Por Guillermo Cherashny.-

Las idas y vueltas del tarifazo, que ya llevan más de tres meses, siguen su curso, ahora en manos de la Corte Suprema, que le giró el expediente a la procuradora para que emita opinión no vinculante.

Aranguren, el ministro responsable del sinceramiento tarifario, aceptó de mala gana una audiencia informativa que las entidades de defensa de los consumidores consideraron que no es legal y se verá lo que determina la justicia, aunque la solución debe ser política.

El gobierno no quiere la audiencia, porque tendría que blanquear que los aumentos del gas y electricidad en boca de pozo contienen el subsidio a las compañías petroleras, que cuesta entre 5 y 6000 millones de dólares, y así, el gas boca de pozo que se compra a Bolivia está en U$S 3 y el que se importa por barcos y a Chile está cerca de U$S 5. Pero los 2/3 que se producen localmente se pagan U$S 5 el millón de BTU y el gas «nuevo», a U$S 7,50. Pero como no hay control, las petroleras dicen que casi todo es nuevo y de ese modo, al encarecer el boca de pozo, la tarifa se va a las nubes.

En tanto, la electricidad es casi toda térmica, es decir, basada en petróleo que a nivel internacional está en U$S 40 pero al productor local se le pagan U$S 67 lo que también manda la tarifa a niveles impagables para muchos sectores. De ahí el reclamo de la oposición de que se anule el tarifazo y se decrete en una audiencia pública un nuevo cuadro tarifario que no registre el subsidio a las petroleras y que tampoco incluya las inversiones de las empresas, que se deberían hacer por endeudamiento.

Así las cosas, las nuevas tarifas serían razonables y podrían ser pagadas por todos, y hacer un esquema de tres años para ir actualizando el atraso, que es muy considerable.

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