Por Guillermo Cherashny.-

Cuando CFK adjudicó el soterramento del Sarmiento a la UTE integrada por la brasileña Odebrecht, IECSA de Angelo Calcaterra, primo del presidente, y la italiana Guella, socia de IECSA, y otras empresas menores, el total de la obra era de 1600 millones de dólares y luego, como señalamos ayer, cuando Marcelo Odebrecht fue detenido en Brasil, esa empresa abandonó la UTE y se perdió todo el financiamiento, que provenía del BNDES. Pero en junio del 2016, el presidente Macri, por el DNU 797, en vez de relicitar la obra por la deserción de la empresa que tenía la mayoría de la UTE, le dio toda la obra a IECSA de Angelo Calcaterra y por 3000 millones de dólares, el total que había pedido esa empresa.

Como señalamos también ayer, Carlos Verna, el actual gobernador de La Pampa, denunció a su antecesor porque una empresa brasileña, OAS, abandonó la UTE y para Verna se debió relicitar el acueducto del río Colorado. Pero a nivel nacional no sólo se la concedió a una empresa que era minoritaria en la UTE original y se lo concedió una ampliación de 1600 millones de dólares, cuando en realidad sólo correspondían 700 millones de dólares, aunque estas cifras pueden ser motivo de discusión y probablemente no sea delito. No obstante, el DNU 797 del presidente Macri no fue convalidado por la comisión bicameral de los DNU, porque cambiar el financiamiento internacional por el estado argentino puede ser impugnado por las constructoras que licitaron en su momento.

Al respecto, el ministro Dietrich dijo que ya consiguió un financiamiento de 1000 millones de dólares, por lo cual sería el primer caso de la ley de participación pública y privada, hoy aprobada en Diputados. Pero la comisión que se creó para determinar si hay irregularidades deberá observar todo este procedimiento anormal.

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