Por Carlos Tórtora.-

El gobierno cada vez encuentra más motivos de preocupación por algunos de los contenidos del fallo del Juez Federal Bonadío en el caso Irán, que hizo terminar entre rejas a Héctor Timerman y Carlos Zannini, entre otros, e incluyó el pedido de desafuero y detención de CFK.

Desde el primer momento -y no por nada- el Ministro de Justicia Oscar Garavano se apuró a discrepar con el juez aclarando que no era exacta la afirmación de éste en el fallo acerca de que los atentados contra la Embajada de Israel y la sede de la AMIA fueron actos de guerra y que habría que considerarlos sólo actos terroristas. Como se sabe, la calificación jurídica del terrorismo es un problema irresuelto, porque todavía no hay un acuerdo internacional para adoptar una definición de terrorismo, por lo cual del delito en sí no está tipificado. Ahora bien, la sentencia de Bonadío entraría en colisión con toda la jurisprudencia de primera y segunda instancia -y también con algunos fallos de la Corte Suprema de Justicia-, que condenó por crímenes de lesa humanidad a cientos de oficiales de las fuerzas armadas y de seguridad y también personal civil. Uno de los fundamentos centrales de prácticamente todos los fallos condenatorios fue negar la postura militar de que en la Argentina de los 70 hubo una guerra y considerar que el gobierno militar practicó el terrorismo de estado. La existencia de una guerra fue asimismo el argumento repetido de casi todas las defensas y ahora Bonadío lo reinstala desde el litigio con Irán. La comparación surge sola: si los atentados contra la embajada de Israel y la AMIA fueron actos de guerra, no lo serían menos el ataque del ERP a la Guarnición Militar de Azul en enero del 74, el intento de copamiento del Regimiento 29 de Infantería de Monte de Formosa en octubre del 75 por parte de Montoneros y, desde ya, el ataque al Regimiento de Infantería de La Tablada en enero del 89 por el Movimiento Todos por la Patria. Todavía menos dudas habría en cuanto a la calificación de guerra en lo que toca al intento del ERP de declarar zona liberada a una parte de la provincia de Tucumán a partir del 74.

Un fallo que tiende a caerse

En definitiva, indirectamente Bonadío está reconociendo que los militares pelearon una verdadera guerra contra la subversión. El fallo ya fue apelado por CFK y su séquito. Seguramente, después de una sentencia de Cámara, el expediente llegará a la Corte Suprema de Justicia y ésta deberá definir. Si acepta el criterio de que los atentados fueron actos de guerra, podría plantearse la revisión de muchas sentencias vigentes contra militares o la nulidad de las mismas, ya que la analogía es demasiado obvia. Si, en cambio, la Corte sigue a Garavano y señala que Bonadío se extralimitó y que sólo se trató de actos terroristas, lo que se caería es la causa por traición a la Patria, ya que el artículo 214 del Código Penal se sustenta en el servicio que se prestaría a un estado enemigo, lo cual implica que hubo un estado de guerra de facto con Irán, por lo menos en la época de los atentados.

Por otra parte, es llamativo el silencio oficial iraní sobre el fallo de Bonadío, como si el régimen de Teherán esperara que la Cámara de Apelaciones eche por tierra lo firmado por aquél.

Volviendo a la cuestión militar, seguramente se objetará que organizaciones armadas como Montoneros o el ERP no podría considerarse que estuvieron en guerra contra el estado nacional por cuanto las guerras exigen que los bandos sean estados. Un argumento que tiene muchas excepciones, como las guerras civiles y de liberación, en las cuales uno de los bandos no es aún un estado. Por otra parte, sobre la cooperación de Cuba y diversos países de la Europa entonces comunista con el ERP y Montoneros sobran las pruebas que la demuestran. Para no hablar del rol decisivo en materia de entrenamiento y refugio que prestaron varios grupos terroristas del Medio Oriente.

De un modo u otro, lo cierto es que la brecha abierta por Bonadío sólo podría cerrarse si, vía los recursos de apelación, en segunda instancia y luego en la Corte Suprema se desmoronan los pilares de esta sentencia, posiblemente la más ruidosa de los últimos años.

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