Por Alfredo Nobre Leite.-

Llama poderosamente la atención y sorprende que los integrantes de la Sala I de la Cámara Federal, Jorge Ballestero, Eduardo Freiler (con denuncia penal por presunto enriquecimiento ilícito) y Leopoldo Bruglia, notorios por sus fallos a favor del kirchnerismo, hayan dispuesto el cese de la inhibición de los bienes mal habidos de los notorios corruptos (perdón presuntos) Ricardo Jaime (y familia), notorio por la compra de material ferroviario obsoleto a Portugal y España para el ferrocarril General San Martín), Juan Pablo Schiavi, otro ex secretario de Transportes del kirchnerismo, y los ex concesionarios de los ferrocarriles Mitre y Sarmiento, Sergio y Mario Cirigliano, sospechados de la apropiación de subsidios y cohechos que utilizaban para el provecho propia (y devolver «retornos» del 25% a la familia Kirchner, presuntamente), en vez de realizar obras como reemplazar los frenos a las formaciones, que dio lugar a la tragedia de Once, con tantos muertos, heridos y mutilados.

Es por demás notorio que se trata de sedicentes corruptos que han lucrado con los recursos públicos, fruto de los subsidios y cohechos, que están suficientemente comprobados por la justicia y que los camaristas criticados no pueden ignorar. Con la cantidad de denuncias penales contra esos (presuntos) corruptos -que ex vox populi-, es tomar el pelo a la ciudadanía argumentando con el leguleyo «ningún habitante de la Nación puede ser penado sin juicio previo». ¡Qué las causas a los jueces federales!

Se trata de una aberración jurídica, y un fallo prevaricante, que deberá ser revisado por la Cámara Nacional de Casación, por apelación del fiscal, que defiende los intereses y bienes del Estado, como representante del Ministerio Público en los tribunales.

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