Por Antonio Rossi.-

A casi tres meses de haber asumido, el gobierno de Alberto Fernández mantiene en la nebulosa a la principal proveedora de energía eléctrica del país que aún sigue bajo el mando de los funcionarios nombrados durante la administración de Mauricio Macri.

Al igual que lo que sucede con otros organismos clave del sector energético, todavía no han sido designadas oficialmente las nuevas autoridades que deben hacerse cargo de la conducción y operación de la Entidad Binacional de Yacyretá.

La insólita y llamativa demora en el desembarco de los nuevos directores y consejeros de la EBY tiene como telón de fondo la pelea interna que se registra entre el Secretario de Energía, Sergio Lanziani y su superior, el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas.

La tradición e historia muestran que el puesto de “Director Ejecutivo” de la EBY ha estado, casi siempre, en manos de un representante de la provincia de Misiones.

Desde que asumió a mediados de diciembre, Lanziani viene bregando para colocar en ese cargo a Walter Tamis, su hombre de confianza que lo acompaña desde hace varios años.

Pero tanto Kulfas, como los ex padrinos políticos de Lanziani, los ex gobernadores Carlos Rovira y Maurice Closs, han logrado hasta ahora trabar esa designación, pero sin poder imponer a un candidato propio.

Por esta indefinición, aún sigue manejando los hilos de la EBY el equipo de funcionarios de la anterior gestión macrista que integran Enrique Goerling, Clodomiro Risau, Juan Marcelo Gatti, Alejandro Sruoga y Alberto Devoto.

En medio de esta situación y alarmados por varias decisiones económicas polémicas que se registraron en las últimas semanas, la Asociación del Personal Argentino de Yacyretá (APAV) salió a pedir una urgente reunión con Lanziani para denunciar las irregularidades que “afectan el normal desarrollo institucional” de la EBY.

En la nota oficial donde solicitan la reunión con el titular de Energía, los directivos de la APAV destacaron que consideran necesario “poner en su conocimiento nuestra profunda preocupación por la situación irregular que viene sucediendo desde el 10 de diciembre de 2019 hasta la fecha, que si bien no ha sido una excepción a estos últimos cuatro años de gestión, se ha incrementado produciendo diversas irregularidades de actos administrativos, contrataciones a través de empresas afines por plazos y montos excesivos comprometiendo gravemente a futuro el patrimonio de la entidad”.

La misiva -que lleva las firmas del secretario de la APAV, Juan Romero y el presidente, José Correa- precisó que existen “anomalías contractuales con terceros vinculados a la EBY mediante actos vinculados a negocios contrarios a las necesidades operativas que desatienden las cuestiones básicas del mantenimiento programando de la central hidroeléctrica”.

Los directivos de la APAV finalizaron la nota a Lanziani reclamando una medida clave que había prometido Alberto Fernández en la campaña electoral y que hasta ahora sigue en veremos por las disputas en el área energética: la realización de “una auditoría interna que impida la continuidad de dichas irregularidades y permita revisar todo lo actuado en la EBY” durante el período macrista.

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