Por Hernán Andrés Kruse.-

El jueves 14 tuvo lugar la primera protesta contraria al gobierno de Mauricio Macri. Fue numéricamente importante teniendo en consideración que el gobierno asumió hace siete meses. La protesta se extendió a lo largo y ancho del territorio nacional y por lo que mostraron las cámaras de televisión, fue protagonizada por los sectores medios. En Rosario hubo protestas en diversos barrios siendo el más relevante el protagonizado delante de la sede de Litoral Gas, en pleno centro rosarino (San Lorenzo y Mitre). Estuve presente en el lugar y pude constatar la presencia de dos tipos de manifestantes: por un lado, el manifestante politizado; por el otro, el típico representante de los sectores medios altos, supuestamente independiente pero claramente alejado del kirchnerismo. Sin embargo, anoche confluyeron en la esquina mencionada para exteriorizar su bronca por el tarifazo impuesto por el Presidente de la Nación. El centro de la escena fue ocupado por los militantes políticos, kirchneristas y de la izquierda, y por los militantes de organizaciones barriales. En la periferia, protestaban los ciudadanos “independientes”, particularmente señoras muy bien vestidas que no ocultaban su indignación por el tarifazo. Guardando las distancias, la manifestación me hizo acordar a las que se produjeron en 2001 como consecuencia del corralito. Lamentablemente, el Presidente de la Nación reaccionó de la peor manera: ignoró el reclamo de la calle. En lugar de reconocer el problema, el primer mandatario hizo oídos sordos al “ruidazo” y varios de sus funcionarios le adjudicaron la movilización al “kirchnerismo duro”. El kirchnerismo contestó advirtiendo al gobierno nacional que lo del jueves pasado, a escasos siete meses de haber asumido, era una clara advertencia que no podía ser desoída. Carolina Stanley, ministra de Desarrollo Social, reconoció la importancia de expresarse en libertad pero inmediatamente trató de deslegitimar la protesta señalando la presencia de varios personajes del kirchnerismo duro fogoneando el “ruidazo”. Por su parte, el diputado Pablo Tonelli reconoció la importancia de la protesta, aunque inmediatamente aclaró que los cacerolazos no son necesarios porque el gobierno de Cambiemos siempre está abierto al diálogo. El diputado kirchnerista Rodolfo Tailhade, quien denunció judicialmente a Aranguren por el delito de negociación incompatible con la función pública, expresó que “el fuerte reclamo popular a siete meses de haber asumido el gobierno es una seria advertencia para Macri y una señal de que los ciudadanos no quieren el regreso al neoliberalismo”. Respecto del tarifazo, el legislador no anduvo con vueltas: “El tarifazo benefició a Shell. Las correcciones posteriores fueron sobre distribución y transporte pero nunca sobre el precio de boca de pozo, que es el negocio que el ministro le garantizó a Shell. Además de comprar gas a Chile, a través de su empresa, con un 130 por ciento por encima del valor que nos vende Bolivia. Así como haber licitado 8 barcos de gas comprimido, siete de los cuales ganó Shell, por lo que creemos que la compañía contó con información privilegiada”.

