Por Jorge Raventos.-

El miércoles 10 el oficialismo experimentó el vértigo de su condición de minoría parlamentaria: las diferentes fuerzas de oposición coincidieron para imponerle una sesión especial de la Cámara de Diputados en la que se pondría en estado de revisión la política de tarifas a la energía que el gobierno procura imponer (hasta el momento con poco éxito) y en la que se quería conseguir la interpelación del ministro del área, Juan José Aranguren.

En el tema de las tarifas hasta la tropa propia del Congreso está encabritada. La oposición consiguió el quórum con la colaboración de un diputado radical. Fue uno, pero en la UCR son muchos los que mastican contenidamente su contrariedad, tanto por la política tarifaria esbozada como por los procedimientos desprolijos con los que se ha intentado ponerla en práctica, que han redundado en costo político alto para la coalición oficialista. Los radicales están resentidos porque contribuyen a pagar ese precio, pero no se sienten debidamente consultados en la acción de gobierno.

Desde la coalición oficialista, otra socia, la siempre notoria Elisa Carrió, ya había reclamador una revisión del tema tarifario antes de que la Corte se pronuncie.

El gobierno se dispone ahora a escuchar al grupo de los ex secretarios de Energía, un grupo de funcionarios de distintas posturas políticas (varios de ellos miembros de Cambiemos) que desde hace varios años vienen estudiando la problemática del área y han alcanzado coincidencias propias de una política de Estado. Hasta el momento el consejo de los ex secretarios no había sido orgánicamente recabado.

Las organizaciones de consumidores se quejan de no ser escuchadas. Y uno de los argumentos por los cuales la Justicia suspendió la aplicación de los aumentos es el haber omitido las audiencias en las que los distintos actores del sector pueden informar y ser informados.

El gobierno sufre desgaste en ese tema por su reticencia a escuchar (lo que piensan socios, consumidores, técnicos, ex funcionarios y la oposición constructiva).

Lo curioso es que virtualmente todos estos sectores están de acuerdo en que es indispensable desmontar el desastre que dejó el gobierno K en el campo energético y también en que es inevitable una actualización de las tarifas. Difieren, eso sí, en los modos y ritmos de la actualización. Y, en algunos casos, reclaman una discusión amplia del plan estratégico.

La resistencia (o indiferencia) frente a esas opiniones quizás implique que el gobierno no ha querido poner en discusión los aspectos instrumentales de su plan pues se proponía (quizás sigue haciéndolo) hacer las cosas a su manera, siguiendo un guión preestablecido.

El susto del miércoles en Diputados es un recordatorio de que la política no es (ni exclusiva ni principalmente) una técnica para decidir sobre cosas, sino un arte destinado a ganar voluntades y coordinar intereses, aspiraciones y posibilidades de personas. De muchas personas.

El presidente oficialista de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó, practicó en la emergencia el arte que el gobierno a menudo olvida: escuchó, negoció y salvó a Aranguren de la interpelación ante el pleno de la Cámara accediendo a que se presente ante un plenario de cinco comisiones de Diputados.

Esa práctica in vitro de la política que ejecutó Monzó debería generalizarse. El gobierno necesita comprender las condiciones de la cogobernabilidad que surgen de la realidad: el oficialismo ganó el comicio presidencial, pero no las legislativas ni buena parte de las provinciales. Eso le exige negociar más asiduamente.

En la república democrática, además de tener proyectos hay que tener la capacidad de ponerlos en práctica (fuerza, organización, disciplina, presencia en distintas arenas: desde internet hasta la calle o viceversa).

El gobierno actual surgió del hastío social generado por un régimen que hablaba y no escuchaba. Escuchar es, por lo tanto, un mandato implícito de la sociedad.

La oposición constructiva plantea sus objeciones pero no pone palos en la rueda. El movimiento obrero advierte que “vamos de mal en peor” y espera respuestas sin apurar los tiempos. Los movimientos sociales, que marcharon masivamente el domingo, buscan la interlocución de un comité de crisis que atienda la situación de los más vulnerables.

Si se escucha, se puede avanzar. La sordera produce inmovilidad frenética.

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