Por Guillermo Cherashny.-

Luego de la confirmación de la condena a Amado Boudou por el caso Ciccone, el doctorismo explotó denunciando el lawfare, es decir, la acción de la Justicia y los medios de comunicación contra los gobiernos populares.

Quizás la Corte Suprema habría podido evitar esa embestida si hubiera fundamentado el fallo que condenaba a Boudou, pero no lo hizo, apegándose al artículo 280, que le permite confirmar sin opinar sobre el fallo, porque los abogados de Boudou cuestionaban el testimonio de Vandenbroele, ya que le pagaron con un hotel boutique en Mendoza. Lo mismo había pasado con el fallo de casación que validó las declaraciones de los arrepentidos, pese a que no había registros fílmicos u orales de lo que confesaron.

La carta de la vicepresidenta cuestionando al poder judicial porque no es electivo y es vitalicio -como consagra la Constitución Nacional- no parece razonable, como la marcha que propone el doctorismo para liberar en navidad a los que ellos consideran presos políticos y para ello habría que reformar la Constitución Nacional. Esta carta es un nuevo condicionamiento al presidente y su ministra de Justicia, que no pronunció palabra al respecto.

Nuestro país está ante un gran problema porque durante los períodos kirchneristas hubo mucha corrupción y gran parte de la sociedad y del sistema internacional exigen condenas a la corrupción para incrementar la inversión. Pero al mismo tiempo, las declaraciones de los arrepentidos deben tener registros técnicos y ser anulados si se compran los arrepentimientos.

En los Estados Unidos, a los arrepentidos les dan nueva identidad y un empleo común y en ningún caso les pagan con un hotel boutique, por lo cual, si no hay la transparencia necesaria, los testimonios deberían carecer de validez, porque aunque los delitos de corrupción se corroboren luego por otra prueba, lo mismo son dudosos por provenir del fruto del árbol envenenado. Cuando hablamos del doctorismo, nos referimos a los diferentes sectores que se referencian con Cristina, entre ellos La Cámpora, los senadores de su bloque, los partidos políticos minoritarios que integran el frente pero ante todo son cristinistas.

Otro punto que enfurece a Cristina es que el macrismo hasta ahora salió indemne de todas las acusaciones de corrupción que seguramente existieron, pero ahí el problema es que no se logró que aparezcan arrepentidos del macrismo que confiesen esos delitos que todos intuimos, como los peajes, los parques eólicos, el espionaje M, etc.

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