Por Guillermo Tiscornia.-

Temor fundado de los jueces al poder político.

  1. El señor Fiscal Federal acreditado ante la Cámara Federal porteña -doctor Germán Moldes- refirió que los jueces federales profesan un temor respecto de las variadas metodologías aplicadas por el poder político cuando las decisiones de los magistrados no se ajustan al sentido o a los designios de la comarca presidencial.
  2. No le falta razón al doctor Moldes; por caso el honorable ex juez del Tribunal Federal Casacional -Doctor Alfredo Bisordi- fue arrasado por esta misma gestión de gobierno en el transcurso del año 2006 y empujado a su jubilación luego de haber sido sometido a un virtual linchamiento popular orquestado en especial por el doctor Aníbal Fernández.
  3. El ex juez federal de Mendoza -Doctor Luis Leiva- fue virulentamente eyectado de su cargo judicial en 2002 cuanto tuvo la mala ocurrencia de afectar con sus investigaciones los intereses del empresario Raúl Moneta ligado a los factores del poder político por entonces de turno.
  4. Sucedieron entonces dos cosas, todas las investigaciones en trámite ante la justicia federal mendocina relacionadas con las actividades de Moneta fueron transferidas, por orden de la Corte Federal, a la justicia federal porteña, y allí comenzaron a solucionarse los problemas del señor Moneta; y lo otro que ocurrió fue que el juez Leiva fue despojado de su cargo judicial bajo al eufemística fórmula de “mal desempeño”, dentro de un contexto de colosales falsedades calculadamente orquestadas y negociadas en ese verdadero esperpento institucional denominado Consejo de la Magistratura (ídem Jurado de Enjuiciamiento de los Magistrados).
  5. Y aun cuando nunca es auspiciosa la autoreferencia, en el transcurso del año 2007 el entonces titular de la Aduana Nacional -doctor Ricardo Echegaray- denunciaba una maniobra de subfacturación urdida por la emblemática Dirección de Fabricaciones Militares en ocasión de una exportación, a precio vil, de rezagos de fusiles FAL y FAP a Farmington -Connectituc- EEUU- la que había sido avalada -en el valor declarado en la exportación- por la entonces titular de la cartera de Defensa del gobierno federal -doctora Nilda Garré-.
  6. Fue así entonces que luego de una prolija pesquisa llevada a cabo por la Fiscal en lo Penal Económico -doctora Carolina Robiglio- quien suscribe la presente tuvo una mala ocurrencia: imputar formalmente a la doctora Garré de contrabando agravado y convocarla a rendir declaración indagatoria.
  7. Al igual que en el caso del ex juez federa l mendocino -doctor Luis Leiva- fui rápidamente suspendido en mis funciones judiciales bajo idéntica fórmula eufemística: mal desempeño; el juez subrogante que me sucedió rápidamente suspendió dicha convocatoria respecto de la doctora Garré.
  8. En el mientras tanto quien suscribe participaba de un concurso público (168) ante la Comisión de Selección del Consejo de la Magistratura (¿o Magistraburra?) convocado para cubrir dos vacantes ante el Tribunal Oral en lo Penal Económico N° 3; fue así que concluida la prueba de oposición de antecedentes obtuve una calificación de ochenta (80) puntos sobre cien posibles habiendo quedado ubicado tercero en la terna provisoria.
  9. Pero al igual que en el caso del doctor Leiva, fui arrasado por el Jurado de Enjuiciamiento bajo los cargos de “ineptitud para el ejercicio del cargo” y de “desafiar la autoridad de la Cámara de Apelaciones del Fuero en lo Penal Económico”, Tribunal de Alzada que dicho sea de paso guarda mayor semejanza con una devaluada administración de consorcio judicial más que a un genuino Tribunal de Justicia.
  10. Y no escapa al análisis el caso de la ex jueza del Trabajo doctora Mirta Torres Nieto cuya estabilidad fue calculadamente negociada por la representación multisectorial del esperpento institucional denominado “Consejo de la Magistratura”, dándose cauce a una feroz interna judicial desatada en el mismo Fuero del Trabajo.
  11. Resulta correcta, entonces, la definición del señor fiscal federal doctor Germán Moldes; los jueces federales deben tener fundados motivos para profesar temor ante el poder político.
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