Por Guillermo Cherashny.-

Ya no quedan dudas de que, además de Eduardo Freiler y Daniel Rafecas, el Gobierno apunta sus cañones contra el juez federal Ariel Lijo, como lo señaló ayer por televisión Laura Alonso, la jefa de la Oficina Anticorrupción, aunque estas declaraciones le traigan un disgusto con su padrino político Daniel Angelici y con su marido, que fue puesto por el presidente de Boca en el directorio del Consejo de la Magistratura de CABA. Parecería que Alonso se pasó al bando de Fabián Rodríguez Simón y José Torello, el compañero de colegio del presidente y su jefe de asesores.

El magistrado fue salpicado por las declaraciones de la ex esposa de su hermano, el abogado Freddy Lijo, a quien denunció por tener una cuenta en Suiza de 1.700.000 dólares, y que estaba vinculado con el camarista Eduardo Freiler en una financiera. Pero el juez Lijo procesó a Amado Boudou cuando era vicepresidente y lo detuvo la semana pasada y además está estrechamente ligado a Daniel Angelici, ya que integra la Comisión de Seguridad de Boca Juniors junto al fiscal Carlos Stornelli. Es decir que, si Lijo y Stornelli eran cercanos a De Vido, también lo eran con Angelici, el principal operador en la justicia porteña cuando el presidente era jefe de CABA.

Esta doble lealtad es un problema para el macrismo, porque se podría demostrar que Julio de Vido, para cubrirse, les dio obras públicas a los Macri y Nicky Caputo y que todos en la Justicia estaban protegidos por Lijo y Stornelli, cosa que el círculo rojo sabe y también el huracán Carrió. Pero hoy por hoy, la diputada sólo ataca a Lijo y a Lorenzetti, pero de ninguna manera los ligará a Angelici y el PRO, porque está muy claro que el presidente por fin logró domesticar a la «fiscal de la República», por lo menos en que ya no ataca a Angelici, Calcaterra y Caputo, y sólo de vez en cuando a Franco Macri. Pero, como dijimos, en una última reunión de los jueces nucleados en la AJUFE, se decidió que después de Freiler salió la consigna: «ni uno más», es decir, que ningún juez federal más será entregado en el Consejo de la Magistratura, teniendo en cuenta que Daniel Rafecas se mudaría a un cargo menor en la Defensoría del Pueblo.

Así las cosas, la ofensiva contra el juez Lijo es un problema para el gobierno, que deberá meditar antes de iniciar una guerra en la Justicia porque, como su nombre lo indica, desatará inseguridad jurídica.

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