Lo curioso del caso es que entre los fundamentos del llamado a licitación, la cartera de Dietrich reconoció que la infraestructura actual de la terminal que está bajo el control de Otero desde más de 15 años “muestra un sensible atraso respecto de la evolución habida y esperable en el desarrollo del servicio de transporte público”.

Otero también es el dueño de la nueva terminal de ómnibus de larga distancia de Villa Soldati que el Jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta inauguró a medias hace dos meses y que practicamente no registra movimientos de partidas y arribos de servicios.

Las empresas de colectivos interurbanos se oponen a mudar parte de los servicios a la estación de la zona sur capitalina porque los costos operativos duplican los existentes en Retiro, no cuenta con una red de accesos adecuada y no reúne las condiciones de seguridad que se requieren para vehículos y usuarios.

Tal como había anticipado informadorpublico.com, en las reglas de juego de la licitación de Retiro sobresalen tres cuestiones clave: un plan de inversiones obligatorias estimadas en torno de los 400 millones de pesos; el pago de un canon mensual al Estado y la posibilidad de ampliar los negocios complementarios de la terminal con la construcción de un hotel, cines y salas de entretenimientos.

Según el esquema que diseñaron los funcionarios, los ingresos previstos en concepto de peaje a los ómnibus, alquileres comerciales y explotación de áreas rentables le permitirán al futuro concesionario encarar todas las obras contractuales, pagar un canon mensual y obtener una “adecuada rentabilidad”.

Para elegir al nuevo operador de Retiro, la administración macrista tendrá en cuenta la oferta que resulte más “conveniente” luego de evaluar los siguientes ítems: antecedentes empresariales; capacidad económica-financiera y propuesta técnico-empresarial.

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