Por Antonio Rossi.-

A pocos días de que comiencen a llegar a los hogares e industrias las boletas de gas con el último ajuste tarifario que el Gobierno calculó en un 36% promedio, pero que según varios analistas podría oscilar entre el 50% y el 60% con respecto a los valores de octubre pasado, los principales actores del sector gasífero volvieron a quedar en la mira por un duro informe de la Auditoría General de la Nación (AGN).

Con la firma de todos los auditores que representan al oficialismo y a la oposición, la AGN puso al descubierto que el ENARGAS -el ente regulador del sector- no controla ni penaliza como corresponde a las distribuidoras privadas del servicio, las cuales arrastran varios incumplimientos operativos que ponen en riesgo la seguridad pública.

Con fecha 19 de abril, la AGN que comanda el ex diputado nacional del PJ santafesino, Oscar Lamberto, aprobó el “informe de auditoría” que deja mal parada tanto a la anterior gestión K, del ENARGAS que encabezó Antonio Pronsatto, como a la actual intervención macrista que preside David Tezanos.

El trabajo de la AGN tuvo como fin “verificar la implementación y aplicación de los controles ejercidos por el ENARGAS y la distribuidora Litoral Gas, con relación a la operación y mantenimiento de los sistemas de distribución de gas natural, como así también las medidas correctivas, multas y penalidades aplicadas ante deficiencias relacionadas con la seguridad pública”.

Si bien el período auditado abarcó desde enero de 2012 a junio de 2014, las conclusiones del informe advirtieron que las deficiencias detectadas en los controles y en las demoras en el cobro de las multas a las concesionarias aún no han sido corregidas en su totalidad.

La auditoría colocó sobre el tapete las siguientes falencias del ENARGAS:

–El ente no mantiene actualizadas las normas para controlar la operación y mantenimiento de los sistemas de distribución de gas y las mismas tampoco se encuentran identificadas por tema en la página web, ni compiladas en manuales de procedimiento.

–Ante la comprobación de incumplimientos por parte de las distribuidoras y subdistribuidoras existen criterios disímiles de actuación por parte de los Centros Regionales y las Gerencias intervinientes en cada caso.

–Los funcionarios del ente proceden a archivar reclamos efectuados por terceros, sin comprobar que las distribuidoras hayan cumplido con lo ordenado por el organismo ante el reclamo formulado.

–En lo que respecta a las bases de datos que ha implementado el ENARGAS (Base Unificada de Auditorías, Base Unificada de Sanciones, Sistema de Incidentes y Fugas y Sistema de Gestión de Reclamos), pudo verificarse que las mismas no resultan completas ni autosuficientes y que se encuentran desactualizadas por lo que no permiten realizar el seguimiento del desempeño de los sujetos de la industria del gas.

–Existen falencias y demoras en la tramitación de los expedientes que impiden el adecuado y oportuno cumplimiento de las funciones propias del ente y la aplicación de sanciones. Asimismo, se registran demoras en la resolución de recursos planteados por terceros y en los que se refieren a los controles que ejercen las distribuidoras sobre las subdistribuidoras.

–El ente no posee un criterio predeterminado para planificar las auditorías que realiza, evidenciándose deficiencias en los procedimientos de selección de las muestras.

–Con relación a los “instaladores matriculados”, no ha cumplido con la publicación del Registro Nacional de Matriculados en Sistemas de Combustión, dispuesto por el propio Organismo en la Resolución ENARGAS N° 902/09, ni ha implementado el aplicativo desarrollado para el registro de todos los matriculados en las distintas categorías.

–En cuanto al pago de multas aplicadas, de la documentación suministrada (recibos de pago y extractos bancarios) no pudo verificarse los montos abonados, existiendo inconsistencias en cuanto a las fechas que surgen de ambos documentos.

— Las auditorias efectuadas por el ente sobre los “planes de emergencia de las distribuidoras” no cumplen con todas las exigencias previstas los instructivos y los trámites de sanciones se demoran más de lo normal.

Más allá de las fallas e inconsistencias en el funcionamiento del ENARGAS, el informe de la AGN también alertó sobre la inusual y polémica situación planteada con la distribuidora privada Litoral Gas.

Según resaltaron los auditores el trabajo “tuvo una limitación dado que no pudieron llevarse a cabo aquellos procedimientos referidos a Litoral Gas porque la empresa no brindó respuesta alguna, señalando que como está sometida al control y regulación del ENARGAS, todo requerimiento y actuación debía efectuarse ante ese organismo”.

A modo de recordatorio, la AGN les remarcó a los responsables del ENARGAS que de acuerdo con el marco regulatorio “los sujetos activos de la industria del gas están obligados a operar y mantener sus instalaciones en forma tal que no constituyan peligro para la seguridad pública, y a cumplir con los reglamentos y disposiciones”.

Y que las empresas operadoras del servicio están “sujetas a las inspecciones, revisiones y pruebas que periódicamente decida realizar el Ente, el que tendrá facultades para ordenar la suspensión del servicio y la reparación o reemplazo de instalaciones y equipos, o cualquier otra medida tendiente a proteger la seguridad pública”.

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