Por Hernán Andrés Kruse.-

Dilma Rousseff, la expresidente de Brasil que fue víctima de un golpe de Estado que la expulsó del poder en 2016, estuvo unas horas en nuestro país para recibir el Premio Rodolfo Walsh otorgado por la Universidad de La Plata. También se hizo tiempo para dialogar largo y tendido con Martín Granovsky y Darío Pignotti. En su edición del 13 de mayo Página/12 publicó dicha entrevista, cuyas partes salientes son las siguientes.

La derrocada presidente de Brasil comenzó recordando que ella fue una más de las miles de personas que acompañaron a Lula hasta Curitiba para que brindara testimonio ante el juez Sergio Moro. Dijo Rousseff: “Como Lula habló verdades con pasión, dignidad y honor, salió magníficamente bien. Denunció algo que pasa en Brasil y podría estar pasando en otros países. Dijo que una de las instancias de juzgamiento no está prevista en el estado democrático de Derecho: los grandes medios. Los grandes medios producen un juzgamiento previo. No hay un juicio explícito, no hay derecho de defensa y no hay debate. Se produce una condena civil, un desmantelamiento de la moral de la persona. La destrucción física acaba con el enemigo. La destrucción a través del lawfare, la guerra jurídica, quiere aplastar la ciudadanía del individuo, destruye el derecho civil de manifestarse”. Sin embargo, Lula está primero en las encuestas de intención de voto tanto para una primera vuelta como para el ballotage. Al respecto, señaló Rousseff: “Hay dos cosas. Una es la creencia absurda en este programa de pérdida de derechos de la población y pérdida de las expectativas populares. Pero al mismo tiempo no consiguieron separar a Lula del PT. El ataque barrió todos los partidos. Al nuestro no. Ni siquiera con sus argumentos absurdos” (…) “Te acusan de que sabías. ¿Y cómo hace uno para probar que no sabía? Sería la prueba por el absurdo. Es un costado terrible de la violencia institucional de los últimos tiempos. Incluso más allá del lawfare, el concepto es que la persona tiene que probar que no sabía nada de los hechos ilícitos por los que es acusada. Todo está alterado. Hoy, en Brasil, la Constitución no es la Constitución. La Constitución es aquello que los ministros del Supremo Tribunal de Justicia dicen que es. Otro elemento más a tener en cuenta es que el STJ sostiene que quien tuvo una responsabilidad importante y una jerarquía superior seguro que consiguió esconder las pruebas de que cometió un delito. O sea que a ciento por ciento de responsabilidad, ciento por ciento de delito. También, para completar el absurdo, les sirve la teoría del dominio del hecho, utilizada por el procurador fiscal”. Y agregó: “uno de los funcionarios judiciales llegó a decir que no tenía pruebas sino convicciones. La frase sintetiza la gravísima situación judicial que acompaña al resto del panorama brasileño. Lo que está haciendo el gobierno ilegítimo no es un ajuste al modelo que construimos. Es un cambio profundo llevado a cabo por un gobierno que no surgió de los votos”.

Rousseff reconoció que el PT quiere volver a ser gobierno: “Todo partido que tenga proyecto político tiene la obligación de querer volver gobernar o de querer gobernar por primera vez. Partidos que no tengan esa pretensión no son partidos políticos sino otro tipo de agrupación” (…) “El país está enredado en dos temas importantes. Por un lado una crisis económica enorme. Los sectores del poder intentan solucionar esa crisis cambiando el proyecto político que gobernó en los últimos años. Por otro lado Brasil experimenta una crisis política que tiene una enorme componente de desequilibrio institucional. Incluso en ese desequilibrio hay una innovación: la primacía de una parte del Poder Judicial sobre los poderes Legislativo y Judicial. Se sobrepone. Son segmentos del Poder Judicial que instalan en Brasil una verdadera situación de “lawfare” (…) “la utilización de la ley como arma fuera de las reglas del Estado de Derecho” (…) “El gobierno actual quiere entregarles al mercado y a los grandes medios un proyecto completamente neoliberal de liquidación de derechos que comenzaron a construirse en la década del 40 del siglo pasado. Derechos de los trabajadores, sobre todo. La supresión de derechos cambia la concepción de la relación entre empresarios y trabajadores. La legislación laboral brasileña concibe al trabajador como el lado más frágil. Por lo tanto el Estado entraba en juego, hasta ahora, para regular la relación. Impedía la barbarie en la relación de trabajo. Hoy estamos volviendo a la barbarie. Quieren prolongar la jornada de trabajo o dejarla a discreción del empresario. Buscan permitir que las mujeres embarazadas trabajen en condiciones insalubres” (…) “La barbarie quiere destruir los sindicatos y reducir el papel del ministerio de Trabajo para amortiguar la relación asimétrica entre patrones y empleados” (…).

