Por Antonio Rossi.-

Mientras va tomando forma la idea empezar a transferirles a las provincias el pago de los subsidios a las empresas de colectivos, los técnicos de la cartera de Transporte tienen en carpeta un nuevo esquema de ajuste para subir las tarifas de los servicios urbanos y de media distancia de la región metropolitana.

Admitido en parte por el ministro Guillermo Dietrich y en sintonía con los compromisos asumidos con el FMI para achicar el déficit fiscal mediante la reducción de subsidios, el ajuste en danza prevé llevar el valor del boleto mínimo de 10 a 12 pesos en los primeros días de agosto.

Tras ese aumento del 20%, sobrevendría otro incremento del 25% en noviembre para elevar el boleto mínimo a 15 pesos.

Con estos incrementos que tiene que terminar de aprobar Dietrich, el Gobierno lograría cerrar el año con un nivel de subsidios similar al desembolsado en 2017 en torno de los 50.000 millones de pesos.

Pese a que las subas en juego van a tener un impacto directo en el índice de inflación -del 1% en agosto y del 1,2% en noviembre-, los funcionarios de Transporte consideran que no les queda otra alternativa que actualizar las tarifas para poder cumplir con las nuevas metas de reducción de gastos y subsidios que impuso el ministro de Economía, Nicolás Dujovne con el visto bueno del presidente Mauricio Macri.

A principios de año, el área de Transporte había dispuesto un esquema de subas graduales para las tarifas de los colectivos de la región metropolitana que se aplicaron en los meses de febrero, abril y junio, elevando el valor del boleto mínimo de 6 a 10 pesos.

Para atemperar el impacto de las subas en los bolsillos de los usuarios, la administración macrista implementó un nuevo sistema de tarifa multimodal por el cual los pasajeros que utilizan más de un medio de transporte abonan sólo el 50% del precio del segundo pasaje y el 30% del tercer boleto que tengan que pagar en un lapso de 2 horas.

Con esos aumentos, el ministerio de Dietrich pensaba llegar a fin de año sin necesidad de volver a tocar las tarifas. Pero, la crisis cambiaria y la fuerte devaluación que registró el peso trastocaron todos los planes y las compensaciones económicas que tenía comprometidas el Estado para los servicios públicos.

En el caso de los servicios ferroviarios -donde los boletos mínimos oscilan, según las líneas, entre los 3,25 y 6,75 pesos-, los aumentos bajo análisis también promediarían el 20% en agosto con otro salto del 25% en el último bimestre del año.

Para aplicar la nueva tanda de incrementos en colectivos y trenes, los funcionarios de Transporte aguardarían a que se levante el amparo judicial que está trabando la actualización de la tarifa del subte.

Según la información que recibieron del gobierno porteño, la traba judicial quedaría liberada en los primeros días de agosto con lo cual la tarifa del subte pasará sin escalas de 7,50 pesos a 12,50 pesos.

Aunque no lo reconozcan públicamente, uno de los principales disparadores que tuvieron en cuenta los funcionarios para delinear los próximos aumentos tarifarios del transporte han sido las remarcaciones que se vienen en las estaciones de servicio.

A contramano de lo que había declarado cuando asumió el cargo, el nuevo ministro de Energía, Javier Iguacel ratificó la “liberación” de los precios de los combustibles que implementó su antecesor Juan José Aranguren en octubre del año pasado.

Con el visto bueno del ministro, las petroleras tienen ahora las manos libres para subir los precios cuando quieran y todo lo que permita el “mercado”.

En lo que va de julio, ya se registraron tres aumentos que oscilaron entre el 8% y 12% y llevaron el valor del litro de nafta premium por encima de los 40 pesos en varias localidades del interior del país.

Desde las petroleras sostienen que, tras el salto de la cotización del dólar, los precios actuales registran un atraso que ronda entre el 25% y 30%.

Más allá de las diferentes estrategias comerciales que despliega cada una, hay algo en que coinciden todas las refinadoras y comercializadoras de combustibles. Quieren alinear los precios de los surtidores con los valores del mercado internacional en el menor tiempo posible.

Y con ese objetivo, se aprestan a aplicar pequeños retoques de precios cada 10 ó 15 días que seguramente van poner de malhumor a los usuarios y empresarios cuyas actividades están atadas al consumo de combustibles líquidos.

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