Por Antonio Rossi.-

Un creciente clima de preocupación ha comenzado a notarse desde la semana pasada en la plana mayor de la empresa Iecsa, la constructora que maneja Angelo Calcaterra, el primo hermano del presidente Mauricio Macri.

El motivo de la inquietud y nerviosismo que afecta tanto a Calcaterra como al gerente general de Iecsa, Javier Sánchez Caballero está vinculado con el avance de la investigación judicial que lleva adelante el juez federal, Sebastián Casanello por el presunto enriquecimiento ilícito del ex titular del ente de control vial, Gustavo Gentili.

Federico Delgado, el fiscal que interviene en la causa contra el ex administrador kirchnerista del Órgano Controlador de las Concesiones Viales (Occovi), podría citar a declarar a los ejecutivos de Iecsa para que expliquen por qué tuvieron contratada como asesora por un lapso de cinco años a la esposa de Gentili, Laura Andino.

Estando al frente del Occovi, Gentili -que según la investigación de los Panamá Papers sería el titular de la sociedad off shore Rocma Equities Corp., de las Islas Vírgenes Británicas y de una cuenta bancaria en el Royal Trust Bank de Ginebra-nombró a su esposa como “interventora” de Autopistas del Sol (Ausol), la concesionaria privada del acceso Norte.

Además, entre 2010 y 2015, Andino prestó sus servicios de “consultoría y asesoramiento” a la empresa de Calcaterra que estaba bajo el control y la supervisión de Gentili por ser una de las ocho concesionarias de las rutas nacionales con peaje.

El fiscal y el juez Casanello quieren conocer los detalles de esa contratación y los montos pagados a la esposa del ex titular del ente regulador vial.

Iecsa integra la lista de las constructoras que más se ha visto beneficiada con las adjudicaciones de obras públicas durante la administración kirchnerista.

En los pasillos de tribunales consideran que la contratación de Andino funcionó como una devolución de favores a Gentili por no haberle aplicado todas las multas y penalidades que correspondían por la falta de inversiones y los atrasos en las obras detectados en los 1.335 kilómetros del corredor vial número 5 a cargo de Iecsa.

La semana pasada Casanello ordenó la concreción una serie de medidas de prueba para determinar los niveles de ingresos y la evolución patrimonial de Gentili y Andino.

Entre otros requerimientos, el magistrado solicitó información a la Afip, la Unidad Antilavado, la Caja de Valores, el Veraz, los registros inmobiliario y automotor, la IGJ y la Superintendencia de Seguros.

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