Por Antonio Rossi.-

Con el fin de apuntalar el relato “antimafioso”, que viene flojo de papeles y con un bajo nivel de credibilidad, el Gobierno salió a desplegar por medio del diario Clarín una operación de prensa que busca dejar mal parado al empresario del ámbito portuario Miguel Doñate, a quien el presidente Mauricio Macri había acusado sin prueba alguna de ser un integrante de las “mafias del poder que frenan el cambio en el país”.

Con datos sesgados de un “paper” que allegados a la Jefatura de Gabinete y al ministerio de Transporte estuvieron distribuyendo en los últimos días entre los medios y periodistas que responden al oficialismo, Clarín publicó una extensa nota contra Doñate destacando que, tras el ataque presidencial, la Justicia lo había acusado de los mismos delitos por los cuales fue detenido el ex titular del SOMU, Omar “Caballo” Suárez.

La nota consigna que la investigación judicial -que está en la órbita del juzgado federal de Sebastián Casanello- se inició hace pocos días cuando el fiscal Ramiro González le dio curso a una denuncia presentada por las agencias Marítima Meridian y Beteleuse Shipping Service S.A. del grupo Samarín contra la empresa Donmar de Doñate por los supuestos delitos de extorsión, entorpecimiento de las vías navegables y puesta en peligro de las embarcaciones.

Según la denuncia de Meridian, la empresa de Doñate -que actúa como administradora de un sector de los Prácticos de Bahía Blanca- retrasó el ingreso adrede de ocho buques al puerto y exigió el pago de “sobrecostos” en efectivo y por adelantado para acceder al servicio de practicaje.

Ahora bien, lo que el diario y los voceros oficiales omitieron decir en forma deliberada es que la investigación judicial no es nueva, sino que ya tiene más de dos años de antigüedad y que los principales testigos que propuso Meridian terminaron favoreciendo la posición de Doñate al desechar la existencia de los delitos en danza y ratificar que los problemas con los prácticos se suscitaron porque la agencia marítima no quiso aceptar las condiciones de pago del servicio.

Tanto el personal de la Prefectura Naval (PNA), como los funcionarios del propio ministerio de Transporte de la Nación que fueron a declarar al juzgado confirmaron tres datos clave que, llamativamente, no fueron señalados en la nota periodística.

–En el puerto de Bahía Blanca el servicio de practicaje no está monopolizado y es prestado en dos empresas diferentes de prácticos.

–A contramano de la denuncia de Meridian, la navegación y el tráfico en las vías navegables nunca se vieron afectados.

–Ninguna embarcación que operó en la zona portuaria bahiense estuvo en situaciones de riesgo y peligro por el accionar los prácticos.

LAS DECLARACIONES TESTIMONIALES

El 26 de abril de 2016, el Jefe de la División Investigación de Acaecimientos de la Navegación de la PNA, Carlos Aníbal Panciroli afirmó en su declaración lo siguiente:

–El hecho que se investiga es un tema comercial entre las empresas Donmar y Meridian, donde la PNA no puede tomar intervención.

–En este caso puntual, el servicio nunca fue negado y lo único que se pedía era el pago previo.

–En el área de Bahía Blanca existen dos empresas de practicaje, motivo por el cual Meridian podía haber contratado el servicio de la otra empresa (ESEM SA)

–Todas las demoras que se produjeron se debieron a que la empresa Meridian y subsidiarias no querían otra empresa de prácticos que no fuera Donmar.

–Había una clara intención de Meridian de trabar la operatoria portuaria. La firma Donmar, a los fines de evitar dicha traba en la operatoria del puerto, ofreció sus servicios gratuitos a fin de trasladar el buque en cuestión hasta la boya 17 zona de fondeo para este tipo de buques.

–No hubo riesgo en la seguridad de la navegación en ningún momento, como así tampoco entorpecimiento del servicio bajo ningún concepto. El resto de los buques que no fueran de la empresa Meridian se movían con total normalidad.

Por su parte, el actual Subsecretario de Puertos y Vías Navegables, Jorge Metz -que fue a declarar el 4 de octubre del año pasado- aportó, entre otros, los siguientes datos:

–A partir de 1991 lo que se ejerce es la libre competitividad entre empresas de servicios en cada zona de practicaje obligatorio para los usuarios y armadores.

–En el puerto de Bahía Blanca “existen dos empresas agrupadas en dos sociedades diferentes con dos empresas de lanchaje independientes y con una administración independiente que compiten en la prestación del servicio y en el valor de los mismos”.

–Interrogado sobre la puesta en peligro de alguna embarcación y entorpecimiento del transporte por agua contestó que no recordaba nada.

En tanto, en el testimonio brindado esta semana, el Práctico del puerto de Bahía Blanca, Eduardo Doná resaltó los siguientes puntos:

–El servicio de practicaje lo paga el armador (dueño del barco) o charteador (el que alquila el barco) según sea el contrato a través del agente marítimo quien es su representante. Lo paga a la empresa de practicaje según se convenga entre partes. Si el cliente es un buen pagador tiene cuenta corriente como es habitual ya que se trata de clientes reconocidos, sino debe pagar antes que sea realizado el servicio de la misma forma que uno paga un boleto antes de viajar.

–Nunca se le negó el servicio de practicaje a la empresa Meridian. Pero al ser Meridian un pésimo pagador se le pasó a exigir el pago del servicio antes de ser realizado.

–En los casos de los buques Lynk y V/T Stenta Perros de setiembre 2015, no se negó la prestación del servicio y solo se le pidió a Meridian que pagara antes el servicio por su conducta de mal pagador.

–Preguntado si a raíz de los hechos denunciados tiene conocimiento sobre la puesta en peligro de alguna embarcación y entorpecimiento del transporte por agua, contestó que “no corrió riesgo ninguna embarcación porque las mismas estaban amarradas en forma segura o en zonas de fondeaderos habilitadas”.

Más allá de las declaraciones de los testigos que echan por tierra las supuestas maniobras extorsivas de Doñate y los prácticos, lo que resulta inquietante es el comportamiento intimidatorio y casi extorsivo que viene exhibiendo el presidente Macri al utilizar los actos oficiales para “escrachar” a los que no están alineados con el Gobierno con el mote de “mafiosos del poder”.

Y más preocupante aún es que los medios y comunicadores que antes ponían el grito en el cielo cada vez que Cristina Kirchner usaba el micrófono oficial para acusar sin pruebas a los opositores como “destituyentes”, ahora acepten pasivamente y, en algunos casos hasta festejen, los ataques similares de Macri a las personas que según su particular visión “impiden y atrasan los cambios que necesita el país”.

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