El tarifazo gasífero sigue estando en un laberinto jurídico. La Sala II de la Cámara Federal de La Plata confirmó que sigue vigente el fallo que anuló el tarifazo en el servicio de gas en todo el país, lo que para el gobierno nacional significó un duro golpe. La Sala consideró que el hecho de que el gobierno nacional haya interpuesto un recurso extraordinario para apelar el fallo en contra del aumento tarifario no significa que la sentencia se suspenda. De esa forma, la Justicia no hizo más que contradecir al ministro Aranguren, quien había decidido continuar con la instrumentación de los nuevos topes al aumento del gas, suponiendo erróneamente que el fallo no quedaba firme. Ante este escenario, las asociaciones de consumidores aconsejan a la ciudadanía abstenerse de efectuar el pago correspondiente. Al mismo tiempo, las distribuidoras no están en condiciones de refacturar y el carácter legal de la resolución 129, que introdujo los límites del 400 y 500 por ciento al tarifazo, ha quedado en un cono de sombras. Envalentonados, quienes demandaron al gobierno nacional por el tarifazo han decidido presentar una nueva acción ante la Justicia con el objetivo de impugnar el nuevo esquema del servicio de gas presentado por el gobierno nacional. Acosado por una situación que no previó, el ministro Aranguren solicitó a la Justicia que el tema sea tratado durante la feria judicial para que haya una definición definitiva. Por su parte, el juez platense Luis Arias, quien falló en contra de los aumentos de los servicios públicos (y que luego sería ratificado por la Cámara Federal) señaló que existe “jurisprudencia que dice que no se pueden aplicar tarifazos sin audiencias públicas. El gobierno actuó al margen de la ley y de múltiples fallos”. Enfatizó que no rigen los topes del 400 y 500 por ciento anunciados hace unos días ya que el cuadro tarifario debe retrotraerse al 31 de marzo, algo que el gobierno nacional no estaría dispuesto a hacer. En efecto, lo que pretende el gobierno nacional es aplicar el aumento en este instante y hacer las audiencias públicas recién en octubre, algo que para el juez Arias es ilegal. “En la provincia de Buenos Aires no se puede aplicar el aumento ni en la tarifa de luz ni en la tarifa de gas”, advirtió el magistrado para luego remarcar que el incremento “en la tarifa del gas no es aplicable hoy en todo el país”. “No sabemos qué estamos pagando con el aumento. Si la quita de subsidios, si renta empresaria, si inversiones”, advirtió. Me parece que la respuesta no admite dudas: estamos pagando renta empresaria. Quizá ese sea el motivo por el cual el gobierno se niega a difundir públicamente el detalle de la estructura de costos de los servicios públicos que explicaría el tarifazo (fuente: Página 12).

El 6 de mayo de 2004 se reunieron en un salón del Enargas (Ente Nacional Regulador del Gas) representantes de los consumidores y representantes de las empresas de energía para participar de la audiencia pública donde se trataría el primer incremento en la tarifa durante el kirchnerismo. Néstor Kirchner había acordado con las petroleras establecer ajustes sucesivos del precio del gas en boca de pozo hasta fines de 2006. El presidente había elaborado un plan que contemplaba la posibilidad de aumentar las tarifas para los usuarios residenciales durante esos años (2004-2006). Las organizaciones de consumidores se negaron a aceptar la propuesta y la audiencia se interrumpió por incidentes. Fue entonces cuando Héctor Formica, presidente de Enargas, dio por terminada la audiencia. Ésta quedó firme legitimando la primera modificación de los cuadros tarifarios durante los gobiernos kirchneristas. Aunque parezca increíble, esa audiencia, celebrada hace 12 años, acaba de ser invocada por el ministro Aranguren para avalar el ajuste en la tarifa de gas implementado en abril de este año, argumento que fue rechazado por la Sala II de la Cámara Federal de la Plata para luego anular el aumento. ¿Qué argumenta el oficialismo? Muy simple: que el tarifazo actual es una “adecuación transitoria” que no hace más que continuar la negociación contractual comenzada hace 12 años (el 6 de mayo de 2004) y que permanece inconclusa porque el gobierno de Néstor Kirchner no la terminó. Vale decir que se está en presencia de una de las interrupciones de audiencias públicas más prolongadas de la historia. Un absurdo, realmente. No lo considera de ese modo la abogada del Ministerio de Energía, Jimena Díaz, quien expresó que “la audiencia pública para dicha adecuación transitoria fue oportunamente celebrada con plena participación de usuarios y consumidores, así como de las asociaciones que quisieron participar, por lo que no tiene ningún sustento lógico pretender la celebración de una nueva audiencia pública a los mismos fines”. El camarista César Álvarez retrucó esa argumentación: “Dicha afirmación no resiste análisis como justificativo de la ausencia de celebración de audiencia pública previa al dictado de las resoluciones 31/2016 y 28/2016, medidas que conllevan una implicancia económica directa sobre las tarifas del servicio público de gas natural, toda vez que no se puede tener por satisfecha la obligación fundamental del Estado, respecto de los usuarios y consumidores, de brindar las herramientas de participación y protección de los derechos constitucionales de incidencia colectiva, a través de audiencias públicas celebradas años atrás”. Lo que dijo el magistrado, en buen romance, era que el argumento del oficialismo no resistía el más mínimo análisis y que debía, por ende, ser rechazado sin mayores dilaciones. Para zafar del papelón, el ministro Aranguren sostuvo que la audiencia que se realizará en octubre corresponde a la RTI (Revisión Tarifaria Integral) encargada de establecer los incrementos para 2017, lo que significa que nada tiene que ver con el tarifazo de abril. Y remarcó una vez más que el incremento aplicado en abril no requiere de ninguna audiencia pública porque se trata de una adecuación transitoria (fuente: Fernando Krakowiak: “Una explicación asombrosa”, página 12, 16/7/016).

