Por Pedro Álvarez Bustos.-

Ante la pregunta de un periodista, el señor gobernador de La Pampa, contador Oscar Mario Jorge, expresó que “la verdad es que estoy perplejo”. Esto ocurría en los primeros días de junio y se refería a una nota periodística que daba cuenta de que a Mendoza, en el nuevo juicio por el Atuel, se le había otorgado una ampliación de 30 días para contestar la demanda de La Pampa.

Audiencias y más audiencias

Que lo mismo había sido comentado en una audiencia, en la cual el Presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación había recibido a la senadora radical Laura Montero. No fue resultado de la audiencia y la resolución ya estaba firmada, desde el día antes, por los cuatro ministros.

Sabido es que, el mero trámite de tratamiento, redacción y firmas, demanda varias jornadas.

Mendoza, a mediados de mayo próximo pasado, había solicitado esa ampliación. La resolución -según el doctor Ricardo Lorenzetti-, llevaba la firma de los cuatro ministros de la Corte Suprema. Se había accedido dada la “complejidad del asunto”, el “volumen de la documentación” y “la trascendencia del caso”.

Agregó el gobernador que puesto en comunicación con el Estudio Badeni y Laplacette contratado, especialmente por La Pampa, para llevar adelante el proceso judicial, se convino que dicho Estudio “enviaría un borrador con un abanico de posibles vías de acción para que el gobierno pampeano decida cuál de ellas tomar”.

Sin duda, el accionar del señor gobernador fue inaudito, desmesurado e incluso reprochable.

El titular de poder ejecutivo pampeano, que jurídicamente es obtuso, pretende decidir cuál es la vía a tomar, por encima de los especialistas contratados al efecto.

Reincide, como con las colectoras

Lo “lerdo” o “tardo” del gobernante ya se había puesto de manifiesto -una vez más- cuando últimamente quedó en evidencia con el decreto que, respecto a las colectoras, el Superior Tribunal de Justicia declarara inconstitucional, ha pedido tanto del Partido Justicialista, como del Fiscal de Estado.

Previo a la sentencia, el Gobernador había cuestionado al Fiscal de Estado por haberse presentado pidiendo la inconstitucionalidad de su decreto.

El gobernador pampeano Oscar Mario Jorge, pretendió seguir defendiendo su decreto y a través de su agrupación Compromiso Peronista impugnó la resolución que hiciera lugar a las colectoras, por ante el Tribunal Electoral de La Pampa.

Tampoco tuvo éxito el último intento oficialista y una vez más cayó la argumentación del pseudo especialista.

Procede evocar algún antecedente. Como Fiscal de Estado intervine en defensa de La Pampa con cuatro gobernadores distintos y jamás a ninguno de ellos se le ocurrió indicar el procedimiento a seguir, ni se lo hubiese aceptado.

Antes de ahora, recordábamos que en Reunión Interprovincial de Fiscales de Estado de la República Argentina (Del 01° al 04/10/1981), La Rioja, presentamos una ponencia desde cuyo título (Fiscalía de Estado no integra el Poder Ejecutivo) se puede inferir su contenido y conclusiones.

Entre las funciones del Fiscal de Estado se mencionaron que es el representante necesario de la Provincia en los juicios contencio-administrativos y en los que tienen como finalidad la controversia de intereses patrimoniales del Estado; así mismo ejercer el contralor legal de los actos de gobierno y goza de una real autonomía en sus funciones. Puede oponer la inconstitucionalidad o demandar la nulidad de actos administrativos.

Si bien el Fiscal de Estado es designado por el Gobernador, con acuerdo de la Cámara de Diputados, ello no implica dependencia alguna. No es un funcionario de rango inferior que deba obediencia al Gobernador, ni su discrepancia tiene solo la opción de callar o irse. Nada más atroz y vituperable.

Vuelta al caso del Atuel

Durante la cuarta semana de junio, el gobernador volvió a reiterar que es “una locura” que la Corte Suprema de Justicia haya recibido en audiencia a la senadora mendocina Laura Montero (el 21/06/15, electa como Vice gobernadora de Mendoza), quien habría hecho lobby por el conflicto atuelino.

Expresó Jorge, “es una locura lo que sucedió, realmente uno quedó perplejo por la situación de que el presidente de la Corte reciba a una de las partes, de la demanda iniciada por el gobierno de La Pampa contra Mendoza”.

Nuevas confusiones inadmisibles. Una senadora no representa judicialmente a una provincia y quien inició el proceso fue La Pampa, como provincia y no su gobierno, ni su gobernador, por más que haya firmado escritos ejerciendo una representación que no tiene.

Sigue diciendo nuestro primer mandatario, “por lo menos vamos a presentar algo”. Si fuere de su sapiencia, puede ser cualquier verdura. “Zapatero a tu zapatos” (Ne sutor ultra crepidam; Plinio el Viejo, Tratado de Historia Natural, siglo I).

Hemos venido expresando durante más de 30 años que el Gobierno no es la Nación; ni el Gobierno es el Estado; ni el Gobierno es la Provincia o el Poder Ejecutivo es la Provincia.

Mientras una Provincia tiene su propia naturaleza jurídica que se distingue, entre otras calidades, por su permanencia, un Gobierno no la tiene.

Lo importante será ver si se violó la acordada 7, del 2004, que exige una audiencia entre las partes legalmente representadas. Esto en cuanto al aspecto jurídico.

Pero no debe obviarse la óptica política, dado que la Corte Suprema es un Alto Tribunal jurídico-político. Y como lo dice un eminente constitucionalista habría que ver cómo puede repercutir un reclamo provincial sobre el hecho en cuestión y la ineficacia de cualquier revocatoria que se pretenda interponer contra la decisión de la Corte de ampliar el plazo.

Por qué no contesta Mendoza

He ahí el quid de la cuestión. Es prácticamente inusual e imposible que una provincia demandada en mayo del 2014 no ha contestado todavía las acciones deducidas y ahora haya sido beneficiada con 30 días hábiles más.

Así como en La Pampa, el gobierno imprimió la presentación inicial y le fue entregada a ONG y diversas reparticiones públicas, también en la provincia de Mendoza se hicieron de copias y las multiplicaron con creces.

No solamente en La Pampa poseen copias íntegras ciudadanos, ONG y reparticiones interesadas, sino también en Mendoza la demanda pampeana no es desconocida especialmente por expertos y/o simplemente interesados en el tema del Atuel.

Es decir, la ampliación no agrega ni quita nada. Los mendocinos ya tienen su respuesta y solo siguen ganando tiempo, como lo vienen haciendo desde hace más de cien años.

Y, se aprovechan de gobernantes como el pampeano actual, más proclive a las carreras de autos que a colocar hectáreas bajo riego.

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