Por Carlos Tórtora.-

Ya no se trata de meras sospechas. La investigación que lleva adelante el juez Federico Villena sobre las posibles actividades terroristas de la tripulación del Boeing 747 venezolano iraní retenido en Ezeiza parecen encaminarse hacia un tema mayor. Se trata de la comprobación del funcionamiento de redes terroristas de Hezbolla en Sudamérica y del tráfico de armas realizado por las mismas a través de empresas como las aéreas iraníes Mahan Air y Qeshm Air, que están involucradas en el tráfico de armas, equipamiento y personas para la Fuerza Quds. El aumento del volumen político del tema descoloca en primer lugar al gobierno argentino que, a través de Agustín Rossi y Aníbal Fernández, se aferró a la inocente teoría de que se trataba de un vuelo escuela en el que los pilotos iraníes oficiaban de instructores. Durante muchos años la Mossad y la CIA sostuvieron que la Triple Frontera era el asiento de una estructura logística de apoyo a Hezbolla. Esta hipótesis, minimizada por el kirchnerismo, se actualiza ahora con el caso del avión.

La repercusión en Washington

En la cancillería argentina, hay funcionarios preocupados porque el caso del avión venezolano iraní pueda proyectar su sombra en la reunión que mantendrán Joe Biden y Alberto Fernández el próximo 25 de julio. En la agenda de Biden figuraría la preocupación por la relación especial que el gobierno k mantiene con China y Rusia. Pero a esto podría sumársele la crítica a la forma de actuar en el caso del avión, si la investigación judicial avanza en dirección a detectar actividades terroristas.

En la Casa Rosada no se descarta que, en una de sus clásicas volteretas en el aire, Alberto deje pagando a Aníbal Fernández y Rossi y se pliegue a la hipótesis de que estamos frente a un plan terrorista. Todo depende de hasta dónde avance Villena y si llega a comprobarse fehacientemente el tráfico de armas.

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