Por Antonio Rossi.-

En medio de las promesas y los millonarios anuncios de grandes obras en autopistas y rutas que van a venir, el administrador general de Vialidad Nacional, Javier Iguacel quedó en la mira de la justicia penal por una insólita designación en el staff gerencial del organismo que maneja un presupuesto anual superior a los 30.000 millones de pesos.

Iguacel -quien en las últimas semanas tuvo un marcado protagonismo en los medios denunciando los sobreprecios encontrados en las obras adjudicadas a Lázaro Báez- pasó por alto las normas vigentes de la administración pública y por una resolución interna puso al frente de la gerencia de “Planeamiento y Gestión de Infraestructura Vial” a un ciudadano estadounidense que ni siquiera tiene habilitado el título profesional de ingeniero.

Se trata de Eduardo Adrián Plasencia, quien de la mano de Iguacel desembarcó en el área clave de “planificación” de todas las obras y licitaciones que lleva adelante Vialidad Nacional.

El polémico nombramiento de Plasencia salió a la luz por una demanda penal impulsada por la Asociación Gremial de Profesionales y Personal Superior de Vialidad Nacional (AGPPSVN) que ingresó a Tribunales en la última semana de julio.

Con la firma del secretario adjunto de la entidad, José Raúl Rizzo; los profesionales de Vialidad denunciaron a Iguacel y Plasencia por abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario, malversación de caudales públicos y usurpación de títulos.

La denuncia -que quedó radicada en el juzgado en lo Criminal y Correccional Federal número 4 de Ariel Lijo- puso sobre el tapete que Iguacel “designó en un cargo a un ciudadano estadounidense de 26 años de edad que había terminado de cursar las materias de ingeniero un mes antes del nombramiento y que no tiene título profesional ni matrícula habilitante, en flagrante violación de la ley 25164, para que asuma la responsabilidad de diagramar la planificación de la Dirección Nacional de Vialidad”.

Entre otros aspectos, la presentación de los profesionales de Vialidad destacó los siguientes puntos relevantes:

• Por medio de la resolución 3/2016, Iguacel creó Coordinaciones Generales, Coordinaciones y Asesorías pese a que no tenía competencias para modificar la estructura organizativa de la repartición.

• Plasencia fue designado en el cargo de Coordinador de Planeamiento y Gestión de Infraestructura Vial sin que cumpla ninguno de los requisitos propios de la incumbencia y responsabilidad de la función.

• Según los requisitos de ingreso a la administración pública nacional, los funcionarios deben ser: a) ser argentino nativo, por opción o naturalizado; b) acreditar condiciones de conducta e idoneidad para el cargo, asegurando el principio de igualdad en el acceso a la función pública y c) aptitud física para el cargo.

• Plasencia no cumple con los requisitos de ingreso a la función pública en virtud de su condición de extranjero y por carecer de condiciones de idoneidad, título de grado y matrícula habilitante.

• Además, el sueldo fijado para Plasencia es una suma que supera el doble del monto percibido por la máxima autoridad del organismo. Esta conducta configuraría una malversación de caudales públicos por el hecho de que le fijó a una persona que ni siquiera podría ingresar a la administración pública, un sueldo que supera el doble del que percibe la máxima autoridad de la repartición.

Iguacel -al igual que la mayoría de los responsables de los organismos públicos y empresas estatales de la administración macrista- llegó a la conducción de Vialidad sin tener antecedentes, ni experiencia en el sector.

Su carrera gerencial en el ámbito privado se dio en el negocio petrolero, donde ocupó diversos cargos ejecutivos en YPF, Pecom y Pluspetrol. En el terreno político, su incursión electoral como candidato de Cambiemos en el partido de Capitán Sarmiento no llegó a buen puerto. En las elecciones del año pasado, no pudo arrebatarle el municipio al histórico Oscar Ostoich del Frente para la Victoria, quien fue elegido por quinta vez como intendente.

El titular de Vialidad es el segundo funcionario de alto rango del ministerio de Transporte de Guillermo Dietrich que debe afrontar una denuncia en la Justicia.

El primero fue el timonel de la Sociedad Operadora Ferroviaria (SOFSE), Marcelo Orfila por haber cedido sin licitación el negocio de las pólizas y seguros de los ferrocarriles a la filial local del grupo Aon Risk Services que pilotea Jorge González Gale, un ex gerente del grupo Macri.

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