Luego del presidente de la nación, Juan José Aranguren es hoy el miembro del gobierno más popular. ¿Quién es este funcionario que es defendido a capa y espada por Mauricio Macri? ¿Quién es este rey de la energía? Aranguren es ingeniero químico y en 1977 se incorporó a Shell, donde hizo una excelente carrera que culminó en 2003 siendo designado presidente de la filial argentina de la empresa angloholandesa. Durante la presidencia de Néstor Kirchner, Aranguren ordenó el incremento de los valores de la nafta y el gasoil entre el 2,6% y el 4,2%. La reacción del primer mandatario no se hizo esperar: llamó a un boicot a la empresa por aplicar aumentos abusivos. Esta medida tuvo un amplio consenso, lo que provocó una caída de las ventas de Shell del orden del 60%. Al poco tiempo, la empresa redujo los precios de los combustibles. En 2006 la Corte Suprema convocó al gobierno nacional, al gobierno bonaerense y al gobierno porteño para sanear el riachuelo. Además, ordenó a 44 grandes empresas, Shell incluida, a entregar subsidios de impacto ambiental. A raíz de las inspecciones realizadas en la refinaría de Shell en la localidad de Dock Sud, se descubrieron seis incumplimientos ambientales lo que obligó a la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable a proceder a la clausura correspondiente. Entre 2006 y 2007 la empresa fue sancionada con cincuenta multas por “insuficiente provisión de gasoil al mercado”. Además, la Secretaría de Comercio denunció a Shell y a Aranguren por desabastecimiento. Sin embargo, en 2011 un juez dictó la falta de mérito. A comienzos de 2014 Shell compró a un banco extranjero 3,5 millones de dólares a un precio superior al de la cotización oficial ($ 8,90 contra $ 7,10), lo que habría provocado una estampida de la divisa norteamericana.

Siendo ministro de Energía, Aranguren fue cuestionado cuando se supo que una empresa controlada por el ministerio de Energía había otorgado siete licitaciones (sobre un total de ocho) a la empresa Shell. También fue imputado por compras con sobreprecios a Chile y por haber otorgado beneficios a Shell, de la que continúa siendo accionista, con tarifazos energéticos. Además, se solicitó a la Oficina Anticorrupción que investigue la declaración jurada presentada por Aranguren y su incompatibilidad para ejercer el cargo, ya que como ministro de Energía no puede tener al mismo tiempo acciones en Shell tal como lo estipulan los artículos 13 y 15 de la Ley 25188. En 2006 fue denunciado ante el fiscal Carlos Stornelli quien expresó que Aranguren debe renunciar inmediatamente porque su actividad como ministro, además de perjudicar a la población, lo beneficia en su actividad privada (fuente: Google-Wikipedia). ¡Lo que no hubieran dicho los Leuco, los Castro, los Morales Solá y compañía si este escándalo hubiera sido protagonizado por el ministro de Energía de Cristina Kirchner! Pero como se trata de Aranguren callan miserablemente. Todo vale si ayuda a mantener en pie a un presidente que cada día se muestra más vacilante.

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