Por Luis Orea Campos.-

El acoso laboral se ha tornado una práctica tan común que se ha convertido virtualmente en una especie de pandemia que se expande e invade tanto ámbitos públicos como privados, locales e internacionales, a punto tal que mereció la atención de la Organización Mundial del Trabajo (OIT).

En la 108° Conferencia Internacional del Trabajo celebrada en Ginebra (Suiza) en junio de 2019 se logró la aprobación del Convenio N° 190 sobre acoso y violencia laboral con el voto de 439 delegados de diversas naciones del mundo sobre un total de 476 lo que da la medida de la intensidad y penetración de esta problemática.

Sin perjuicio del significativo avance que implica este Convenio, Paula Donovan, activista por los derechos de las mujeres y codirectora de la campaña del Código Azul resaltó la ironía de que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y sus agencias queden excluidas del mandato del Convenio, lo que le da inmunidad en sus lugares de trabajo, incluidos los de los países que ratifiquen el tratado favoreciendo las conductas inapropiadas impunes.

Muchos expertos descreen de la eficacia que puedan tener las iniciativas contra el acoso en organizaciones internacionales justamente porque la inmunidad diplomática de sus delegaciones, la complejidad de sus mecanismos internos, la extensión geográfica de su estructura burocrática y el prestigio de que gozan hacen muy difícil que las víctimas obtengan respuestas a sus denuncias.

Aunque formalmente existen reglamentaciones internas que en teoría protegen a víctimas y testigos, las denuncias llegan a oídos de los acosadores que entonces incrementan la presión para lograr la desafectación de la o el agente que le podría causar inconvenientes en su gestión.

A pesar de las denuncias el hostigamiento a veces continúa bajo otras formas amparado por la indiferencia de los funcionarios que ocupan niveles superiores residentes a miles de kilómetros y que ante una denuncia optan por la permanencia del acosador y en cambio promueven sutilmente el alejamiento de la víctima aún a riesgo de perjudicar el funcionamiento de la institución y alentar las conductas impropias.

Muchas veces colabora con estas dudosas políticas internas la dificultad que presenta establecer la diferencia entre el acoso y la exigencia de resultados, porque a veces es muy difícil percibirla sobre todo cuando el acosador es hábil para ocultar sus maniobras. La línea entre una y otra es muy delgada.

Las reglas entonces por más estrictas que aparenten ser se amañan y se estiran para la protección corporativa de los abusadores, se deforman hechos, se exigen pruebas imposibles y se presiona a las víctimas de diversas maneras como por ejemplo utilizando procedimientos reglados supuestamente con la finalidad de mejorar la gestión de los agentes para mantenerlos amenazados y eventualmente generar causas para el despido mediante exigencias incumplibles.

Así surge de investigaciones periodísticas realizadas en varias organizaciones de las Naciones Unidas y otras no gubernamentales en las que se recibieron muchos testimonios bajo condición de anonimato que revelaron que el acoso se manifiesta de diferentes formas y con distintos objetivos pero siempre con la nota distintiva del ejercicio abusivo de posiciones de poder

El principal problema en estas organizaciones entonces no estriba en que existan acosadores que abusan de su posición dominante sino la impunidad que les brindan las estructuras superiores hasta que la situación se torna inocultable y estallan los escándalos.

A principios de este año Justin Forsyth, número dos de una organización internacional como UNICEF cuyo objeto es precisamente la acción humanitaria en protección de personas desvalidas víctimas de los abusos del poder, de las hambrunas y de los conflictos bélicos, se vio forzado a renunciar por acusaciones de conductas configurativas de acoso laboral de larga data que eran ocultadas.

En el orden local, fuentes gremiales de trabajadores de Unicef Argentina que pidieron reserva mencionaron una encuesta realizada a fines del año 2018 que reveló que al menos un 20% de los agentes de distintos niveles padeció de maltrato y acoso de sus superiores en diversas formas.

Las fuentes mencionaron también un pedido de asistencia que la comisión directiva del sindicato había recibido en 2018 por parte de una agente jerárquica de la filial local de la organización conducida actualmente por Luisa Brumana que invocaba el hostigamiento por parte de su superior sin obtener soluciones por las instancias competentes.

Aunque el acoso con móviles sexuales es el más común los expertos aseguran que el más difícil de detectar es el acoso moral, porque no toda desavenencia profesional implica o da origen al así denominado, cuya característica principal asienta en la repetición. Son actitudes, palabras, conductas que, tomadas por separado pueden parecer anodinas, pero cuya repetición y sistematización las convierte en destructivas y tóxicas.

El especialista González Pondal afirma que “el acoso psicológico llega a veces a producir en la víctima severos trastornos de salud”, provocando cuadros invalidantes que luego son utilizados por el acosador para lograr su finalidad que es el despido del agente.

Francia, Argentina, Rumania, Canadá e Inglaterra ostentan las tasas más elevadas de agresiones y acoso sexual en el lugar de trabajo, según indica la Oficina Internacional del Trabajo en su último informe basado en el estudio mundial más vasto que se haya realizado hasta ahora sobre la violencia en el trabajo.

“Pero la gran victoria alcanzada debería inspirar la esperanza de que la ONU pueda elegir cambiar con el tiempo y unirse a la revolución que defiende mejorando sus controles”, dijo Paula Donovan

“Cuando las mujeres sepan que están seguras, serán más productivas, estarán más inspiradas y más motivadas. Eso será beneficioso para todos, para las propias mujeres, para el movimiento laboral, para el sector empresarial y para los gobiernos”.

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