Por Carlos Tórtora.-

La Cámara Federal de Apelaciones tendrá que decidir si las causas que lleva el Juzgado Federal Número 11 del extinto Claudio Bonadío quedan por ahora en manos de su subrogante, Sebastián Casanello, o por el contrario se sortea un nuevo magistrado. En medios tribunalicios se planteaba ayer la hipótesis de que los principales procesos contra Cristina Kirchner, acumulados por Bonadío, se paralicen en forma similar a lo ocurrido con el caso Skanska. En 2006, la causa Skanska tenía a Guillermo Montenegro como juez, a Carlos Stornelli como fiscal y, dos años después, este último fue nombrado Ministro de Seguridad de Daniel Scioli en la provincia de Buenos Aires y Montenegro en la Ciudad, bajo la gestión del entonces jefe de gobierno Mauricio Macri. De esa manera, la causa de la constructora sueca quedó sin juez y sin fiscal. Recién en octubre del año pasado, a 14 años de iniciada, el juez federal Casanello elevó a juicio oral y público la causa Skanska, en la que están involucrados el ex ministro de Planificación, Julio De Vido, y el ex secretario de Obras Públicas José López, junto a otros casi 30 acusados de administración fraudulenta y cohecho. El caso Skanska pasó a ser así un símbolo de la presión política exitosa para paralizar un expediente judicial.

Es indiscutible que difícilmente Casanello -o cualquier otro magistrado de Comodoro Py- le imprima a las causas contra Cristina Kirchner el ritmo propio de Bonadío, a quien la ex presidente tildaba de ser su enemigo político. De un modo u otro, lo previsible es que sin Bonadío Cristina Kirchner se vea favorecida cuanto menos por una mayor lentitud en los procedimientos. No menos cierto es que a la ex presidenta le interesaría no sólo frenar las causas sino ser sobreseída en las mismas ya que, en caso contrario, los expedientes podrían reactivarse más adelante, cuando el kirchnerismo tal vez ya no esté en el poder.

Los camaristas definen

El fallecimiento de Bonadío se produce cuando el gobierno está ultimando los borradores de su proyecto de reforma judicial. El mismo apunta a un objetivo central que es reducir el poder de Comodoro Py, posiblemente ampliando la competencia federal a los juzgados nacionales para que las causas de peso político se distribuyan entre más de 70 jueces y no los 12 de ahora del fuero federal porteño.

Pero la realidad acaba de imponer un nuevo factor político en este juego. El manejo que hagan los camaristas federales de las causas contra CFK acaba de potenciar el poder de Comodoro Py en el escenario político.

Share