Por Carlos Tórtora.-

El cristinismo empezó a festejar silenciosamente en los últimos días su acumulación de poder, que le permitiría avanzar en una reforma judicial que elimine el riesgo de la ola de procesos por corrupción motorizados por la justicia federal. Así que Cristina Kirchner controla hoy la UIF, la AFI, la Oficina Anticorrupción, la Procuración General del Tesoro, la Procuración General de la Nación y la estratégica Comisión de Acuerdos del Senado. Esto además de la mayoría de miembros en el Consejo de la Magistratura. Semejante concentración implicaría un esquema de presión sobre la justicia federal difícil de resistir.

Sin embargo y sobre el final del año, distintos factores confluyen para que la ex presidente se sienta inquieta.

El juez Claudio Bonadío envió a juicio oral a la vicepresidente Cristina Kirchner, a ex funcionarios y a empresarios por la cartelización de la obra pública. Lo singular de esta causa es la confluencia de algunos de los nombres de los procesados. Los empresarios que irán a juicio son los que están acusados de pagar las coimas. Entre ellos se encuentran el primo del ex presidente Mauricio Macri, Angelo Calcaterra, Aldo Roggio, Gerardo Ferreyra, Cristóbal López, Juan Chediack, Carlos Román, José Cartellone y Carlos Wagner. Seguramente la elevación a juicio será apelada y resolverá la Cámara Federal. Pero el efecto político no será menor considerando que son coprocesados el primo y principal operador de Mauricio Macri, Angelo Calcaterra, y Cristina Kirchner. Esto último reflotaría el tema de la confluencia de los Kirchner y los Macri en determinados negocios y por cierto que afectaría el restablecido prestigio político de la vicepresidenta. Una incondicional de CFK, la ministra de Seguridad Sabina Frederic, mencionó que podría ordenarse una nueva pericia sobre la muerte de Alberto Nisman. La primera pericia de Gendarmería se pronunció por el homicidio como causal del deceso. La clara intención del kirchnerismo de buscar un resultado distinto para el asesinato del fiscal habría puesto en alerta a varias agencias tanto en los EEUU como en Israel. Allí se vería como grave que se pretenda reencausar como muerte dudosa la del fiscal, ocurrida a horas de su presentación en el Congreso para referirse al caso AMIA. La reacción judicial asegurando que no hay motivos para el nuevo peritaje no sería razón suficiente para detener el interés político por el tema.

Afuera también investigan

El tercer factor que compone el nuevo frente judicial que afronta la vicepresidenta, lo revela el columnista de La Nación Hugo Alconada Mon en su nota de este lunes “EEUU ratificó que avanzará con las causas de corrupción del kirchnerismo”.

La columna señala que el área del FBI a cargo de las investigaciones es la Sección de Lavado de Dinero y Recupero de Activos (Mlars, por sus siglas en inglés) a cargo de la llamada Iniciativa de Recupero de Activos de la Cleptocracia. El involucramiento de la Argentina surge a partir de las siguientes consideraciones: “Esas investigaciones abarcan algunos nombres ya conocidos en la Argentina, como el del financista Ernesto Clarens, quien se acogió al régimen del «arrepentido» en la causa de los cuadernos, que instruye el juez federal Claudio Bonadío, quien en junio de este año ordenó el decomiso de un departamento y una embarcación de Clarens en Estados Unidos.

Otro nombre que sirvió de disparador para los sabuesos del FBI es el de Daniel Muñoz, fallecido ex secretario privado de Néstor Kirchner, con inmuebles en Miami y en Nueva York. Entre ellos, dos apartamentos en el legendario Hotel Plaza, frente al Central Park de Manhattan.

Otros nombres

Tras esos nombres, otros pronto comenzaron a sumarse. Por el lado de Muñoz, el de su socio en la Argentina Gustavo Dorf, «compadre» a su vez del ex presidente de Boca y operador judicial de Mauricio Macri Daniel Angelici. Dorf tiene un puñado de acciones en la firma estadounidense Onyx Protective Group Inc., controlante a su vez de Onyx Armor, la gran proveedora de telas y chalecos antibalas en los distritos que controló Cambiemos entre 2015 y 2019. La tesis de Mon es simple: las agencias correspondientes de los EEUU sólo se interesan en investigar los casos de corrupción de los países donde la justicia local no es eficiente.

Con este panorama, parece difícil que la vicepresidenta pueda apagar sin más las causas que la afectan, porque el control de la justicia federal sólo serviría para exacerbar las reacciones externas.

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