Por Carlos Tórtora.-

La semana pasada, El juez de Garantías N° 3 de La Plata, Pablo Raele, dispuso el sobreseimiento de Daniel Scioli en la denuncia por enriquecimiento ilícito que lo involucraba, pero evitó difundir la noticia. Por el contrario, dio órdenes tajantes a sus colaboradores de que no trascendiera la resolución, y se tomó una licencia hasta este fin de semana. El sobreseimiento de Scioli se tornó irrevocable, ya que no llegó a la Cámara de Apelaciones. El fiscal a cargo de Investigaciones Complejas, Jorge Paolini, que meses atrás afrontó amenazas vinculadas a otro expediente sensible sobre funcionarios platenses, decidió no apelar la decisión del juez.

Este escandaloso cierre de la causa sin investigación alguna superó en mucho el polémico sobreseimiento de Norberto Oyarbide al matrimonio Kirchner en diciembre del 2009.

Ahora, lo que le da un perfil mucho más grave al caso de Scioli es que el fiscal Paolini es sobrino del ministro de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, Ricardo Casal.

El Oyarbide bonaerense

El reconocido Juez en lo Contencioso Administrativo de La Plata, Luis Arias, definió a mediados del 2014 que existe “un embudo en la Fiscalía de Delitos Complejos donde mueren las causas” y acusó a Paolini de “no promover ninguna investigación”.

Fue una de las pocas figuras públicas que aseguró en “on” lo que cuando se apagan los grabadores es moneda corriente en los principales despachos judiciales de la ciudad. Por pragmático y “garantista del poder provincial”, Paolini es mencionado por estas hora como “el Oyarbide de la Provincia”.

El padre del fiscal es funcionario en la Suprema Corte bonaerense. Los hermanos trabajan en Casación bonaerense; un claro ejemplo de la denominada “familia judicial”. En los pasillos del fuero penal platense se conoce a esa fiscalía como de “sobreseimientos complejos”.

Volviendo al juez Arias, éste sostuvo un enfrentamiento resonante con Paolini. La investigación por las víctimas del temporal del pasado 2 de abril del 2013 en La Plata y alrededores se vio envuelta en sospechas cuando el secretario del juez Luis Arias, Leopoldo Rivas, se dirigió al cementerio local a constatar información relacionada con diversas defunciones y el fiscal Jorge Paolini arribó con la policía para secuestrar documentación.

El fiscal investigaba presuntos delitos cometidos tras la inundación y busca detectar la posible falsificación de certificados de defunción, así como las responsabilidades de los funcionarios públicos por las obras públicas que pudieron haber evitado la tragedia.

Consultado, el juez Arias explicó que “encontramos lápidas en el cementerio local con nombres de niños sepultados en ese lugar y que fallecieron en la proximidad de la fecha de la inundación, pero cuando cruzamos esos datos con los que están consignados en el Registro de las Personas no tenemos coincidencias”.

“Estas personas no figuran como muertos en el Registro de las Personas, pese a que estaban sepultados en el cementerio con sus nombres y la fecha de deceso. Por eso fuimos al cementerio a constatar datos y exigir la documentación correspondiente que acredite qué había sucedido”, precisó.

Sin embargo, la acción ordenada por el juez en lo contencioso administrativo no llegó a concretarse porque Paolini secuestró antes la documentación con un grupo de policías de la Bonaerense.

“Resulta sumamente alarmante que hayan ido en el mismo día y horario que nuestro secretario. Esto es lo preocupante de la situación, porque de algún modo frustraron la prueba que nosotros requeríamos, y se hizo con la misma policía que está sospechada de haber ocultado las víctimas del temporal”, disparó Arias.

En cuanto al accionar de Paolini, el juez explicó que “él tendría que haber esperado que nosotros terminemos nuestra diligencia para proceder, pero llevarse la documentación nos quitó la posibilidad de acceder a los datos que estábamos buscando”.

En síntesis, Paolini “investigó” casos de corrupción que se inscribieron en la órbita provincial sin mayores resultados, tales como la denuncia por empleados ñoquis en el Astillero Río Santiago -se habló de más de 300 agentes con sueldos exorbitantes-, el presunto fraude contra el Estado por parte de funcionarios de segunda líneas de IOMA -detenidos y liberados en tiempo récord- y por desmanejos económicos en el Instituto Provincial de Loterías y Casinos. Los aceitados vínculos políticos explican el crecimiento exponencial del joven fiscal, señalado como “un garantista del poder”.

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