Por Carlos Tórtora.-

La disputa sobre los aumentos de tarifas en los servicios públicos en general tiene un escenario judicial que todavía no pasó al primer plano pero que no se debe desestimar.

En numerosas provincias se presentaron amparos contra los últimos aumentos, sobre todo de electricidad, y en los próximos días podrían ser otorgados algunos. La expectativa del oficialismo es que en segunda instancia las cámaras en lo contencioso administrativo revoquen los amparos que puedan otorgarse. Sin embargo -y aun cuando los aumentos no dejen de aplicarse- los reclamos podrían llegar a la Corte Suprema de Justicia a través de recursos extraordinarios. Que están en juego problemas de rango constitucional no hay duda alguna ya que lo que se cuestiona sobre todo es la falta de razonabilidad de los aumentos en relación a los salarios actuales y el carácter confiscatorio de los mismos. Por otra parte, no hay duda de la gravedad institucional del tema.

Un cambio de eje

Esta perspectiva nos lleva directamente a la posibilidad de que sea la Corte Suprema y no el Congreso la que le ponga un punto final a la cuestión. La tensión entre Ricardo Lorenzetti y Mauricio Macri a todo esto no ha desaparecido ni mucho menos y Elisa Carrió, con su pedido de juicio político y sus embestidas contra Lorenzetti, prueban que la Casa Rosada sigue tratando de acotar los movimientos del presidente de la Corte. La jurisprudencia sobre tarifas de este tribunal aportaría precedentes como para una modificación de los cuadros tarifarios dispuestos por Juan José Aranguren.

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