Por Antonio Rossi.-

A pocos días de haberse convertido en el primer integrante del “equipo” del ministro Guillermo Dietrich en ser denunciado penalmente por los supuestos delitos de lavado y evasión; el director de Transporte Fluvial y Marítimo, Gustavo Deleersnyder volvió a quedar en la mira por una nueva denuncia efectuada por empresarios navieros.

A contramano de la normativa vigente que establece la obligación de contratar marineros argentinos, Deleersnyder autorizó a Maruba -la naviera vinculada con el detenido ex titular del SOMU, Omar “Caballo” Suárez- a operar fletes de cabotaje con una tripulación de filipinos que cobran apenas un tercio de la remuneración establecida para el personal local.

El polémico permiso otorgado por Deleersnyder, con el visto bueno de Dietrich, le permitió a Maruba mantener a bordo del buque alquilado de bandera liberiana que fue rebautizado con el nombre “Perito Moreno” a tripulantes de Filipinas que están contratados en forma precaria y bajo legislación extranjera.

De acuerdo con la denuncia planteada por empresas nucleadas en la Cámara Naviera Argentina (CNA), el “Perito Moreno” sólo estaba habilitado a prestar servicios de cabotaje con tripulación extranjera hasta un día después de Navidad.

Maruba -la empresa manejada por los hermanos Rodríguez que aparece involucrada en la causa judicial que tiene en sus manos el juez federal, Rodolfo Canicoba Corral y por la cual se encuentra en prisión el ex titular del SOMU- había traído el buque que tiene bandera de Liberia a fines de noviembre para prestar servicio en la línea Buenos Aires-Ushuaia.

Según la ley de cabotaje vigente, un buque alquilado que opere por más de treinta días con fletes domésticos tiene que tener obligatoriamente tripulación local bajo el régimen laboral argentino.

El período de gracia para los tripulantes filipinos caducó en la última semana de diciembre y en vez de emplazar a Maruba para que cumpla con las disposiciones legales, el titular de la Dirección de Transporte Fluvial y Marítimo le extendió la excepción para el personal extranjero hasta fines de enero y dejó abierta la posibilidad de nuevas prórrogas.

Desde las navieras afectadas por la llamativa protección concedida a Maruba indicaron que están a la espera de que el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich proceda a corregir esta situación. En caso contrario, no descartan llevar sus reclamos a la Justicia.

Deleersnyder fue denunciado penalmente la semana pasada por los supuestos delitos de lavado de activos y evasión por el fiscal de investigaciones administrativas, Sergio Rodríguez.

De acuerdo con la denuncia que quedó en manos del juez federal, Ariel Lijo y el fiscal Guillermo Marijuán, el funcionario de Transporte habría creado una sociedad offshore con el objetivo de facturar en el extranjero servicios locales y, de esa forma, evadir impuestos. Asimismo, la presentación apuntó a la constitución de otras dos sociedades en el extranjero que se utilizarían para comprar activos con el dinero obtenido de las empresas offshore.

Deleersnyder, un protegido de Dietrich, arrastraba una polémica situación fiscal que quedó al descubierto por una denuncia de empresarios navieros por presunta evasión y adquisición de propiedades en el exterior con fondos no justificados. Esa denuncia llegó a manos de Rodríguez luego de no haber sido tenida en cuenta por el ministerio de Dietrich y la Oficina Anticorrupción de Laura Alonso.

Más allá de la polémica decisión de Deleersnyder favorable a Maruba, lo que también ha generado críticas y suspicacias en el sector es la falta de reacción de dos actores clave del ámbito laboral.

Ni el ministerio de Trabajo que conduce Jorge Triaca, ni la intervención del gremio del SOMU que encabeza Gladys González han salido a reclamar por las fuentes laborales que están en juego para los marítimos locales.

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