Por Carlos Vilchez Navamuel.-

Las experiencias en diferentes países con Estados benefactores son claras. El fracaso es el común denominador. Los Estados estatistas y benefactores son poco eficientes, gastan en demasía, crean élites y gollerías en la función pública, encarecen los servicios, elevan los impuestos y producen corrupción. Esto ha sucedido aun en países donde la mayoría de ciudadanos se saben son honestos, como es el caso de Suecia, donde el Estado Benefactor sucumbió. Suecia se dio cuenta de esto hace muchos años y por eso cambió su modelo político y económico. Sin embargo, mientras eso sucedía en el norte de Europa, en el sur de ese continente, países como Grecia convirtieron al Estado Benefactor en una piñata para políticos, sindicatos y funcionarios públicos y algunos beneficios para los ciudadanos, sobre todo en el retiro y las pensiones.

Basta, es suficiente de tanta prueba y de tanto error, es hora de dar un giro completo, no debe castigarse más a la mayoría de los ciudadanos a costa de grupos privilegiados que insisten en mantenernos dentro de este modelo, algunos analistas como verán a continuación visualizan ya el ocaso de este sistema.

Nuestra región no se queda atrás, el mejor ejemplo ha sido Venezuela, un país riquísimo, implantó el sistema estatista del Estado benefactor (Socialismo del Siglo XXI) y hoy día está en una crisis económica y política sin igual.

El conocido periodista cubano, Carlos Alberto Montaner, recientemente escribió un artículo titulado: “El ocaso del Estado Benefactor” El escritor inicia su escrito así: “Edmund S. Phelps, Premio Nobel de Economía en el 2006, ha escrito un artículo importante sobre los fundamentos de la fracasada economía griega. Explica cómo el gasto público excesivo, el endeudamiento, el déficit fiscal, el corporativismo, los contratos colectivos, los reclamos aplastantes de los sindicatos, el sistema de pensiones y la torpe manera de recaudar impuestos, han hundido la economía helena. Pero Phelp va más allá: advierte que Francia, Italia, e incluso Alemania, van por el mismo camino”.

En su artículo, Carlos Alberto Montaner advierte también que “A esa lista habría que agregar varios países latinoamericanos. Concretémonos en las tres democracias ejemplares de nuestro vecindario: Uruguay, Chile y Costa Rica. Las tres naciones comparecen en la lista de Transparencia Internacional como las más honradas y respetuosas de la ley. Las tres, sin embargo, presentan claros síntomas de decadencia relativa. No crecen lo suficiente, apenas innovan, los gobiernos gastan más de lo prudente, y sus estudiantes no dan la talla cuando contrastan sus conocimientos con los de casi todas las naciones de la OCDE”.

http://www.elblogdemontaner.com/el-ocaso-del-estado-benefactor/

Pero ¿Qué hacer ante semejante tarea? Para nosotros la fórmula es revertir lo hecho, para empezar reducir el gasto y la planilla de forma inteligente y sostenida, 10 años podría ser un tiempo suficiente, apertura económica real, bajar impuestos y facilitar en todo lo posible al emprendedor, al empresario y al inversionista el qué hacer para producir eliminando leyes y reglamentos que son de interés estatista.

Juan Carlos Hidalgo, analista sobre América Latina en el Cato Institute con sede en Washington, y premio Libertad ANFE 2014, escribió en su columna del periódico La Nación del 14-09-2015 que “La decimonovena edición de El índice de Libertad Económica en el Mundo publicado recientemente revela que en el período 1990-2013 las economías más libres crecieron en promedio más rápido (3,27% anual) que las menos libres (1,17%). Un mayor crecimiento sostenido en el tiempo explica por qué los países más libres tienen un PIB per cápita promedio 5,5 veces superior a las de sus pares con economías más intervenidas”.

http://www.nacion.com/opinion/columnistas/Libertad-economica_0_1512048783.html

Deberíamos estudiar en profundidad distintos programas de ajustes y reformas que se han llevado a cabo en otros países como por ejemplo en Suecia en los años 90 y Canadá posteriormente que en su oportunidad redujo el gasto del 50% al 45% del PIB y que acaba de reducir los impuestos y en Nueva Zelanda, que abarcó un recorte del 61% al 43% del PIB en los desembolsos de las Administraciones Públicas.

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