Por Antonio Rossi.-

Las demoras que arrastran las obras de las centrales térmicas que dependen del Gobierno y la situación límite que enfrenta el sector de la generación eléctrica llevaron a la administración macrista a adoptar una medida atípica y polémica.

Con el fin de cubrir el déficit de 400 MW de generación que se espera como mínimo para los próximos meses, el ministerio de Energía de Juan José Aranguren autorizó la contratación de dos proyectos de centrales térmicas que fueron desechados recientemente en dos rondas licitatorias por no haberse ajustado a los precios y a las condiciones técnicas que estaban en juego.

Las iniciativas que -por el crítico panorama del sector eléctrico- lograron entrar por la ventana al negocio de la generación son las correspondientes a Loma de la Lata 2 -del grupo Pampa Energía que controla Marcelo Mindlin- y MSU Villa María, a cargo de la firma Uensa que maneja Manuel Santos Uribelarrea, un empresario muy cercano al ex Jefe de Gabinete, Jorge Capitanich.

En la primera vuelta de la licitación de usinas térmicas de la resolución 21 realizada en junio, éstos dos proyectos habían quedado fuera de carrera porque sus precios eran muy altos.

En julio, las autoridades de Energía armaron un “repechaje” para que las empresas que no habían sido adjudicadas pudieran mejorar sus ofertas. En esa instancia, tanto Loma de la Lata como Uensa volvieron a quedar relegadas porque sus propuestas económicas no ingresaron al lote de las seleccionadas por precio y conveniencia.

Pese a estos antecedentes en contra, a fines de octubre la Secretaría de Energía Eléctrica, que conduce el ex cavallista Alejandro Sruoga, dio el visto bueno para que la CAMMESA salga a contratar los proyectos de las dos empresas.

En el caso de Loma de la Lata 2 serán seis generadores Wartsila que totalizan 100 MW. Y por el lado de MSU Villa María, tres máquinas General Electric de 137 MW.

El argumento esgrimido por Sruoga y Aranguren para cerrar esta inédita forma de contratación fue un crítico informe de la CAMMESA que alertó sobre los riesgos de cortes de suministros que se avizoran para 2017 y 2018 por las demoras registradas en las obras de las centrales generadoras que están en la órbita del Estado.

El informe de la compañía administradora del mercado eléctrico que pilotea el histórico Julio Bragulat puso sobre el tapete los siguientes retrasos y complicaciones:

• Central Nuclear Embalse: Los trabajos de extensión de su vida útil presentan “evidentes atrasos” sin fecha estimada de terminación.

• Centrales Ensenada y Brigadier López: Están a cargo de Iecsa -la empresa de Angelo Calcaterra, el primo hermano del presidente Mauricio Macri- e Isolux. Las obras están paralizadas y no sabe cuándo podrán concluirse los cierres de los ciclos combinados de ambas usinas.

• Central Vuelta de Obligado: Se financia con los recursos del Foninvemem (el fondo que se nutre con las acreencias que las generadoras tienen con el Estado) y con aportes de la estatal Enarsa. La usina debía terminarse a mediados de 2017, pero ya se sabe que tendrá un retraso mínimo de seis meses.

A los problemas originados por las centrales que dependen de los fondos estatales, se agregan otros escollos provenientes de los generadores privados.

Desde agosto, los operadores de las centrales térmicas vienen recortado los recursos orientados a los trabajos de mantenimiento y reparación de los equipos.

Esa medida -que podría afectar el funcionamiento de las usinas durante en los picos de demanda que se esperan durante el verano- obedecería a la falta de respuesta del Gobierno a los reclamos presentados por las deudas impagas que acumuló la CAMMESA.

Según los números que manejan los empresarios del sector, las facturas por cobrar ya trepan a casi 25.000 millones de pesos. Hasta ahora, lo único que propusieron las autoridades fue discutir un plan de pagos en cuotas y a tres años de plazo, una salida que las generadoras no están dispuestas a aceptar.

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