Por Guillermo Cherashny.-

En las épocas en donde el kirchnerismo ejerció más presión sobre la Justicia nunca pudo imponer una mayoría absoluta de nueve miembros sobre trece, lo que permite la exclusión de un juez con esa mayoría calificada previo un jury. Esa situación permitió que en el 2013, cuando fracasó el intento de la llamada «democratización de la justicia» por un fallo de la Corte Suprema y por el triunfo de Sergio Massa en la provincia de Buenos Aires, los jueces federales que habían «cajoneado» o sobreseído causas de funcionarios K se despertaran y comenzaran a actuar en forma independiente y abrir causas por corrupción. De todas formas, antes de esa fecha igual lo podían hacer, porque el cristinismo no tenía los 2/3 del consejo pero, como hacen siempre en Comodoro Py, no se juzga ni se investiga al poder de turno. Así ocurre desde 2015, cuando la vicepresidente Michetti denunció que un custodio le robó 150.000 pesos y 50.000 dólares de su domicilio, de los que nunca pudo justificar su procedencia. Sin embargo, fue sobreseída y el fiscal de primera instancia no apeló y lo mismo Germán Moldes. Un caso muy parecido pasó con la denuncia del periodista Hugo Alconada Mon, quien señaló que Gustavo Arribas, el jefe de la AFI, recibió unas transferencias de Odebrecht por 600.000 dólares y que el escribano Arribas lo negó y dijo que fue una sola por 75.000 dólares y por venta de bienes muebles a un ciudadano brasileño y por una transferencia de Leonardo Meirelles, un cambista de Odebrecht. Pues bien, el juez Canicoba Corral lo sobreseyó pero el fiscal Federico Delgado y Sergio Rodríguez apelaron, pero la sentencia quedó firme y Arribas los denunció a los fiscales y el juez Bonadío los procesó a Delgado y Rodríguez, en una actitud insólita y descalificante para quedar bien con Arribas. Lo mismo pasó con Martínez de Giorgi y Calcaterra con el soterramiento del Sarmiento, porque los jueces argentinos quieren juzgar dos veces por el mismo delito: soborno a los arrepentidos de Odebrecht. Está claro que Comodoro Py hace lo que le dice el gobierno porque, si aceptara la declaración de los arrepentidos brasileños, Arribas y Calcaterra estarían en el horno. Algo similar pasa con el juez Ariel Lijo, quien estaba en la picota cuando echaron al juez Freiler por una sociedad de éste con Freddy Lijo, hermano del juez federal, y como compensación tiene cajoneada la causa del Correo, donde está imputado el presidente y toda la familia Macri.

La última novedad fue cuando la fiscal Paloma Ochoa imputó a Laura Alonso por encubrir al presidente por la causa del Correo por una denuncia del Frente Renovador pero la fiscal fue apartada a las 48 hs. porque la causa la tiene el juez Lijo, el lavado por Angelici, y el fiscal es Pollicita, por lo cual es una causa con destino al cajón.

Con los cambios en el Consejo de la Magistratura producidos el viernes pasado, al gobierno se le hace difícil correr fiscales y cajonear causas. En conclusión, los juicios contra funcionarios K seguirán como hasta ahora pero los sobreseimientos express en favor de funcionarios macristas se harán más complicados.

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