Por Carlos Tórtora.-

La ejecución por parte de los EEUU de Qassem Soleimani, escaló significativamente el conficto y se esperan represalias iraníes. Soleimani, como comandante de las Fuerzas Quds, dirigía al Partido de Dios, Hamas y la Jihad Islámica Palestina y Kataeb Hezbollah, una fuerza terrorista chiíta con gran presencia en Irak. También era un gran aportante de los talibanes en Afganistán. A todos les brindó entrenamiento, armas y dinero. Mucho dinero.

La magnitud política de la operación, que fuera anticipada por una amenaza de Donald Trump hace 72 horas, hace prever que la confrontación entre ambos países entró en una escalada militar difícil de volver atrás.

Mientras tanto, en Buenos Aires se libra una batalla política que es colateral de la guerra mundial contra el terrorismo. Fiscal del caso AMIA, Alberto Nisman murió cuatro días antes de exponer ante el Congreso sobre su denuncia a Cristina Kirchner, entonces presidenta, por encubrimiento en el caso del Memorándum de Entendimiento con Irán, que dejaba libres de responsabilidad penal a una serie de altos funcionarios iraníes acusados por el atentado a la AMIA.

La muerte de Nisman dio pie a la sospecha de su asesinato, apoyada por el peritaje realizado por Gendarmería Nacional. Este esquema dio lugar a otra presunción, que sectores del gobierno kirchnerista pudieran tener relación con la muerte del fiscal.

La nueva trama

Un segundo capítulo de esta historia se está abriendo ahora, apenas en el inicio de un nuevo gobierno kirchnerista. Mientras iba escalando de nivel el conflicto entre los EEUU e Irán, la ministra de Seguridad Sabina Frederic anunció que su cartera se disponía a realizar una nueva pericia sobre la muerte de Nisman. Esto provocó la inmediata reacción judicial aclarando que sólo el juzgado interviniente es competente para realizar otra pericia y que no hay ningún indicio en este sentido.

No obstante ello, la secuela siguió adelante y casi simultáneamente con la ejecución de Soleimani en Bagdad en Buenos Aires, Frederic anunció que se realizaría una revisión técnica del peritaje de Gendarmería, precisando que se trataría de una auditoría externa que no requeriría aprobación judicial alguna.

Intentando descifrar las intenciones del gobierno, parecería evidente que se busca desautorizar la pericia de Gendarmería reforzando la tesis del suicidio. De este modo se debilitarían las acusaciones al gobierno de Cristina Kirchner por cualquier responsabilidad por la muerte del fiscal. Pero una “revisión técnica” con tales resultados también implicaría un revés para la diplomacia de los EEUU, comprometida con la hipótesis de que la gravedad de las acusaciones de Nisman le valieron la muerte. O, en otras palabras, que las complicidades del gobierno argentino con el régimen iraní sellaron el destino del fiscal.

Así las cosas, los hechos se dieron de tal modo que CFK estaría intentando descomprometerse del caso Nisman al mismo tiempo que escala la crisis con Irán. Una mala combinación para la Casa Rosada.

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