Por Antonio Rossi.-

Mientras las empresas de colectivos del interior comienzan a hacer agua por la falta de actualización de los subsidios que reciben del área de Transporte, el titular de esa cartera, Guillermo Dietrich no para de incrementar sus gastos presupuestarios con nuevas incorporaciones de asesores y colaboradores.

Casi al mismo tiempo en que la Legislatura de Tucumán procedía a votar la ley que declara el “estado de emergencia en el servicio del transporte público provincial” y habilita el pago de subsidios desde el Poder Ejecutivo provincial, Dietrich sumó media docena más de contratados -tres mujeres y tres hombres- que tienen una llamativa particularidad.

Son todos extranjeros y para poder incorporarse a la administración pública lo hicieron por medio de seis “decisiones administrativas” específicas que llevan la firma del Jefe de Gabinete, Marcos Peña.

El nombramiento que más ruido generó -tal como reflejaron algunos medios digitales- fue el de la mexicana María José Jiménez Alcocer. Se trata de una profesora de teatro y “coach actoral” que, según la decisión administrativa (DA) 1021 de Peña, va a “realizar actividades de carácter transitorio” en la Secretaría de Obras de Transporte que está bajo la órbita de Dietrich.

Radicada hace pocos meses en Argentina donde dicta “seminarios de actuación y de dirección de actores”, Jiménez Alcocer es -de acuerdo con su curriculum- egresada del Laboratorio William Layton de Madrid y, entre otras tareas, ha sido docente en “técnicas vocales, corporales e interpretativas” en varios centros de estudios de México.

Junto con esta insólita contratación, Dietrich logró introducir otras cinco designaciones de extranjeros en su “staff” de funcionarios y colaboradores. En todos los casos fue necesario que el Jefe de Gabinete aprobara los ingresos con una previa y expresa excepción a las restricciones para las personas que no nacieron el país que establece la ley 25.164 que regula el empleo público nacional.

Los nuevos asesores extranjeros que van a desplegar sus tareas en la Secretaría de Obras y en la Subsecretaría de Coordinación Administrativa del ministerio de Dietrich son los siguientes: Julia Fiorese Reis; Joan Manuel Ochando Ortiz, Hernán David Gavilán, Luisa María Colonia Zúñiga y Miguel Andrés Paz Herrera.

Fiorese Reis es una abogada brasileña especializada en la problemática del transporte en los países del Mercosur. En tanto Colonia Zúñiga es una “comunicadora social y periodista” de Cali (Colombia) que ya había sido contratada en 2016 por la administración porteña de Horacio Rodríguez Larreta para que “coordine” la cooperación internacional de la red de bibliotecas públicas de la ciudad de Buenos Aires.

Casi en simultáneo con estas contrataciones que van a contramano de la reducción del gasto público que el presidente Mauricio Macri salió a exigirle a las provincias, el gobierno de Tucumán que encabeza Juan Luis Manzur se vio obligado a poner a las empresas locales de colectivos bajo el paraguas del “estado de emergencia” para evitar la paralización de los servicios debido al recorte de los subsidios nacionales que viene aplicando Dietrich.

El proyecto de Manzur que declara la “emergencia en el servicio de transporte público provincial” fue aprobado sin cambios por la Legislatura provincial. La ley -que consta de siete artículos- reconoce la crítica situación del sector y habilita al Poder Ejecutivo provincial a desembolsar un subsidio de 20 millones de pesos mensuales en concepto de “asistencia económica” para el parque de casi 1.100 colectivos que prestan servicios locales y de media distancia.

A cambio de esa ayuda económica, los empresarios deberán mantener las fuentes de trabajo durante los dos años que dure la emergencia. Los nuevos subsidios de la provincia estarán destinados a cubrir “el incremento en la estructura de costos de los ítems correspondientes a las remuneraciones de los trabajadores del sector, originados en acuerdos paritarios, y al mantenimiento del parque automotor”.

La intervención de la provincia se concretó luego de que Dietrich se negara a actualizar los subsidios nacionales que reciben las empresas tucumanas.

La falta de reconocimiento de la Nación de los mayores costos operativos registrados en los últimos meses por las subas salariales y los aumentos de los insumos y repuestos y la imposibilidad de aplicar un nuevo ajuste en las tarifas finales que pagan los usuarios llevaron a la provincia a esta salida de urgencia.

Pero tanto los funcionarios, como los empresarios coinciden en que esta salida no alcanza para resolver los problemas de fondo que arrastre el sector y que mientras la inflación y los precios internos no paren de subir, todas las medidas serán transitorias y un mero paliativo para poder mantenerse a flote.

En la misma línea que Tucumán, también estarían Corrientes, Río Negro y Chaco y no se descarta que en esas provincias también se declare al transporte público de pasajeros en emergencia en las próximas semanas.

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