Por Antonio Rossi.-

Semioculto entre el polémico megadecreto de desburocratización, los cruces con el sindicalismo y los aumentos de tarifas; la administración macrista concretó una nueva movida política que apunta a acrecentar la presencia de la Nación en el Gran Buenos Aires con la ejecución de una serie de obras públicas que tendrían que haber realizado los municipios y el gobierno provincial de María Eugenia Vidal.

Se trata de la segunda edición del programa de “Rehabilitación y Mantenimiento Vial, de Aceras y de la Red Pluvial en la Región Metropolitana de Buenos Aires (RMBA)” mediante el cual el ministerio de Transporte de Guillermo Dietrich prevé volcar algo más de 3.800 millones de pesos en obras de pequeña y mediana magnitud que llegarán a todos los distritos del Conurbano.

El nuevo plan -que es una continuación del iniciado en el segundo semestre de 2016 que había implicado una inversión estatal de 2.800 millones de pesos- fue aprobado el titular de Transporte por medio de la resolución 28/18.

A tono con los últimos decretos del Poder Ejecutivo que amplían las facultades y tareas de los funcionarios con argumentos más que cuestionables, la resolución de Dietrich también introdujo modificaciones operativas no exentas de polémicas.

Tras destacar que “las aceras, calzadas y la red pluvial de la región metropolitana se encuentran en un estado crítico”, la cartera de Transporte decidió reducir los plazos legales para la adjudicación e inicio de los trabajos.

Según destaca la resolución “con el fin de proceder de forma inminente a la ejecución de las obras y atender a las necesidades públicas comprometidas, se estima necesario fijar en 10 días el plazo de publicación” y tiempos más breves para la presentación y evaluación de ofertas.

Además, la norma estableció que con el fin de “lograr una mayor celeridad, economía y eficiencia del accionar administrativo, resulta apropiado establecer que la Secretaría de Obras de Transporte tenga a su cargo las facultades relativas a la selección de los contratistas, la designación de los miembros de la Comisión Evaluadora de Ofertas, la emisión de circulares y el dictado de todos los actos que resulten necesarios”.

Para la ejecución de las obras, la administración macrista agrupó los municipios del Conurbano en siete zonas: Zona 1: (Escobar, Tigre, San Fernando, San Isidro, Vicente López, Malvinas Argentinas, Pilar; General Rodríguez); Zona 2 (Gral. San Martín, Tres de Febrero, José C. Paz, San Miguel, Hurlingham, Ituzaingó, Merlo); Zona 3 (Moreno, Marcos Paz, La Matanza, Morón); Zona 4 (Lanús, Lomas de Zamora, Almirante Brown, Esteban Echeverría; Presidente Perón, San Vicente, Ezeiza,); Zona 5 (Avellaneda, Quilmes, Berazategui, Florencio Varela); Zona 6 (La Plata, Berisso, Ensenada) y Zona 7 (Campana).

Los trabajos -que se adjudicarán entre febrero y los primeros días de marzo- tendrán un plazo de concreción de 12 meses.

De esta manera y de no surgir contratiempos, los funcionarios nacionales estarían cortando las cintas de las nuevas obras justo en el inicio de la campaña electoral de 2019 en la que el oficialismo ya avisó que irá en búsqueda de la reelección de Mauricio Macri.

Para justificar la ampliación del programa RMBA (Rehabilitación y Mantenimiento Vial, de Aceras y de la Red Pluvial en la Región Metropolitana de Buenos Aires), el ministerio de Transporte esgrimió que “las veredas y pavimentos se encuentran en una situación de deterioro general, lo que genera graves problemas de circulación peatonal y vehicular, riesgos de accidentes para los transeúntes, daños a los vehículos, entre otras consecuencias, situación que provoca la necesidad de comenzar en forma inmediata con los trabajos de rehabilitación y mejoramiento”.

A ese argumento Dietrich le agregó otro muy forzado y poco convincente vinculado con los subsidios tarifarios que reciben las empresas de colectivos.

Tras considerar que los actuales subsidios al transporte se deben, otras causas, a mal estado de las calles y avenidas del Conurbano, el ministro aseguró que “la rehabilitación y mantenimiento de los pavimentos traerá aparejada una baja en los aportes económicos del Estado y una mejora en los servicios con menores tiempos de viaje y mayor confort para los usuarios”.

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