Por Carlos Tórtora.-

Después del fallo de la Corte Suprema de Justicia que le puso limite al tarifazo aplicado por el gobierno, en la intimidad de la Casa Rosada estalló una tormenta que se venía insinuando: el fracaso o más bien la inexistencia de una política judicial del gobierno. Un hecho detonante es que Ricardo Lorenzetti, considerado altamente inconfiable por Mauricio Macri, había accedido a un firmar un fallo que se inclinaba bastante a favor del mantenimiento de los aumentos dispuestos. Esto hasta que el flamante miembro de la Corte, Horacio Rosatti, tomó la palabra para invocar que las nuevas tarifas eran una confiscación indisimulada y que, si se dejaban las cosas así, se producirían protestas sociales masivas con consecuencias imprevisibles. En el propio entorno presidencial se preguntan ahora cómo es posible que un juez impulsado por este gobierno asuma la posición más dura contra el mismo mientras que otro juez, que asumió con un gobierno anterior, prefería la moderación. En suma, alrededor del presidente se preguntan para qué éste bregó para que se aprobaran los pliegos de Rosenkrantz y Rosatti, cuando todo indica que ninguno de los dos está dispuesto a acompañar al gobierno si las medidas de éste no coinciden con sus criterios individuales. Como están las cosas, el macrismo sería prácticamente el único gobierno en la historia que completa la integración de la Corte con gente que ni remotamente controla. La buena relación de Rosatti con Elisa Carrió no explica mucho de lo que está pasando y el favorecido por esta extraña situación sería Lorenzetti, que tiene mandato como presidente del tribunal hasta el 2018 y dejó de ser un duro para pasar al rol de moderado.

Ahora, las preocupaciones en el PRO van en aumento, sobre todo porque llegan rumores de que Rosatti y Juan Carlos Maqueda, ambos de prosapia peronista podrían entenderse fácilmente y que Elena Highton de Nolasco no estaría muy lejos de estas charlas. En cuanto a Rosenkrantz, todos lo ven como un técnico muy difícil de influir políticamente.

Los riesgos tienden a aumentar

El desconcierto oficial en materia judicial, que incluye a un errático Ministro de Justicia Oscar Garavano alcanza también a otros campos. Con menos apoyo político que antes en el Congreso, la Procuradora General Alejandra Gils Carbó podría finalmente dar un paso al costado, aunque no está para nada confirmado. Distintos magistrados, como el camarista de casación Gustavo Hornos, le apuntan a ese cargo. Pero el dato sobresaliente es que Carrió, que amenaza permanentemente a Macri con romper CAMBIEMOS si no se cumplen sus exigencias, está lanzada a imponer su propio candidato. Se trata nada menos que del fiscal Horacio Campagnoli, que se popularizó justamente cuando el gobierno K intentó echarlo. En la justicia federal Campagnoli es considerado un “elemento incontrolable” y, con ironía, hay quienes aseguran que, si fuera Procurador, empezaría atacando al cristinismo pero inmediatamente embestiría contra el propio macrismo investigando denuncias de corrupción.

A todo esto, el presidente de Boca, Daniel Angelici, a quien Carrió estigmatizara como un siniestro operador en las sombras, no habría sufrido ningún desgaste en la actual crisis, por la sencilla razón de que no suele pisar los despachos de la Corte.

En definitiva, el macrismo acaba de asumir que empieza a pagar los costos de no tener un criterio político uniforme para tratar con los jueces. O, para decirlo de otro modo, no tiene quien se haga cargo del tema y lo resuelva, pagando un precio que empieza a resultar caro, porque los mercados se preguntan cuán creíbles pueden ser las políticas económicas de un gobierno si las mismas se pueden caer como un castillo de naipes a través de sentencias judiciales.

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