María Eugenia Vidal denunció “complicidad” en la triple fuga, pero después designó a los dos funcionarios, César Albarracín y Florencia Piermarini, que están bajo sospecha sobre esta “complicidad”.

Aunque fueron desplazados de sus cargos, los dos funcionarios que estaban al mando del cuestionado Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB), tanto Florencia Piermarini, titular del organismo que controlaba a más de 35.000 presos en la provincia, como su superior César Albarracín fueron designados en puestos clave de la justicia bonaerense por la gobernadora.

Primero, María Eugenia Vidal denunció “complicidad” en la triple fuga, pero después designó a los dos funcionarios que están bajo sospecha sobre está “complicidad”. ¿Una devolución de favores?

Piermarini fue nombrada como relatora en la Cámara de Casación Penal bonaerense. La designación de la ex jefa del SPB, que tenía bajo su custodia a los hermanos Martín y Cristian Lanatta y Víctor Schillaci, fue impulsado por el juez Daniel Carral, integrante de la agrupación Justicia Legítima.

Por su parte, Albarracín estaría a un paso de asumir como fiscal adjunto ante la Cámara de Casación Penal bonaerense. Un puesto clave debido a que es el tercero en la escala de mando entre todos los fiscales de la provincia. Sólo están por encima suyo la procuradora María del Carmen Falbo y el fiscal ante la Cámara de Casación, Carlos Altuve.

Causó conmoción en la justicia bonaerense la designación de la cuestionada Piermarini en un tribunal que, entre otras funciones, debe controlar el cumplimiento de las condiciones humanitarias de detención en las cárceles del SPB, un organismo que, hasta la fuga de los tres condenados, dependía de la criticada funcionaria.

Por otro lado, para que Albarracín asuma como fiscal ante la Cámara de Casación sólo falta que Falbo, quien impulsó su nombramiento, le tome juramento, un hecho que hasta ahora no se concretó por las denuncias presentadas por diversas organizaciones defensoras de los derechos humanos. (Agencia NOVA)

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