“Hoy es difícil”, razona la ex presidente, “encontrar en Brasil una política y una visión del mercado que no tengan una preponderancia financiera. Lo financiero es hegemónico. Lo mismo en los Estados Unidos, en la Unión Europea o en la Argentina. Bien: el mercado se junta con los grandes medios oligopólicos. Entonces…o el gobierno actual produce las reformas que pide el mercado y le entrega las conquistas sociales, y pierde al apoyo total de la población, o se aleja de ese acuerdo y entonces pierde la legitimidad ante el mercado. Es una encrucijada”. Rousseff reconoce la existencia en Brasil de un partido con dos cabezas: una, la mediática; otra, la judicial. Y agrega: “De hecho en Brasil no hay partidos tradicionales y al mismo tiempo de masas como el PT. Sí hay partidos clásicos, con programas, como el Partido Comunista de Brasil o el Partido Democrático Trabalhista. Pero por ejemplo la extrema derecha tiene dificultades para estructurar partidos” (…) “¿Qué fracasó? Fracasaron los partidos conservadores liberales del tipo del Partido de la Socialdemocracia Brasileña, el PSDB, y también el Partido del Movimiento Democrático Brasileño, el PMDB. Los grandes medios, entonces, sustituyeron a los partidos que no terminaban de consolidarse. En términos estratégicos se mueven con una premisa: lo que es correcto para Brasil es lo que está previsto en el recetario del mercado financiero. No interesa si no funciona. Debe aplicarse”.

Rousseff opina que habría que preocuparse especialmente “del programa, que en la Argentina fue adoptado con mucha fuerza en el pasado pero pudo ser revertido en los años de gobiernos populares, para destruir la fuerza de los trabajadores, empezando por los sindicatos. Tal vez en la Argentina sea más difícil llevarlo a la práctica, pero igual hay que estar atentos: la idea de ellos es reducir a casi nada el poder de los trabajadores en relación con el capital. El plan es considerar esa relación como una relación entre iguales. Entonces el contrato de trabajo pasa a ser algo que no protege a nadie de nada. Otro objetivo del mercado es privatizar en Brasil con la misma intensidad utilizada en otros países de América Latina. El tercer punto es la utilización del lawfare, la guerra jurídica. Como no pueden destruir físicamente a su enemigo, quieren destruirlo civilmente”. Ante la pregunta de cuál es la misión que se autoimpone hoy, la ex presidente respondió: “Comencé a participar en política a los 16 años. Desde los 16 hasta los 63 no tuve ningún cargo parlamentario. No fui senadora ni diputada a ningún nivel. Tampoco concejal ni intendenta. Pero participé intensamente de la política. Para eso no hace falta un cargo público. Tuve el honor de ser electa para la Presidencia de Brasil. Para hablar de candidaturas hay que analizar cada circunstancia concreta”.

Rousseff afirma y reafirma que fue víctima de un golpe de Estado: “El punto débil del actual proceso es que es eminentemente antidemocrático. Ese carácter antidemocrático permite que hagan todas las barbaridades contra el país. Hay un enorme desequilibrio institucional, una pérdida económica, una pérdida de la autoestima social, un error profundo en la política exterior. Todo eso solo puede ser reconstruido a través de un proceso democrático que pacte las condiciones. Nosotros no perdimos en un contexto democrático. Fue un golpe. Por eso no lo aceptamos. El golpe construyó una derrota. En el mundo de lo arbitrario la derrota es real. Pero es una derrota ficticia desde el punto de vista democrático. Debemos revertir la arbitrariedad”. Por último, hizo un esbozo de autocrítica del período en el que el PT fue gobierno: “Brasil no es un país simple, no es un país de solo dos sectores y, al contrario de lo que piensa mucha gente, no es un mero productor de commodities. Tiene una sociedad compleja con complejas estructuras de poder. Nos equivocamos al no haber percibido el grado de sectarismo, intolerancia, radicalidad y antidemocratismo de la élite brasileña. Pensamos que era posible convivir democráticamente con ella. La libertad de expresión, en la que creemos y a la que respetamos, no es la libertad de formar oligopolios. Al contrario. La libre competencia, que les produce alergia a los grandes medios de Brasil, es algo que debe ser debatido. Cuando comenzamos a discutir cómo realizar una regulación que impidiera los oligopolios como ocurre con cualquier otro sector, los grandes medios nos acusaban de combatir la libertad de prensa. Pero tenemos que reflexionar más sobre este punto. Argentina, por ejemplo, tuvo su ley de comunicación audiovisual. Pero además de legislar bien, ¿qué más hay que hacer para revertir el oligopolio? Discutamos cómo en este proceso la sociedad crea muchos competidores, muchas empresas, comunitarias, cooperativas o no, para ampliar el espacio democrático. No es fácil. Parte del poder se localiza y se concentra en los grandes medios. Y parte en los bancos. Los dos sectores son el escenario de la mayor concentración” (…) “Las élites brasileñas no tienen pudor”. Las argentinas tampoco.

