Por Luis Américo Illuminati.-

La Cámara Federal abre la puerta a que se investigue el mayor atentado de Montoneros. Le exigió a la jueza María Servini que dicte un nuevo fallo para determinar si debe o no investigarse el ataque terrorista que causó 24 muertos en 1976. La poderosa bomba colocada en el comedor de la Superintendencia de Seguridad Federal en 1976 provocó 24 muertos y 60 heridos y mutilados.

La Sala I de la Cámara Federal porteña ordenó a la jueza federal María Romilda Servini de Cubría que dicte un nuevo fallo respecto del pedido de un grupo de organizaciones civiles para investigar el atentado de Montoneros en el comedor de la Superintendencia de Seguridad Federal, en 1976. En noviembre pasado, la jueza se había negado a reabrir el expediente sin darles trámite a los planteos; sostuvo que la causa había sido declarada prescripta y que eso no podía revisarse. Ahora, los camaristas le exigen que analice nuevamente el caso.

Por su lado, el Centro de Estudios Sociales y Legales (CELS), sostiene que el ominoso atentado ya prescribió y que no se trata de un delito de lesa humanidad. Al respecto, cabe destacar que este organismo, además de estar comprendido en las generales de la ley, siempre calló sobre una cuestión fundamental. La imprescriptibilidad emanada de la legislación supraestatal aplicable a los crímenes cometidos por las organizaciones terroristas.

Desde una visión integral y no parcializada de los derechos humanos, no hay prescripción de ninguna naturaleza para guerrilleros que asesinaron a mansalva gente inocente, intentando voltear un gobierno constitucional libremente elegido por el pueblo para imponer un régimen totalitario en su lugar. No hay perdón ni olvido para estas aberraciones que son crímenes de lesa humanidad. Además, el CELS jamás tuvo en cuenta ni le importó la suerte del inmenso número de víctimas asesinadas por los Montoneros y demás organizaciones terroristas. Lo cual demuestra claramente su total falta de imparcialidad y notoria arbitrariedad, prueba irrefutable de su complicidad con la ideología y con el accionar subversivo.

El CELS es un organismo que hasta hace poco más de un año era su presidente uno de los principales autores del macabro atentado: el ex montonero y devenido periodista Horacio Verbitsky, quien dejó su cargo tras el escándalo que se desató cuando reconoció ser uno de los irregularmente vacunados contra el Covid-19 junto a funcionarios y amigos del círculo kirchnerista. Un hecho incuestionable que demuestra que los ex miembros de la organización terrorista «Montoneros» tenían un plan y un propósito político deliberado contra el Estado, lo constituye la indisimulable circunstancia de que muchos de ellos (o sus hijos) forman parte del gobierno kirchnerista, el cual ha tenido infinidad de gestos que prueban una conexión y una coincidencia ideológica con los móviles de la facción montonera de los setenta. Más aún, establecieron el día del Montonero -léase guerrillero (7 de setiembre).

Por último, es dable destacar que en 1991 la jueza Servini de Cubría fue acusada en el caso «Yomagate» de dejarse manejar la causa por el gobierno; la Cámara Federal le señaló 19 irregularidades. Y después de diez pedidos de juicio político -frenados en el Congreso por el menemismo- fue finalmente multada por la Corte con la ridícula suma de sesenta pesos. De modo que después de treinta años y desde una perspectiva humana y jurídica de ecuanimidad universal, la magistrada en cuestión tiene dos caminos: hacer justicia como corresponde, declarando la imprescriptibilidad de la causa o, en su defecto, pedir su jubilación.

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