En su edición del 13 de mayo, La Nación publicó un artículo de Eduardo Fidanza titulado “La grieta de la confianza en las instituciones”. Sus párrafos salientes son los siguientes: “Si se define la grieta como un enfrentamiento profundo por razones ideológicas, la evidencia de la investigación muestra que ese fenómeno no es mayoritario en la sociedad argentina, sino que incumbe a minorías influyentes debido a su compromiso militante y a la repercusión que alcanzan en los medios y las redes. Lo que se observa es una disparidad de opiniones respeto del Gobierno, condicionada por el nivel socioeconómico de las familias. Eso divide por la mitad al electorado, retrotrayendo la situación al resultado del ballottage de 2015” (…) “Par los argentinos la grieta es otra cosa, más concreta, que se expresa como una brecha entre aspiraciones y logros: llegar a fin de mes, conservar el trabajo, progresar económicamente, educar a los hijos, liberarse de los delitos, y poder adquirir lo necesario y lo superfluo, como sucede en una sociedad de consumo” (…).

“Según el último sondeo de Poliarquía, el 46% de los argentinos teme perder su trabajo, el 32% afirma que su familia tiene dificultades para llegar a fin de mes, el 40% dice que su situación económica empeoró el último año y apenas el 23% cree que el país atraviesa un buen momento”. Sin embargo, “el 53% considera que el país mejorará en los próximos meses y el 55% que la economía se recuperará en los próximos tres años. En medio de esta compleja trama estalló el caso del “dos por uno”, que reabre heridas y habilita otras lecturas de la grieta. Esta vez la sociedad no se dividió: la gran mayoría repudia el “dos por uno” por razones pragmáticas, propias del sentido común: la gente no quiere que a los criminales le aligeren las penas. No le interesa que la Justicia prevea atenuantes; cree que el que delinquió debe pagar con la mayor severidad” (…) “En esta ocasión, las víctimas del pasado y del presente coincidieron en el repudio. Detrás de estos consensos, que podrían ser virtuosos, no hay sin embargo una intención orgánica de la sociedad y sus organizaciones. Ocurren de manera confusa y desordenada. Estallan al compás de instituciones públicas cuyo comportamiento luce espasmódico o indescifrable. Se advierte aquí otra fisura: la de los poderes del Estado, carentes de coordinación y visión de conjunto. La sociedad desconoce por qué la Corte Suprema falló justo en este momento sobre un tema tan controvertido. Muy pocos entienden los nexos que vinculan a los representantes de los tres poderes” (…).

“Los daños de la anomia institucional no son menores. En pocos días se incrementó el desprestigio social de la Corte Suprema, el Congreso legisló bajo presión popular como si la democracia fuera directa, el Gobierno estuvo tres días en silencio para rectificar luego su primera opinión que llamaba a respetar el fallo, la Iglesia minimizó la reconciliación para que no se pensara que es un apoyo encubierto al “dos por uno”. En fin, una comedia de desaciertos e incongruencias que explica otra grieta profunda, aunque menos advertida: la de la confianza de los argentinos en sus instituciones” (…) “La sociedad, que atraviesa con esperanza las dificultades económicas sin ahorrarse sufrimiento, necesita que las instituciones le provean liderazgo, ejemplo y visión. Si ellas renuncian a esos atributos, el país podrá tener una mejora temporaria, pero seguirá navegando entre el desconcierto y la irrelevancia, sin sentar las bases de un desarrollo humano y económico duradero”.

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